Por lo bajo, sin que nada lo hiciera visible, y mientras caían en picada los homicidios por ajustes de cuentas entre bandas de vendedores minoristas de drogas Rosario se transformó en un nodo logístico y estratégico del narcotráfico transnacional.
A las condiciones geográficas favorables, como la omnipresencia de la Hidrovía Paraná-Paraguay, que tiene salida al océano Atlántico, se sumaron características que tienen que ver con la historia criminal de Rosario y otros atributos, como contar con un sistema financiero “paralelo” fuerte y mecanismos aceitados para lavar el dinero.
A diferencia de las bandas de narcomenudeo, como Los Monos y Esteban Alvarado, entre otros, estas organizaciones no se hicieron visibles por la violencia ni por los crímenes que ensangrentaron a Rosario durante más de una década y media, sino por los negocios. Es mucho más fácil para los investigadores detectar paredes agujereadas y vainas en el piso que desentrañar el movimiento del dinero a gran escala, con una compleja paleta que incluye criptomonedas, billeteras virtuales o transacciones en el exterior.
La ubicación geográfica de Rosario es un punto clave de la Hidrovía, con más de 30 puertos privados diseminados en una extensión de 80 kilómetros. Desde hace un tiempo empiezan a aparecer estructuras locales del crimen organizado con capacidad de articulación internacional, carteles brasileños con presencia operativa y redes colombianas de lavado de activos.
Lo que durante años fue presentado como violencia entre bandas locales que disputaban territorios hoy se revela como algo mucho más complejo: la transformación de organizaciones criminales rosarinas en eslabones fundamentales de cadenas de tráfico que conectan Bolivia, Paraguay, la Argentina y Brasil, y que utilizan los puertos santafesinos como plataformas de exportación hacia mercados europeos, asiáticos y africanos.
Los casos de Fabián Pelozo, Jorge Granier, el brasileño Gilberto Aparecido Dos Santos, alias Fuminho, jefe de PCC, y Brian Bilbao no son episodios aislados: son manifestaciones de un fenómeno sistémico que empieza a mostrar la redefinición de la criminalidad organizada en la región, según coinciden varias fuentes consultadas por La Nación en la Justicia federal y en el Ministerio de Seguridad Nacional.
Ante este nuevo escenario, hace dos semanas la ministra Patricia Bullrich lanzó el llamado “Plan Paraná”, una estrategia destinada a reforzar el control y la seguridad en la Hidrovía, uno de los corredores fluviales más extensos y estratégicos y oscuros de la región, en el que la Argentina comparte controles y jurisdicción con Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil.
En el Ministerio de Seguridad Nacional advierten que la extensión geográfica, la densidad de puertos públicos y privados y las limitaciones tecnológicas de los controles tradicionales fueron aprovechadas por redes delictivas para desplegar operaciones ilícitas a gran escala. El programa preventivo contempla la utilización de tecnologías avanzadas, como radares, drones, cámaras térmicas, escáneres de contenedores y sistemas de monitoreo en tiempo real, así como la consolidación de un esquema de cooperación interagencial tanto a nivel nacional como internacional.
El problema creciente en la zona es la llegada cada vez más grande de avionetas cargadas con cocaína que vuelan desde Bolivia y Paraguay. En la madrugada del 12 de noviembre pasado el radar que está en Tostado detectó al mismo tiempo tres avionetas que no tenían registro y que −se confirmó más tarde− estaban cargadas de cocaína. Una se estrelló en Arequito y otras dos aterrizaron con casi 1000 kilos de cocaína que pertenecían al narco Brian Bilbao.
La evolución de los narcos
La historia de Fabián Pelozo ilustra la primera fase de la transformación a empresario logístico. En 2015, Pelozo comandaba una estructura que operaba desde Villa Banana, en la zona sudoeste de Rosario, y controlaba puntos de venta de droga mientras ejercía dominio territorial. Pero lo que lo diferenciaba de otros jefes criminales locales era su capacidad de vinculación con proveedores internacionales.
Pelozo no se limitaba a distribuir cocaína en Rosario. Tenía contactos directos con el clan Loza –cuyos jefes estuvieron asentados en España–, con estructuras del PCC brasileño y con proveedores bolivianos que le garantizaban el abastecimiento constante de droga de alta pureza. Él había formado parte de uno de los eslabones de Alvarado y después de que el líder narco fue condenado a perpetua tomó autonomía propia.
Su organización no solo vendía en las calles rosarinas: redistribuía hacia otras provincias y, según consta en expedientes judiciales, participaba de operaciones de exportación a través de las terminales portuarias de Rosario y Campana.
Pelozo fue detenido en septiembre de 2021 tras un largo operativo que incluyó más de 70 allanamientos. En su estructura operaban al menos 50 personas con roles claramente diferenciados: logística, distribución, sicariato, lavado de dinero. Era una empresa criminal en ascenso y –como advirtieron fuentes de Procunar– con aspiraciones de transformarse en un cartel nacional.
Jorge Adalid Granier Ruiz, socio de Pelozo, quien le dio esa escala internacional, construyó una estructura que funcionaba en varios lugares. Tenía vínculos confirmados con carteles colombianos, operadores en Paraguay, conexiones logísticas en Brasil y socios argentinos que le garantizaban el uso de empresas legales para lavar dinero. Oriundo de Bolivia, Granier fue identificado como uno de los principales articuladores entre proveedores sudamericanos de cocaína y compradores europeos.
