(de ANALISIS)

La audiencia de esta mañana, para ver si se hacen o no los juicios por graves delitos de corrupción, de desvío millonario de dineros del Estado entrerriano, y que involucra al exgobernador Sergio Urribarri y a varios de sus exfuncionarios, dejó nuevamente al descubierto un perverso ardid: el de la maquinaria de impedir su realización, cueste lo que cueste y aún a costa de llegar al absurdo. Pareciera que los abogados defensores bien pagos, los integrantes de la estructura de Salud que siguieron su juego y algunos representantes de la justicia, no se enteraron que el domingo, entre otras cosas, la gente votó en contra de esas cuestiones.

No es novedad para nadie toda la serie de artilugios que, en estos últimos tres años, ha instrumentado el ahora actual embajador argentino en Israel, junto a sus letrados, para esquivar a la justicia y más aún desde cuando se descubrió el robo millonario a través de los contratos truchos legislativos, equivalentes a más de 50 millones de dólares. Urribarri no solamente se hizo citar en horarios nocturnos desopilantes, en días feriados, para que nadie lo pudiera registrar, sino que, además, se ocupó de plantear innumerables recursos, a los efectos de que el tiempo vaya transcurriendo y la gente se vaya olvidando de los más de 100 millones de dólares que se desviaron en sus dos mandatos.

Lo preocupante fue el hecho de que varios hombres y mujeres del Poder Judicial siguieron ese juego perverso a rajatablas y ahora también se sumaron los funcionarios de Salud, que, en principio, no quieren avalar la realización de los juicios, en el principal salón del Poder Judicial -ubicado en el tercer piso y de amplias dimensiones-, porque entre jueces, fiscales, abogados e imputados, serán un total de 35 personas las que se congregarán en dicho lugar, que tiene las dimensiones de lo más parecido a un cine o un teatro, con la aireación pertinente, en función de la pandemia y pese a que todos los componentes de esa instancia cuentan con la doble vacuna contra el Covid.

Es decir que cada uno de ellos podrá estar a la debida distancia que se exige, con barbijos o máscaras, por la amplitud del lugar. Y cabe acotar que no siempre estarán las 35 personas, necesariamente.

Lo extraño del caso es que en Salud no se impusieron las mismas condiciones para la vuelta a clases, o para la realización de una feria con 120 puestos que se hará el fin de semana en el Centro Provincial de Convenciones (o sea, un lugar donde también se podrían realizar los juicios como alternativa) o para el retorno de los cines en Paraná o para los bares y restaurantes. Pero para enjuiciar a quienes cometieron delitos de corrupción y desviaron millones de dólares a sus bolsillos, que también podrían haber servido para tener mejores hospitales en la provincia, las exigencias son otras. Lo cierto es que siempre hay suficientes argumentos, para que en la justicia todo lo vinculado a Urribarri se siga postergando. No se dan cuenta que están casi al límite del absurdo?