De acuerdo a la prueba documental aportada a la Investigación Penal Preparatoria (IPP), el contingente de cazadores mexicanos, del que formaba parte Canales Najjar, salió de excursión sin permiso de caza mayor, ya que contaban con autorización para caza menor. Además, el informe girado por el actual director General de Fiscalización, Juan Mansur –que se hizo cargo de esta oficina poco después que estalló este escándalo–, especifica que “en relación al establecimiento rural Punta Caballo, consultado con el área pertinente de esta Dirección General de Fiscalización, se informa que el único antecedente obrante en este organismo es el Expediente Nº 914423/08, por medio del cual se tramitó solicitud de licencia de Coto de Caza y Turismo Aventura la firma ‘Lamontar SA’, declarando el establecimiento ‘Punta Caballo’ para el ejercicio de dicha actividad renovando habilitación para el año 2014, otorgada mediante Resolución Nº 720/14 DGFA, no obrando ninguna habilitación para los años posteriores al día de la fecha”.

En octubre del año pasado, la ONG Conciencia Animal Entre Ríos y la Asociación Civil Ecoguay presentaron una denuncia penal en los tribunales de Gualeguaychú a raíz del caso del turista extranjero fallecido en un campo del Sur entrerriano. Mario Alberto Canales Najjar era un ciudadano oriundo de México experto en caza, y había llegado a la provincia junto a otros tres colegas a practicar disparos sobre animales de gran porte. Para esto contrataron a la empresa de turismo aventura JRF Agro SRL, que les tramitó los permisos en el puesto que la Dirección de Fiscalización entrerriana posee en el paso de Brazo Largo. Pero tal como informó el portal Era Verde, estas autorizaciones fueron otorgadas para la caza menor. Asimismo, el lugar donde se esparcían no contaba con habilitación como coto de caza, según se acreditó en el expediente. Estas son algunas de las irregularidades que se tratan de dilucidar del luctuoso suceso producido luego que un búfalo embistiera al cazador mexicano.

El Juzgado de Garantías Nº 2 de Gualeguaychú, a cargo de Ignacio Boris Nicolás Telenta, admitió finalmente la querella presentada para averiguar qué sucedió alrededor de la muerte de este turista-cazador mexicano mientras intentaba dar muerte a un ejemplar exótico de búfalo en el establecimiento rural denominado Punta Caballo de Gualeguaychú.

Conciencia Animal Entre Ríos y Ecoguay quieren saber si existen “responsables de los delitos de caza de animales sin poseer habilitación administrativa suficiente, actos de maltrato y crueldad animal, e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en el episodio que adquirió trascendencia pública cuando se conoció la muerte traumática de Mario Alberto Canales Najjar ocurrida por las heridas producidas al ser topeteado por el espécimen salvaje cuando se lo intentaba abatir en el mediodía del 7 de octubre de 2022.

Las entidades apuntan a averiguar detalles y en qué condiciones legales se encontraba en Entre Ríos la delegación de extranjeros de la cual formaba parte el fallecido. También pretenden dilucidar qué participación tienen en el hecho los dueños del campo y la empresa de turismo aventura JRF Agro SRL que les prestó el servicio de “turismo aventura”.

El informe girado por el actual director General de Fiscalización, Juan Mansur –que se hizo cargo de esta oficina poco después que estalló este escándalo–, especifica que “en relación al establecimiento rural ‘Punta Caballo’, consultado con el área pertinente de esta Dirección General de Fiscalización, se informa que el único antecedente obrante en este organismo es el Expediente Nº 914423/08, por medio del cual se tramitó solicitud de licencia de Coto de Caza y Turismo Aventura la firma ‘Lamontar SA’, declarando el establecimiento ‘Punta Caballo’ para el ejercicio de dicha actividad renovando habilitación para el año 2014, otorgada mediante Resolución Nº 720/14 DGFA, no obrando ninguna habilitación para los años posteriores al día de la fecha”, que fue girado el escrito a la fiscal Cedres, el 25 de octubre pasado.

En el mismo informe de Mansur, oficialmente se da cuenta que tanto Canales Najjar, como Franco Marcelo Fernández y Esteban Larragain González tenían “permisos transitorios para realizar la actividad de Turismo Aventura (caza menor) para los días 6/10/2022 al 10/10/2022”, publicó el portal Era Verde.

Llamativamente el escrito del director de Fiscalización no da cuenta del cuarto mexicano, Jorge López Ventura, quien también integraba el grupo de cazadores que llegó a Gualeguaychú en plan de fin de semana largo para intentar llevarse algún trofeo dando muerte a un búfalo de agua. A un quinto mexicano, Manuel H. Meroneo Gómez, JRF Agro SRL le pagó los 4.400 pesos de costo que tenía cada permiso, y su nombre figura en los recibos, pero según trascendió desistió del viaje por causas que se desconocen.

“Esto quedó acreditado en el expediente judicial”, afirmó una fuente con acceso al caso sobre la irregularidad de los permisos de caza. En cuanto al avance de las investigaciones se estima que con el comienzo del año judicial se empiece a tramitar los demás oficios para averiguar los otros tipos de autorizaciones que debía contar la delegación de turistas, la empresa contratista y el predio donde se alojaron. Entre estos papeles se encuentra las credenciales de legítimos usuarios de armas que emite la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC, ex RENAR), tanto para cazadores como empresa de servicios que ofrece el tour, la autorización para contar con un arsenal de armas y municiones del predio, así como los datos de los controles y tareas de fiscalización que se realiza al respecto.