Fernando Cañete: “Veo a la obra social OSER bastante complicada y con menos cobertura para los afiliados”

En una extensa entrevista concedida al programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9 Litoral), el ex presidente del Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos, Fernando Cañete, rompió varios meses de silencio público para referirse a la situación del sistema de cobertura médica de los empleados públicos entrerrianos. Su análisis, expuesto con datos de gestión y críticas políticas, giró en torno a tres ejes: el funcionamiento actual de la nueva estructura institucional creada por el gobierno provincial, las acusaciones que motivaron la intervención de la obra social en 2024 y -según su mirada- el impacto que las decisiones recientes están generando en los afiliados.

En el segundo programa del año (novena temporada) de “Cuestión de Fondo”, Cañete fue categórico al afirmar que observa el nuevo esquema con mucha preocupación.

“Veo a la obra social bastante complicada”, aseveró. Según su diagnóstico, en los últimos meses se modificaron prestaciones que, durante su gestión, estaban garantizadas con mayor cobertura. “Hay servicios que ya no están y otros que se han modificado. Coberturas que teníamos con determinados porcentajes hoy se han reducido”, señaló. Entre los ejemplos que mencionó se encuentran cambios en la cobertura de medicamentos y la eliminación de convenios con ópticas que antes permitían cobertura total.

El ex titular del organismo también apuntó a lo que definió como un incremento de costos para los afiliados. “Hay profesionales que están cobrando la orden de consulta a más de 25.000 pesos”, indicó, al tiempo que cuestionó la falta de controles sobre el cobro del plus médico. En esa línea, describió situaciones concretas que, según afirmó, se repiten en distintas localidades.

Uno de los casos que mencionó involucra a un afiliado oncológico. “Un compañero de Gualeguay tuvo que pagar 750.000 pesos para hacerse un estudio porque no había médico auditor que autorizara el trámite en el momento”, relató. Para Cañete, episodios como ese reflejan una pérdida de accesibilidad en el sistema. “Cada vez los compañeros están teniendo más problemas para acceder a los tratamientos”, resumió.

Otro punto de crítica fue la reorganización administrativa de delegaciones. Cañete mencionó particularmente el cierre dominical de la delegación de Puiggari, una decisión que -según explicó- afecta a quienes necesitan realizar consultas y estudios médicos. “La gente llegaba a las seis o siete de la mañana y se iba a la tarde con todos los diagnósticos resueltos”, recordó.

Las preguntas también se centraron en las acusaciones que derivaron en la intervención del organismo durante su gestión. Frente a ese punto, el ex funcionario sostuvo que las imputaciones se basaron en interpretaciones que, a su juicio, no reflejan la situación financiera real que atravesaba la obra social.

“Se habló de una deuda enorme, pero los números hay que mirarlos completos”, planteó. Según explicó, al momento de la intervención el organismo registraba un pasivo cercano a los 55.000 millones de pesos, pero contaba con créditos a cobrar por unos 33.000 millones. “Eso daba un déficit real de alrededor de 22.000 millones de pesos, equivalente a casi un mes de funcionamiento”, afirmó.

En su interpretación, el deterioro financiero posterior respondió a decisiones adoptadas tras la intervención. “No se pagaron prestaciones durante ese período y eso hizo crecer la deuda”, señaló.

Uno de los capítulos más sensibles en el programa “Cuestión de Fondo” fue el abordaje de la investigación judicial por presuntos sobreprecios en prótesis. Cañete rechazó de plano esas acusaciones. “Decir que pagamos prótesis que no se colocaron es totalmente inverosímil”, sostuvo. Explicó que el procedimiento administrativo exigía documentación médica específica. “Para pagar una prótesis colocada debía presentarse el sticker del producto y el protocolo quirúrgico. Todo eso forma parte de la historia clínica”, detalló.

El ex presidente del organismo subrayó además que, hasta el momento, ni él ni los directores que integraron su gestión han sido imputados en la causa. “Hasta hoy no hemos sido imputados en ninguna causa”, afirmó, aunque reconoció que la investigación judicial sigue abierta.

