A través de un documento, el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal se refirieron a la apertura del jury contra la procuradora adjunta de Entre Ríos. En ese sentido, el Consejo manifestó “su más profunda preocupación por la situación generada en la Provincia de Entre Ríos a partir de la denuncia incoada contra el Procurador General Dr. Jorge García y la Sra. Fiscal Adjunta Dra, Cecilia Goyeneche con la evidente pretensión de lograr obstaculizar la investigación de hechos gravísimos de corrupción generados en ámbitos del poder político provincial”.

“La apertura del proceso de Enjuiciamiento a la Señora Fiscal a partir de la invocación de una supuesta amistad y sociedad entre ella y uno de los acusados en tal investigación, no se erige en motivo legítimo de apartamiento de la magistrada, cuando ella ha desmentido las acusaciones y explicado claramente las circunstancias”, señalaron.

En ese orden, advirtieron: “El avieso propósito que encierra la denuncia, deja expuesta una situación de fragilidad institucional que, por lo grave, coloca en un escenario de riesgo al Ministerio Público Fiscal todo”.

“Sin intentar un análisis circunstanciado de los términos de la denuncia y las respectivas contestaciones, no se debe perder de vista el principio estructural que alude a la necesidad de interpretar restrictivamente las causales de apartamiento de los magistrados”, acotaron luego.

Y marcaron: “Sin perjuicio de lo señalado, no podemos obviar que la conducta procesal de la Sra. Fiscal en la causa de mención ha estado sistemáticamente encaminada de manera persecutoria y ha impactado en detrimento de la persona con quien se aduce posee una “sociedad” y mantiene una relación de amistad con su marido, al extremo de haber sido ella quien solicitara el allanamiento del estudio contable del mismo, generando de este modo la base de la acusación contra aquel”.

Seguidamente, observaron: “Llama la atención que quienes se dicen “perseguir” actos de corrupción y que deberían tener comunidad de intereses con quienes claramente han evidenciado una actitud persecutoria e investigativa importante en aras del descubrimiento de uno de los hechos de corrupción más importantes de la historia de la provincia- desfalco de más de U$S 50.000.000 (CINCUENTA MILLONES DE DÓLARES) y que vincula funcionalmente a un exgobernador y actual Embajador-, sea quienes, por el contrario, denuncian a los Titulares de la acción penal y pretenden con ello nulificar el proceso”.

“Poner en tela de juicio la integridad ética y moral de magistrados que, con esfuerzo y no pocos problemas, están tras el descubrimiento de semejante maniobra defraudatoria contra el Estado Provincial, exponiendo al Ministerio Público Fiscal y a sus miembros, sin motivos REALES y COMPROBABLES, deja expuesta una situación de gravedad institucional que amerita una inmediata convocatoria a todos los Procuradores y Fiscales Generales de todo el país a constituirse en la Provincia de Entre Ríos y fijar públicamente su postura”, siguieron diciendo, en la segunda oportunidad en que se refieren a la situación del MPF entrerriano.

Y cerraron: “Sin perjuicio de ello, pondremos en conocimiento a distintas Asociaciones y organismos internacionales sobre la situación generada en dicha Provincia”.

El texto lleva las firmas del Presidente del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores, Asesores Grales. de la República Argentina, Alejandro Gullé, y del presidente del Consejo Federal de Política Criminal, Jorge Crespo.