El proyecto de ley de Aporte Solidario y Extraordinario de grandes fortunas, que busca recaudar $300 mil millones para volcar a planes productivos y sanitarios en el marco de la pandemia de coronavirus, obtuvo este martes dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado y está listo para ser debatido en sesión.

La iniciativa fue apoyada por los integrantes del oficialista Frente de Todos, en tanto que los del interbloque de Juntos por el Cambio anunciaron que votarán en contra cuando el proyecto llegue al recinto.

El próximo lunes terminan las sesiones ordinarias, por lo tanto, el expediente podría ser debatido en sesiones extraordinarias si es que el Poder Ejecutivo lo incluye en el temario que enviaría al Congreso a partir de la semana que viene.

La iniciativa, que la semana pasada fue aprobada en la Cámara de Diputados, fue dictaminada luego de la breve intervención a través de videoconferencia que mantuvo la titular de AFIP, Mercedes Marco del Pont, con los senadores.

La funcionaria remarcó que “los recursos que se obtengan van a ser aplicados a destinos específicos para ampliar la capacidad del Estado nacional para seguir desenvolviendo políticas activas”.

“Este proyecto grava a los empresarios, no a las empresas”, sostuvo Marcó del Pont y destacó que “la base imponible de este aporte extraordinario a los ricos es muy superior al Impuesto a los Bienes Personales”.

También señaló que “no es cierto que productores rurales deberán vender sus campos para hacer frente a este aporte” y afirmó que “en excedentes líquidos tienen 25 veces más del aporte que tienen que realizar”.

Por otro lado, afirmó que "la decisión de este gobierno es tratar de que la riqueza que se dolarizó y salió de la Argentina vuelva, por eso el impuesto es más gravoso que quienes tienen su riqueza localizada en el país”.

Marcó del Pont dijo que el nuevo aporte alcanzará a 11.865 personas y reconoció que “es más de lo que habíamos estimado hace un par de meses”, publicó Télam.

Finalmente, la titular de AFIP aseguró que “no existe evidencia empírica” que indique que “las políticas neoliberales de reducción de impuestos sirven para promover la inversión”.

La intervención de Marcó del Pont no fue acompañada por preguntas de los senadores, ya que la funcionaria se desconectó por cuestiones de tiempo y tras haber sido citada a último momento.

No obstante, desde Juntos por el Cambio el radical Julio Cobos aseguró que se trata de una “doble imposición” porque “es un impuesto igual al de Bienes Personales” y remarcó que “no es coparticipable porque tiene asignación específica”.

“La emergencia fiscal que tienen las provincias no va a ser sustentada por este impuesto. No es el camino adecuado. Y estimo que estará lleno de impugnaciones”, indicó.

La opositora tucumana Silvia Elías de Pérez reiteró que “esto va a generar una judicialización porque se trata del mismo sujeto obligado y del mismo hecho imponible”.

Por el contrario, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el peronista cordobés Carlos Caserio habló de una “distribución federal no coparticipable”.

“Es una meta política. Vamos a beneficiar a las pymes de todo el país”, resaltó.

En tanto, el oficialista bonaerense Jorge Taiana advirtió sobre la necesidad de “realizar una reforma tributaria completa y compleja”.

Asimismo, defendió el proyecto al argumentar que "no tiene que ver con empresas, sino con el patrimonio de algunas personas que son enormemente ricas".

"Por una vez, que los súper ricos pongan una contribución mínima para lo que son sus bienes para ayudar a salir de esta enorme crisis”, sentenció Taiana.

La iniciativa que establece la creación de un aporte solidario y extraordinario para los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos busca recaudar $300 mil millones para volcar a planes productivos y sanitarios.

El proyecto alcanzaría a menos de 10 mil personas, según la AFIP, es decir 0,8% del total de los contribuyentes que presentaron declaración jurada de bienes personales.

La recaudación se destinará a comprar equipamiento de salud para atender la pandemia, apoyar a las PyMEs con subsidios y créditos, urbanizar los barrios populares con obras que empleen a las/os vecinas/os de cada barrio, hacer obras y equipar a YPF para producir y envasar gas natural y financiar un relanzamiento del plan Progresar para que las/os jóvenes puedan seguir estudiando.

La iniciativa prevé el cobro de 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley más de 200 millones de pesos.

Esa tasa se elevará al 2,25% en casos de bienes por entre 300 y 400 millones de pesos, al 2,50% entre 400 y 600 millones y al 2,75% cuando sea de 600 a 800 millones.

La tasa subirá al 3% cuando los patrimonios oscilen entre 800 millones y 1.500 millones; al 3,25% para el rango de 1.500 a 3.000 millones de pesos, y a partir de esa cifra será del 3,5%.

El proyecto fija también que por el total de bienes en el exterior se tributará un recargo del 50% sobre la alícuota que le correspondería. No obstante, si la persona opta por retornar al país el 30% de sus tenencias financieras en el exterior, el diferencial se elimina y paga por todo, como si lo tuvieran en la Argentina.