Consultado sobre las observaciones que aparecieron en el decreto de intervención -falta de transparencia, contrataciones directas o irregularidades administrativas- respondió que se trata de afirmaciones genéricas sin respaldo específico. “Para imputar algo hay que demostrarlo. Que digan cuál fue la contratación irregular, quién la hizo y en qué norma se incumplió”, desafío.

En otro tramo de la entrevista también abordó el crecimiento de los recursos de amparo contra la obra social. Según su análisis, el fenómeno tiene causas estructurales distintas a las que se registraban durante su administración. “Antes los amparos eran para ampliar prestaciones; ahora son para que se autoricen prestaciones básicas”, diferenció.

Cañete aseguró sentirse tranquilo frente a las investigaciones judiciales y afirmó que está dispuesto a presentarse ante la Justicia cuando sea convocado. “No tengo absolutamente nada que esconder”, dijo.

Hacia el final del diálogo, el ex funcionario cuestionó la gestión actual de la obra social y afirmó que, según conversaciones que mantuvo con prestadores médicos y sanatorios, existen demoras en los pagos. “En nuestra gestión se cobraba a los diez días de presentada la factura; hoy algunos están cobrando recién septiembre-octubre del año pasado”, aseguró.

Con un tono crítico pero enfocado en la defensa institucional, Cañete cerró la entrevista con una crítica directa a la actuación política del referente de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José Ángel Allende, a quien le adjudicó el 80% de las gestiones para correrlo de la presidencia del organismo y quedarse con el control de la mayor obra social de la provincia.

-Usted hace más de un año que no habla públicamente. Incluso, nos costó bastante convencerlo de que venga aquí. ¿Hace más de un año que no habla públicamente?

-Sí, sí, efectivamente.

- ¿Cómo está viendo la realidad en la Obra Social de Entre Ríos (OSER)?

-Bastante complicada, me parece. Complicada por el hecho de que hay algunos servicios que ya no están, otros se han modificado. Coberturas que teníamos nosotros con cobertura de porcentajes, han sido disminuidos. El caso de medicamentos. El caso más concreto es la eliminación que se dio de los convenios con las ópticas, que teníamos una cobertura del 100%, hoy se ha modificado. Y a su vez, también, por supuesto, entiendo yo la falta de control hacia el cobro del plus para cada uno de los afiliados. Los otros días me comentaban unos compañeros que hay profesionales que están recibiendo la orden de consulta a más de 25.000 pesos y hay profesionales que para prescribir un medicamento reciben la orden de consulta y 15.000 pesos. Es más, hay situaciones, por ejemplo, que yo no las entiendo, que es el cierre de lo que es la delegación de Puiggari, los días domingos, donde la idiosincrasia de ellos…

-Claro, son sabáticos. Por eso cierran el sábado y abren el domingo.

-Por eso digo, la idiosincrasia de muchos entrerrianos de distintos lugares, tenían por hábito presentarse el día domingo, ir a la delegación y entraban a las 6-7 de la mañana, se hacían todos los estudios, se iban a las seis de la tarde con todos los diagnósticos ya determinados por los profesionales. Al no estar la delegación hoy están teniendo muchos inconvenientes. Además, la situación de no tener médicos auditores en cada una de las delegaciones hace que los trámites los compañeros lo vean demorado uno, dos o tres días. Porque se deben presentar en la delegación, se deben dar de alta en un sistema y después tiene que venir aprobado, cuando antes eso se resolvía el mismo día por los médicos auditores.

-Y en base a su experiencia, ¿qué es lo que más le preocupa de esta situación, después de este panorama que trazó?

-Bueno, en principio que cada vez los compañeros están teniendo muchos problemas para tener accesibilidad a los tratamientos de enfermedad. ¿Por qué? Primero porque no todos tienen los recursos como para pagar el bloque que están cobrando. Me contaba un compañero de Gualeguay que se fue a hacer un estudio, tiene cáncer, y por esta situación de no contar con un médico auditor tenía que presentar el pedido del estudio y la obra social no se lo iba a hacer inmediatamente. Él l estaba en Puiggari y tuvo que abonar 750.000 pesos. El compañero, jubilado, que habitualmente lo tenía por una cuestión de buscar cualquier tipo de resolución a cualquier tipo de problemática, tuvo que disponer. Entonces, ese compañero estaba muy afligido. Y esto, de acuerdo a lo que uno recibe como información, se viene dando en todos los lugares. Además, de la cuestión de las prótesis y medicamentos.

