El 19 marzo pasado, el juez Lucas Yancarelli otorgó la probation y suspendió el juicio a los tres directivos de COMARSA imputados en la causa por contaminación en el manejo y disposición de residuos petroleros sin tratamiento en el Parque Industrial de la ciudad de Neuquén, conocida como la causa de “los basureros del fracking”. La decisión del magistrado se produjo pese a la oposición de las querellas y de la fiscalía.
La denuncia penal, presentada en 2020 por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) junto a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH Neuquén) local, dio lugar a una de las causas ambientales más graves del país: más de 300.000 m³ de residuos petroleros acumulados durante años, a metros de barrios del ejido urbano de la capital provincial, con contaminación del suelo, del aire y riesgo directo para la salud de la población. Eso sumado a maniobras fraudulentas para sostener el negocio de los residuos petroleros sin realizarles un mínimo tratamiento.
Sin embargo, este 16 y 17 de abril, el Tribunal de Impugnación revisó la causa y resolvió revocar la suspensión del juicio a prueba (probation), por lo cual los imputados irán a juicio oral y público. La resolución señaló que la decisión del juez Yancarelli fue “arbitraria, irrazonada, inmotivada e infundada” y lo apartó de la causa.
El tribunal integrado por los jueces Richard Trincheri, Nazareno Eulogio y la jueza Florencia Martini, por mayoría, revocó la resolución de Yancarelli y ordenó que se lleve adelante la audiencia de Control de la acusación para la elevación a juicio en la causa Comarsa.
La Fiscalía de Delitos Ambientales acompañó el pedido de las querellas y ahora las defensas tienen diez días para responder antes de la audiencia de control de acusación, el paso previo para que se inicie el juicio oral.
“Ya está documentada la serie de maniobras que incluyen la contaminación, la usurpación y la defraudación por parte de los empresarios imputados en la causa”, declara en diálogo con Canal Abierto Rafael Colombo, abogado querellante, integrante de la AAdeAA. “Además, hay mucha evidencia que da cuenta de que hubo numerosos planes de tratamiento y de saneamiento que fueron incumplidos sistemáticamente por la empresa durante todos estos años”.
Las piletas de «tratamiento» de Comarsa, linderas a barrios de la capital neuquina.
Esta evidencia ha sido denunciada y documentada a lo largo de varios años por el Observatorio Petrolero Sur, el Taller ecologista y la Confederación Mapuche, entre otros actores sociales.
En concreto, el riesgo ambiental persiste porque la basura no ha sido debidamente retirada ni mucho menos tratada. Una pequeña porción de las toneladas de residuos peligrosos fue simplemente trasladada a otro basurero de la firma Indarsa, en cercanías de Añelo, merced a un supuesto plan de remediación que la empresa incumplió pese a que la ministra de Turismo y Ambiente provincial, Leticia Estévez, lo presenta como una gran solución. “Estamos hablando de una mera relocalización parcial. Buena parte de los residuos que nosotros denunciamos como parte del pasivo ambiental siguen aún allí acumulados a cielo abierto en la planta del Parque Industrial”, sostiene el litigante.
Otro dato curioso es que este supuesto plan de “traslado” se financia con un préstamo millonario de Indarsa a la firma sometida a juicio que hoy se encuentra sin autorización para funcionar y en estado de insolvencia.
Racconto de una causa contra la contaminación
La Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A. (COMARSA) se instaló en 2014 en un predio cedido por la provincia en el Parque Industrial Neuquén para disponer allí una planta de tratamiento de residuos de la actividad extractiva de hidrocarburos por fractura hidráulica. Eso terminó siendo un “basurero del fracking” en el que acumularon miles de metros cúbicos de material de descarte a cielo abierto y sin ningún tratamiento, proveniente de las perforaciones de Vaca Muerta.
En diciembre de 2020, la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA) junto con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos presentaron una denuncia penal por contaminación ambiental contra la empresa.
El juez Lucas Yancarelli en la audiencia en que se intentó saldar la cuestión con una probation
“En esa fecha presentamos una denuncia penal contra la empresa Comarsa y sus directivos, también extendida a las responsabilidades que tienen los funcionarios públicos de Neuquén a nivel provincial y municipal y las empresas petroleras, generadoras de basura, por lo que denominamos el escandaloso negocio de la basura petrolera de Vaca Muerta”, explica Colombo.
“Entonces se inició una investigación penal conducida por la Fiscalía de Delitos Ambientales del Ministerio Público de la provincia de Neuquén y nos constituimos como querellantes e impulsamos la investigación durante todos estos años, en que se fueron incorporando una serie de medidas de prueba además de las que ya estaban contenidas en la denuncia que presentamos, un escrito de casi 160 páginas entre fundamentos legales, una línea de tiempo de los hechos circunstanciados y acreditados y documentación de cómo operaba la empresa, además de las distintas autorizaciones emitidas por la provincia, y de la cesión de los terrenos a precio vil por parte del municipio”, sintetiza el letrado.
En febrero de 2024, luego de la instrucción de la causa, la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales de Neuquén, a cargo del fiscal Maximiliano Breide Obeid, acusó a J.M.L., fundador y director de la empresa, H.B., director suplente entre abril de 2014 y enero de 2021; y F.P. (utilizamos siglas a pedido de la querella), gerente general y responsable técnico de la firma entre 2013 y septiembre de 2016.
Los acusó de contaminar el ambiente y poner en peligro la salud de la población, en violación de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos y el Código Penal. Los imputados enfrentan cargos por contaminación peligrosa para la salud pública (artículos 57 y 55 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, con remisión al artículo 200 del Código Penal) y administración fraudulenta (artículo 173, inciso 7, del Código Penal).
n julio de ese año, a solicitud del ministerio público el juez de Garantías Mauricio Zabala ordenó el embargo por 7 millones de dólares de las cuentas del dueño y del ex director suplente de la empresa, dispuso la prohibición de salir del país sin previa autorización a los imputados y declaró la inhibición general de bienes de la empresa. La medida afectaba a los bienes de Comarsa y las cuentas bancarias y billeteras virtuales de ambos procesados.
Ese embargo nunca llegó a producirse debido a diferentes maniobras de dilación judicial. “Nosotros solicitamos una medida cautelar, concedida en primera instancia y ratificada por el tribunal de revisión. Luego, el Tribunal de Impugnación suspendió la medida, repuesta luego de nuestra apelación en el Superior Tribunal neuquino, que restauró la vigencia de los embargos, pero nunca se pudieron efectivizar porque, para entonces, habían vaciado las cuentas”, explica Colombo.
El cuaderno de la ruta de la basura
De la serie de medidas de prueba ordenadas por el tribunal en el proceso, en un allanamiento se produjo un hallazgo que puede sacudir la causa. “Hay evidencia que surge de un cuaderno secuestrado en el domicilio de uno de los imputados que da cuenta de la maniobra dolosa de ocultamiento e, incluso, de entorpecimiento de la investigación judicial. También hay pruebas de la simulación de tratamientos y de que la empresa recibía más residuos de los que tenía capacidad técnica real para tratar y, efectivamente, no los trataba”, cuenta Colombo a este cronista.
La querella de la AAdeAA ordenó una pericia y un informe sobre esta prueba. “Es muy contundente porque el informe prueba el dolo en la conducta de los imputados. Queda demostrado, de puño y letra que los tipos estaban intentando hacer lo posible para zafar”.
Fuente: Canal Abierto /Autor: Nahuel Croza.
