Por Antonio Tardelli (*)

Desde hace días algunos periodistas de Entre Ríos se preguntaron, y preguntaron, acerca de la eventual existencia en la provincia de listados de vacunados VIP.  La vacunación con privilegios desató un verdadero escándalo político que incluso se cobró la cabeza del prestigioso ex ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.

El Poder Ejecutivo Nacional lo relevó aunque afirmando (defensa pobre) que no había delito que investigar.

Asegura el gobierno: adelantarse en la cola y recibir la aplicación, o dar la aplicación a quien se adelantó en la cola, no constituye irregularidad alguna.

Un investigador reconocido como Loris Zanatta, que desde Europa analiza los procesos de la política argentina, considera que episodios como el de las vacunas, que alimentan la desconfianza popular, afectan no sólo a un partido, no sólo a un gobierno, no sólo a un presidente, sino al sistema político en su conjunto.

El sistema pierde legitimidad, en efecto, ante la certeza de que algunos de quienes gobiernan (independientemente de que hagan bien o mal su trabajo específico) se benefician personalmente cuando abusan de su posición acomodada en la estructura del poder.

Hasta ayer, ante las consultas, las respuestas del gobierno de Entre Ríos habían sido nulas.

Iguales a cero.

Funcionarios y legisladores no decían ni mu al ser interrogados sobre la supuesta existencia de privilegiados y sobre si ellos mismos habían sido inoculados.

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, consultado en una emisora radial, eludió la respuesta con un énfasis sugestivo y en un tono algo alterado.

Que era un tema delicado. Que había muchos intereses. Que el gobierno ya diría algo si llegaba a considerar que algo había para decir.

Ante la difusión de una lista de privilegiados –la dada a conocer desde el portal del animador radial Ricardo David–, funcionarios del gobierno debieron terminar admitiendo, off de record, que en efecto habían sido vacunados.

Y que la nómina no era trucha.

Y que, inclusive, las fechas que allí figuran coinciden con el día en que ellos mismos (los funcionarios consultados) habían recibido la preciada dosis de la Sputnik V.

El gobierno se vio obligado a emitir un comunicado diciendo lo que debió haber informado desde un principio.

El gobierno tenía la obligación de ser transparente.

Se hubiera ahorrado el costo que ahora evidentemente paga en virtud de que sus explicaciones lucen ahora, además de forzadas, débiles.

El listado incluye personas de diferente rango, responsabilidad y situación.

Habrá que comprobar si cada uno de esos casos individuales puede en efecto quedar comprendido dentro de un criterio general que el gobierno divulgó a destiempo y de manera confusa.

Hace siglos que la política moderna entendió –al margen de que no siempre lo ponga en práctica– que el secreto es incompatible con la administración de los negocios públicos.

Por lo menos en una república.

Con un criterio claro, que prescinda además de los privilegios, no hay nada que ocultar.

El silencio gubernamental, y su leve reacción posterior, lo colocó un una incómoda situación.

Como si quisiera esconder.

O como si se hubiese arrepentido de un comportamiento inicial relajado.

Y descontrolado.

Se disparan ahora una serie de preguntas vinculadas con los costos que el gobierno provincial pagará (o no) y a los eventuales relevos (¿los habrá?) que permitan al gobernador Gustavo Bordet encontrar una respuesta política que minimice el daño.

Reconocimiento tardío y parcial, la admisión final del Poder Ejecutivo terminó siendo una confesión.

De todos modos, hasta ese momento se había impuesto, otra vez, el privilegio.

Un privilegio mal disimulado.

Y que vanamente se intentó justificar luego en esa nueva figura, amplia y ambigua (traje a medida), de sujeto “estratégico”.

Por fortuna, el privilegio se impone solo hasta el momento en que deja de ser secreto.

Iluminado, o denunciado como los seguidores de los teatros denuncian a los malos actores, el privilegio deja de ser secreto y el abuso de poder una posibilidad inocua.

Entonces el privilegio deja de ser pensado como un derecho adquirido (o comprado por una posición de poder) y la república se parece más a lo que debe ser una república.

Los gobiernos deberán vacunarse contra la discrecionalidad, el abuso y el privilegio.

Que llegue el doctor, manejando el cuatrimotor, y que todas las brujerías de los muchos brujos del secreto estatal se curen con la vacuna luna luna lú, como supo enseñar, cantando, María Elena Walsh, que cantando explicó cómo había que vacunarse contra las mentiras del poder.

(*) Periodista. Especial para ANÁLISIS.