-A usted se lo criticó mucho, entre otros puntos, por la deuda o la herencia recibida cuando se adoptó la intervención en el 2024. Se llegó a hablar de una situación caótica en el IOSPER. Le preguntamos cómo siguió ese tema y en ese punto específico.

-En realidad, me parece que esos fueron argumentos que se utilizaron para tratar de justificar, en principio, el informe que hizo la Comisión Fiscalizadora. Me llama más poderosamente la atención que quienes fueron integrantes de la Comisión Fiscalizadora hoy son funcionarios de OSER. Designados por este Gobierno y dejaron de ser integrantes de la Comisión Fiscalizadora y hoy son funcionarios de OSER. Insisto en esto, me parece que fueron argumentos que se utilizaron para tratar de justificar el tema de esta decisión. Y, a mi entender y saber, esto se descalifica a través de lo que fue el balance. Creo que la última vez que hice una nota periodística, la hice con ustedes, donde les decía que tenían un pasivo de 55.000 millones de pesos, pero tenían para cobrar 33.000 millones de pesos. Eso generaba el déficit de 22.000 millones de pesos que fue lo que nosotros dijimos durante todo el ´24. Durante todo el 2024 nosotros hablábamos y exponíamos que veíamos con gran preocupación que la devaluación de diciembre de 2023 más el descontrol y salir a comercializar dentro de lo que fue el mercado y el descontrol de precios nos venía produciendo un desequilibrio financiero muy importante. A tal punto que hablábamos a fin de diciembre d 22024 cerrar con 22.000 millones de pesos. Y el balance refleja ese número. Lo que ocurrió es que la intervención se dio el 11 de diciembre y de acuerdo a la información que uno puede manejar, no vinieron los recursos, no le pagaron a ningún prestador. Entonces, ahí fue donde se transformó en esa deuda que dicen de más de 42.000 millones de pesos que, en realidad, número más o número menos, son 55.000 millones de pesos -insisto-, pero tenían 33.000 millones de pesos para cobrar. En ese juego de números, de sumas y restas, el saldo es 22.000 millones de pesos que era lo que nosotros dijimos que íbamos a tener de déficit. ¿Qué significaba eso? Que íbamos a tener comprometido un mes, porque teníamos de aporte alrededor de 18.000 millones de pesos, lo que iba a generar que íbamos a tener un traspié financiero de 30 días, nada más.

-En mayo del 2025 se abrió una instancia judicial en la Fiscalía a cargo de Gonzalo Badano por presuntas irregularidades en la compra de prótesis. En la presentación ante el Tribunal de Cuentas, en base a un informe de auditoría de la Comisión Fiscalizadora del entonces IOSPER, alertó sobre el supuesto pago de sobreprecios. ¿A su entender qué pasó con el tema de las prótesis?

-Primero que es todo inverosímil. No quiero ser tan cruel para descalificar lo que hizo la Comisión Fiscalizadora. Insisto, todos elementos para tratar de justificar lo injustificable. ¿Cómo es el tema de prótesis? Juan Pérez solicitaba una prótesis. Esa solicitud pasaba a la Oficina de Prótesis, se trabajaba desde la Oficina de Prótesis con el médico que iba a realizar la cirugía y se planificaba. Para nosotros poder pagar una prótesis colocada, tenía que tener el sticker de la prótesis y, a su vez, el protocolo quirúrgico. Entonces, decir que nosotros habíamos pagado más de mil prótesis que no se habían colocado, es totalmente inverosímil. Les podría decir que es un mamarracho, porque todo lo que está justificado, está justificado en función de los elementos que venían con la historia clínica, que es protocolo quirúrgico.