Fue detenido en marzo de 2023 en Jaguarí, Rio Grande do Sul, pero las investigaciones judiciales revelaron que su red había logrado exportar más de dos toneladas de cocaína en menos de tres años. El caso Granier demostró que Rosario ya no era solo un mercado de consumo interno o un punto de redistribución regional: era una plataforma de exportación hacia el mundo.
Brian Bilbao representa el modelo más sofisticado de narcotráfico rosarino. Este empresario narco había montado una infraestructura aérea propia. Entre 2020 y 2023 Bilbao consolidó una organización capaz de transportar cientos de kilos de cocaína por mes desde Bolivia y Paraguay hacia la Argentina utilizando avionetas propias, pistas de aterrizaje clandestinas en campos privados y pilotos profesionales contratados específicamente para esa tarea.
Su estructura operaba desde aeródromos en un country −Campo Timbó−, en Oliveros y en un campo en Carrizales, donde las avionetas aterrizaban cargadas de cocaína dos veces por semana.
Bilbao no era violento. No participaba de balaceras ni disputaba territorios en las calles de Rosario con Los Monos o con otras bandas violentas. Su negocio era logístico: traer la droga, almacenarla en galpones de empresas legales que él mismo controlaba, y distribuirla hacia Buenos Aires, Córdoba y otras provincias, pero fundamentalmente embarcarla al exterior. La sospecha entre los investigadores es que Bilbao cobraba sus servicios con cocaína, algo usual en este rubro, y después la vendía a un proveedor en el conurbano bonaerense.
Lavaba dinero comprando teatros, taxis, bares y empresas de biodiésel. Cuando fue detenido su hermano Waldo, en septiembre de 2025, la policía encontró en su departamento un escondite construido dentro del baño, con escalera metálica y sistema de fuga similar al que usaba el Chapo Guzmán. Brian Bilbao fue capturado el 12 de noviembre pasado, con una avioneta que aterrizaba con 400 kilos de cocaína. Dos años de clandestinidad terminaron en un campo bonaerense, en el mismo escenario donde había construido su imperio.
Una semana después de la detención de Bilbao fue aprehendido Pablo Stradioto, un abogado ligado a la organización, que se encargaba, según las fuentes judiciales, de la arquitectura empresarial para lavar el dinero. Stradioto vivía en el barrio de Fisherton y jugaba al fútbol en el exclusivo torneo del Jockey Club de Rosario.
El contrabando de cocaína desde los puertos de Rosario y San Lorenzo es el denominador común de todas estas estructuras. Los puertos santafesinos son fundamentales en la geografía del narcotráfico sudamericano por tres razones: su ubicación estratégica en la Hidrovía, el volumen que manejan diariamente y la debilidad de los controles aduaneros. Ese flujo comercial legítimo es la cobertura perfecta para el tráfico de cocaína. Las organizaciones narco utilizan empresas exportadoras reales, contratan despachantes de aduana con experiencia, y camuflan la droga en contenedores que transportan productos legales: soja, maíz, arroz, como ocurrió con los 1500 kilos de cocaína secuestrada en Empalme Graneros, en 2022.
El caso Narcoarroz de 2015 es el ejemplo claro de esa sofisticación. Una estructura colombiano-argentina liderada por los hermanos Erman y Williams Triana Peña logró construir una red que conectaba el Cartel del Norte del Valle colombiano con operadores rosarinos y empresarios locales dispuestos a facilitar la infraestructura logística.
El plan era exportar 40 toneladas de arroz impregnadas con cocaína de máxima pureza con destino a Guinea-Bissau, aparentemente bajo el programa humanitario de Naciones Unidas Hambre Cero. La droga iba a ser redistribuida hacia Europa desde África. La organización operaba desde Rosario utilizando empresas legales como fachada: International Trade & Commerce, propiedad del lavador Carlos Yorelmy Duarte Díaz y del abogado argentino Guillermo Heisinger.
Duarte Díaz, asesinado en octubre de 2025 en Bogotá en un ajuste de cuentas tras presentarse como arrepentido, había establecido residencia en Rosario y operaba con total impunidad. Lavaba dinero mediante la compra de jugadores de fútbol, firmaba convenios con clubes de la Primera C argentina y llegó a intentar construir un crematorio en Villa Gobernador Gálvez con inversión de dos millones de pesos a través de la mutual Provincias Unidas.
Cuando cayó la organización en septiembre de 2015, tras un allanamiento de Gendarmería en un depósito fiscal con información de la DEA, se encontraron las cuarenta toneladas de arroz listas para ser despachadas. El Tribunal Oral Federal N°5 condenó en julio de 2020 a trece integrantes con penas de hasta diez años de prisión.
La convergencia de estructuras locales, carteles brasileños y redes colombianas en Rosario generó un ecosistema criminal que ya no puede desarticularse con operativos policiales tradicionales. Las detenciones de Pelozo, Granier, Fuminho y Bilbao fueron golpes importantes, pero no terminaron con el problema. Porque lo que cambió no fueron solo las personas, sino el modelo.
(Fuente: La Nación)
