El vicepresidente de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Ricardo García, se refirió al contrapunto con la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) por el acuerdo prestacional y rechazó las exigencias de la entidad.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), García reiteró que OSER pagó a los médicos “un 75% más por encima de la inflación en algunos rubros”. Como ejemplo, mencionó que “hay rubros en el segundo nivel de complejidad, que es una de las actividades que realizan los médicos de la Femer, donde hubo más del 200% interanual de aumento de los recursos destinados para cubrir esa atención. En un marco donde no hay ninguna actividad ni económica, ni productiva, ni de administración, o no hay ningún índice ni en la provincia ni en el país que haya dado más del 200% interanual”.
Respecto del entredicho surgido con la entidad médica en los últimos días, afirmó que “tiene que ver con una discusión por intereses, por plata, en el marco de un proceso complejo de negociación donde una entidad gremial defiende los intereses de sus agremiados y, del otro lado, una conducción responsable de una obra social que administra fondos de 300.000 afiliados para la cobertura de los servicios de salud, que defiende los intereses de esos afiliados y la responsabilidad de la administración”.
Al respecto, advirtió: “Nosotros tenemos el canal de diálogo abierto permanentemente. Horas antes de la nota que envía la Femer a los medios –que lamentablemente nos enteramos primero por los medios de comunicación, porque es una conducta bastante habitual de esta asociación gremial- habíamos terminado de acordar con los equipos técnicos de ambas instituciones el nomenclador que tiene 2.120 prácticas, los precios, los aranceles y las cosas que incluye y excluye. Y de repente nos encontramos con esa nota”.
“Nosotros el canal de diálogo lo tenemos permanentemente abierto y si se va a tensar o no la relación, va a depender de la actitud responsable que tengan las autoridades de la Federación Médica para terminar de entender finalmente cuál es el contexto en el cual estamos llevando adelante esta negociación”.
En este contexto, el funcionario afirmó categóricamente que “no es verdad” que existan retrasos en el pago desde el año pasado. Y sobre el pedido de Femer para que los pagos de OSER no superen los 30 días, explicitó: “Nosotros tenemos 300.000 afiliados. Hubo un mes del año pasado donde se procesaron 70.000 consultas médicas, procesamos alrededor de 10.000 trámites de reintegros por mes de 2.200 médicos que tiene la Femer. El nomenclador tiene 2.120 códigos. ¿A alguien se le ocurre en la cabeza que procesar, auditar y liquidar esa magnitud, ese volumen de documentación y práctica se puede realizar a los 30 días? Como si estuviéramos vendiendo una mercancía que uno entregó en un depósito, el otro fue y la pagó. A mí me parece que acá hay un marco de exigencia que no tiene ningún tipo de razón. Además, el 100% de los prestadores de la obra social cobra a 60 días y no entiendo por qué con este gremio habría que hacer una diferencia, porque eso pondría en un pie de desigualdad al otro 99% de nuestros prestadores”.
Aclaró asimismo que “este gremio se olvida que nosotros aceptamos al libro cerrado la cantidad de médicos que ellos ponen a disposición de nuestros afiliados, cuando en realidad, con menos de la mitad de esos médicos podríamos brindar una cobertura de excelencia”.
Sobre este escenario, García aseveró que “la obra social no va a tomar decisiones bajo presión. Nosotros tenemos que tomar una decisión responsable y esto es como una casa de familia, si yo contrato un servicio cuando venga la factura la tengo que pagar y no como se hizo en la gestión anterior que demagógicamente se contrataban, se comprometían, se brindaba, se regalaba y después resulta que la obra social estaba al borde del colapso y habían generado una deuda que era mayor a toda la deuda de la obra pública de la provincia de Entre Ríos. Eso no va a volver a ocurrir nunca más. Nuestra primera obligación es administrar responsablemente fondos que no nos pertenecen, porque les pertenecen a los afiliados, para brindar servicios de salud. Y esa administración tiene que ser responsable, eficiente y sustentable”.