-Pero, lo dice la Comisión Fiscalizadora…

-Comisión Fiscalizadora hace un informe. El informe se eleva al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas -de acuerdo a la información que manejamos- lo recibe. Dice que no puede tipificar si hay delito o no. Y le corre vista al fiscal. El fiscal solicita información a la OSER y hasta ahí sé. Lo que sí puedo decir es que ni los directores que me acompañaron ni yo hasta el día de hoy hemos sido imputados en alguna causa… hasta el día de hoy. Eso no implica que mañana, pasado el tiempo, pueda ocurrir que busquen algo para tratar de imputarnos, porque me parece que eso es lo que están buscando algunos.

-En el decreto de intervención se formularon duros cuestionamientos. Y usted se llamó a silencio por una cuestión personal suya. Pero, hablaban de falta de transparencia en contrataciones, faltantes de información, de solicitudes de cotización, compras directas, contrataciones de personal y contratos de obras y de servicios.

-Sí. Esas son imputaciones. Lo que pasa es que eso es un contexto general, pero no especifican absolutamente nada. Yo les puedo decir que todo lo que dicen ahí es mentira. O sea, lo que necesito es que me digan cuál es la contratación directa que hice, cuál es el contrato de obra que hice, cuál es el contrato de servicio que llevé adelante, incumpliendo normativas. Lo que me tiene que decir es quién. Uno para imputar algo debe demostrar algo. Eso es un contexto general que no tiene ningún tipo de asidero.

-Hablaban de demoras en la entrega de informes obligatorios. Los informes financieros mensuales y trimestrales se enviaban con meses de demora, decía también en el decreto...

-Sí, lamento no haberlo traído acá. Pero, teníamos detallado absolutamente todos los informes elaborados, tanto por la Gerencia de Administración y por la Presidencia, elevados a la Comisión Fiscalizadora. Y a su vez también un informe que iban elevados al señor gobernador.

-También se hablaba del tema del déficit, que bueno, de alguna manera lo aclaró al comienzo. Se hablaba de demoras en prestaciones, reclamos frecuentes por retraso en la entrega de prótesis, reintegro por discapacidad y anestesista.

-Tema prótesis. Miren, teníamos entregado… si hay algo que yo tenía era la información absoluta de todo lo que ocurría en la obra social. En el mes de enero nosotros entregamos 389 prótesis, en el mes de febrero 280, en el mes de marzo 343. Pero, a su vez, también tengo identificado a qué sanatorio. Por ejemplo, Sanatorio Adventista del Plata, 76 en enero, 49 en febrero, 55 en marzo y así sucesivamente. Insisto en esto, ese informe fue hecho única y exclusivamente para tener los elementos para generar el decreto y establecer la intervención.

-Y el otro punto en cuestión era el tema de los aumentos de amparos. Había un gasto acumulado de más de casi 900 millones de pesos.

-Ustedes fueron partícipes de mi reclamo cuando la Ley de Amparos, cuando se modificó la Ley de Aranceles. Recibió la modificación de la Ley de Aranceles, que hice responsable a la Legislatura, de alrededor de casi 900% de actualización. De 9.000 pesos salió casi a 56.000 pesos el valor del jurista. Entonces, eso motivó, por supuesto, la cantidad de lo que se establecía con esa ley. Ahora, lo que digo es: el otro día escuché que decían que en el año 2025 se habían recibido 450 amparos. ¡Eso es mentira! En Concordia OSER, en el año 2025 se recibieron 1.000 amparos, solo en Concordia. Nosotros teníamos amparo, siempre lo reconocimos, pero no a este nivel.

-De hecho, el propio gobernador fue muy crítico en la apertura de Sesiones Ordinarias con respecto a la Justicia. Le apuntaba al tema laboral, pero también le mandó un mensaje codificado al negocio de los amparos. Es una realidad que, evidentemente, no la puede no la pueden detener.

-Sí. El tema es cuando el amparo… el amparo surge por, generalmente, por el incumplimiento de algo. Nosotros, entendemos que los amparos en ese momento eran producto de elevar el nivel de prestación. Hoy, los amparos son solicitando para que se autorice alguna prestación. En nuestro caso, era ampliando el nivel de prestación: son dos cosas totalmente distintas.

- ¿Usted está tranquilo con su situación judicial?

-Sí.

- ¿Quién es su abogado?

-El doctor Marcos Rodríguez Allende.

-Que es funcionario provincial también.

-Sí, pero es abogado.

-Y él que le ha dicho de la causa que hace casi un año que está en trámite.

-Insisto en esto… es más… la Asociación de Proveedores de Ortopedia, Cirugía e Insumos de Entre Ríos (Apocier) que está involucrado en el tema de prótesis, solicitó a estar presente, tomar vista del expediente en el Tribunal de Cuenta para poder explicar también la situación, se les negó porque dijeron que es un sector privado. Y todavía no ha habido absolutamente avance alguno. Tengo entendido que el fiscal lo que había hecho es requerir informes a OSER, no sé si habrán venido esos informes. Ahora, cuando avance la causa, si es que avanza… y nos convoquen a nosotros, voy ir porque no tengo absolutamente nada que esconder.

- ¿Usted se ha enriquecido como funcionario del IOSPER en todo este tiempo?

-No. No sé a qué le llaman enriquecimiento.

- ¿Tiene sociedades o inversiones como se ha dicho más de una vez?

-No tengo no tengo un piso en Rosario, como dicen, que tenía un piso y que bajaba, y pasaba por un túnel, y en las barrancas me esperaba el yate. ¡Eso mentira! No tengo departamentos en Miami, como dicen. No tengo 27 viviendas en Paraná, como decían.

- ¿Tal vez habrá empresa en Santa Fe, puede ser?

-No, eso fue una empresa de un año, pero una cerealera, no tiene absolutamente nada que ver con lo que es el sistema de salud. Trabajamos un año, nos agarró la sequía… de la misma manera que abrimos, tuvimos que cerrar por qué no pudimos avanzar. Pero, nada que ver con el tema de salud.

- ¿Y usted no tiene ningún contacto con alguien de OSER? Alguna línea de empleados que le consulten algo de vez en cuando.

-No. Teníamos un grupo que nos juntábamos los martes a jugar al fútbol en Paraná y ese grupo se ha diluido. Con la única persona que pude haber tenido algún diálogo…

-No la nombre por las dudas que la trasladen…

-Digamos que en el momento en que se dio el tema del debate de la ley OSER, fue con quien tenía una posición muy clara, que fue la contadora Mariela Udrizar.

-Ella fue desplazada del lugar.

-Después fue desplazada, pero no tengo contacto. Aparte, no quiero tenerlos para no comprometer a nadie.

- ¿Hay cosas que usted hoy por hoy como afiliado puede reconocerle a la actual conducción de la obra social? Porque, le comentamos. Por lo general consultamos en alguna farmacia cómo está el tema. Y los farmacéuticos reconocen que se ha avanzado en algunos en aspectos.

-Ahí hubo en estos últimos tiempos, por ejemplo, lo que ocurrió en estos días, con el tema del plan que sacaron por el Día de la Mujer (los chequeos ginecológicos). Nos parece excelente. Después, lo que veo es falta de gestión. Por eso, digo con veo con mucha dificultad. A lo mejor hacen mucho esfuerzo para tratar de mejorar. Pero, como no hay gestión, de acuerdo a mi opinión, el esfuerzo que pueden hacer queda diluido.

- ¿Y por qué dice que no hay gestión?

- Porque uno no puede venir a trabajar al OSER… nosotros estamos 24 por 24 los 365 días. Esta es la realidad. Así estamos. Vos no podés venir a trabajar el martes e irte el jueves y después que pase lo que sea. Digo, hay una responsabilidad.

-Usted le está apuntando al presidente.

-Estamos apuntando a todos.

-Pero, el vicepresidente está todos los días…

-Pero, no sé si la misma facultad que el presidente. La verdad que no sé.

-Y habla con las entidades médicas como la Federación Médica, los Sanatorios…

-He hablado con Federación Médica He hablado con algunos dueños de sanatorios. No hablo con las droguerías. He hablado con integrantes del Colegio de Farmacia.

- ¿Y ellos qué le dicen?

-Y están muy asustados.

- ¡Asustados!