Amparos
Consultado por el informe periodístico de ANALISIS que reveló que, durante el 2025, 405 amparos contra OSER llegaron al Superior Tribunal de Justicia y que, de ese total, 121 fueron rechazados, García sostuvo: “No estamos tan seguros de que sean así los números. El gobernador hizo mención en su discurso de apertura del periodo de sesiones legislativas ordinarias a que el amparo tiene que ser una medida extrema, de último recurso, una vez que están agotadas todas las instancias administrativas. Y algunos sectores se han enojado con nosotros cuando decimos que en la provincia de Entre Ríos hay una industria del amparo y hay una judicialización de la salud, pero eso es insoslayable. Y las causas son multifactoriales”.
“Hemos puesto el ojo en el honorario que cobra un profesional de la abogacía, que ha sido regulado por una ley de esta Legislatura, y nos hacemos cargo de eso. Otro de los motivos tiene que ver con la falta de precisión que tienen algunos jueces con respecto a lo que significa el amparo; nosotros hemos tenido amparos desfavorables y sentencias desfavorables de afiliados que no habían iniciado un trámite administrativo. Por eso hay cosas que hay que ponerlas en contexto. Y la verdad es que los amparos no son tantos y eso responde a que el gobernador está personalmente al frente de esta situación, porque es insostenible”, aseveró.
Sobre esto, reveló que hace pocos días se reunió con “el gerente de la empresa de medicina prepaga más grande que opera en la provincia de Entre Ríos y me compartió la enorme preocupación que tienen esas prepagas con respecto a la judicialización de la salud que hay en la provincia de Entre Ríos. De hecho, también me comentó que esta prepaga en la única provincia que genera déficit es Entre Ríos. Y una de las causas tiene que ver esta modalidad que se ha implementado de utilizar el amparo como una medida de rutina. Prácticamente pareciera ser un paso administrativo más, el hacer un amparo contra las obras sociales”.
Cuestionó también que “había en la estructura del IOSPER una inercia de esperar que algunos trámites fueran exigidos por amparo y recién ahí brindar la prestación. A plata de hoy, perder un amparo significaban 200.000 pesos para un profesional de la abogacía y hoy representa siete u ocho veces más, entonces es inaceptable que las dependencias de la obra social mantengan esa inercia”.
“Es un tema complejo, pero puedo asegurar que todos los días estamos implementando nuevas medidas, estamos hablando con nuestros legisladores, estamos con el equipo de legales del Poder Ejecutivo, con todo nuestro cuerpo jurídico acá en la obra social, analizando esta situación que es inaceptable”, resumió.
Salud mental
Consultado por la cobertura de OSER en salud mental, con prestación de psicólogos y psiquiatras, el funcionario apuntó: “Tenemos algunos profesionales individuales, pero es una de las tareas que tenemos que emprender porque toda nueva prestación que la obra social implemente tiene que tener la responsabilidad económica y financiera de que se va a poder afrontar”.
“Hay un terrible déficit de profesionales de la salud mental, lo que es un problema a nivel nacional, e inclusive mundial, y al haber tan poca oferta, el costo es muy elevado. Por eso tenemos algunos profesionales contratados, ya sea psicólogos, licenciados en psicología y psiquiatras, pero es uno de los campos donde tenemos la obligación de profundizar y ampliar la cobertura durante este año”, reconoció.
En ese marco, comentó que “ayer un integrante de nuestro equipo técnico participó de la reunión del órgano consultivo de la aplicación de la ley de salud mental, donde el foco está puesto en esta situación que es endémica en nuestra provincia. Es muy preocupante, es un problema que atraviesa a todos los estamentos del Estado, y por supuesto la obra social como responsable de la cobertura de 300.000 entrerrianos tiene que estar a la altura de la circunstancia y dar esta cobertura como corresponde. Pero siempre volvemos a lo mismo y a la dureza del dato económico: toda prestación que la obra social amplíe, aumente o innove tiene que tener su respaldo económico y financiero para hacerlo de manera responsable”.