-Y por supuesto. La Federación Médica con nosotros estaba cobrando a 10 días. Y acá están cobrando parte de septiembre y octubre, estamos en marzo. Con nosotros terminado el mes, presentaban la factura y a los diez días cobraban. Y ahora están cobrando septiembre-octubre.

-También usted debe ser consciente que hay una realidad compleja.

-Más compleja que la realidad del 2024 no las hubo. Y nosotros nos mantuvimos. Los Sanatorios lo mismo. Entonces, hoy están teniendo muchas dificultades para tratar de sostener el fiel cumplimiento de los convenios que pueden llegar a firmar. No se olviden que el déficit que está teniendo la obra social -entiendo yo- es por malos convenios que han firmado.

-Por ejemplo.

-Con los anestesistas, la Federación Médica, los Sanatorios. Reconocimiento de nomencladores nacionales, cosa que en Entre Ríos nosotros nunca lo reconocimos. Entonces, hubo sectores, por ejemplo, anestesistas, que con el solo hecho de firmar el convenio triplicaron la facturación. Para el mismo nivel de prestación, triplicaron la facturación. La Federación Médica duplicó y los Sanatorios igual. ¿Por qué? Porque firmar a través de convenios reconociendo los nomencladores nacionales.

¿Usted no tiene relación con ningún funcionario del gobierno de Frigerio, ni siquiera con Verónica Berisso, la ex intendenta de Gualeguay y actual ministra de Desarrollo Humano de Entre Ríos?

  -No.

-Antes tampoco tuvo relación.

-No. Con ella, no. Con Federico Bogdán sí tenía mucha relación.

-Y con los legisladores tampoco habla.

-No. Aparte estoy recluido en mi casa. Solo salgo a caminar al parque y hacer un poco de actividad física.

- ¿Y los gremios no lo consultan?

-No. Con los únicos que hemos mantenido algún grado de conversación han sido con algunos compañeros municipales, pero, nada más. He tratado de estar recluido para que se pueda trabajar tranquilo. Ver cuál es el desarrollo. Estoy esperando el balance de 2025. Porque uno puede decir un montón de cosas. Ahora, lo que queda reflejado en el balance son la evolución del gasto prestacional y la cantidad de prestaciones que se dan en el año. Entonces, esto es lo que uno tiene que analizar: si avanzaron o si retrocedieron.

-Pasado todo este tiempo de la intervención. ¿Cuánto considera que tuvo un rol clave en su desplazamiento y en la intervención José Ángel Allende, el dirigente de Unión Personal Civil de la Nación?

-Y yo diría que más de un 80%.

- ¡Más de un 80%!

-Sí, sí, por supuesto que sí.

- ¿Y por qué considera eso?

-Porque nunca asimiló que nosotros pudiésemos ejercer la Presidencia de la obra social.

-Pero, él tenía gente en el Directorio…

-Sí, por supuesto. Pero, siempre disputando o queriendo disputar la presidencia. Y tampoco asimiló que nosotros durante los últimos cinco años tuvimos superávit en el manejo financiero de la obra social. Me parece que él tenía unos elementos o tenía elementos para poder pretender de que no estuviésemos más.

-Y usted considera que además de la buena relación con el gobernador, ¿tiene injerencia en la conducción de la OSER?

-Entiendo que sí. Entiendo que sí.

- ¿Entiende o tiene elementos concretos?

-Sí, hay algunos elementos. Han echado más de 200 empleados. O sea, pretenden achicar el déficit, no tratando de elaborar buenos convenios, respetando a los prestadores, sino echando a los trabajadores. Ahora, qué casualidad que aquellos que son afiliados a ese sector (a UPCN) no los tocan.

-Y ahora va por la reelección, que ya suma 37 años al frente de UPCN.

-Palabras de él… palabras de él: tengo 12.000 afiliados. Palabras de él, palabras de José (Allende). Tengo 12.000 afiliados. Hay 12.000 recategorizaciones en la provincia para los trabajadores. Uno de los requisitos es participar del curso de capacitación que lo da ¿quién? UPCN.

Programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) emitido el miércoles 11 de marzo de 2026