Aprietes a la Justicia: imponer disciplina por la vía del miedo

Editorial de La Nación

La feroz y vergonzosa arremetida judicial para destituir a la fiscal anticorrupción de Entre Ríos Cecilia Goyeneche trae a la memoria otros episodios igualmente preocupantes en que funcionarios judiciales han sido objeto de tan duros como injustificados ataques, algunos al punto de haber visto truncarse su carrera.

El caso de la doctora Goyeneche recuerda el intento de destitución padecido por el fiscal José María Campagnoli en 2014, cuando investigaba al pseudoempresario Lázaro Báez y sus negociados con los gobiernos de los Kirchner, en épocas en que Alejandra Gils Carbó era procuradora general de la Nación. Del mismo modo, no podemos dejar de mencionar, mucho más atrás en el tiempo y también vinculado con el matrimonio Kirchner, el caso del escandaloso desplazamiento del procurador de Santa Cruz Eduardo Sosa, removido en 1995 por una reforma judicial que no respetó su garantía de inamovilidad en el cargo. En el caso de Sosa, quien buscaba controlar el destino de los 650 millones de dólares de las fondos de esa provincia, entre otros temas igualmente delicados, fue la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación la que ordenó que lo repusieran en reiteradas oportunidades, pero el entonces gobernador Néstor Kirchner disolvió el cargo para que Sosa no tuviera adónde volver, desoyendo las órdenes del máximo tribunal de Justicia del país, aplicando otro manotazo a las instituciones a los que tanto el fallecido expresidente como la actual vicepresidenta de la Nación nos tienen acostumbrados.

Si la doctora Goyeneche no fue ya destituida en un proceso de jury que avanzó con inusitada velocidad en Entre Ríos es porque la Corte Suprema, por unanimidad, acaba de avalar su reclamo para frenarlo. El Superior Tribunal de Entre Ríos deberá dictar ahora un nuevo fallo para contestar el planteo de Goyeneche de que su jury es inconstitucional.

La abogada entrerriana fue quien coordinó el equipo de fiscales que promovió el juicio oral y consiguió que el mes pasado se condenara al exgobernador Sergio Urribarri a ocho años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. Sin embargo, no ha sido esa causa la más resonante de la prolífica y valiente labor de Goyeneche. La fiscal también investiga contratos ilícitos que involucran a dirigentes políticos de todos los partidos provinciales, con un perjuicio económico para el Estado calculado en 53 millones de dólares. Tras conocerse la condena, Urribarri debió dejar el cargo de embajador en Israel en el que lo había nombrado el presidente Alberto Fernández.

En un duro alegato público de los últimos días frente al tribunal que sustancia el pedido de destitución en su contra, Goyeneche expuso que la persiguen por investigar “la mayor causa de corrupción de la historia de la provincia”; que su caso es producto de la impunidad, la complacencia judicial y la misoginia, y que representa un “bochorno internacional”, al punto de que el relator de la ONU para la independencia judicial, Diego García-Sayán, se interesó en el proceso y envió preguntas para saber cuán imparcial es el jury y qué está pasando con las causas de corrupción en Entre Ríos.

Quienes promueven juicio político contra la fiscal la acusan de no haberse excusado a pesar de que uno de los imputados había sido allegado a su esposo y habían compartido un fideicomiso.

Goyeneche ha explicado ya por qué no se excusó en la causa referida. Corresponde a la Justicia determinar la fuerza de sus argumentos. En este caso, la provincial, a la que la propia fiscal critica por su falta de independencia respecto del poder político, lo que podría convertirse en un callejón sin salida.

“Cualquier caso de corrupción que exista en la Argentina hay que truncarlo a partir de un mensaje fatal: ‘que el poder está del otro lado y el que se anime a investigarlo tiene que sufrir alguna consecuencia’. Entonces, las opciones que maneja la política son dos: o busca un Poder Judicial corrupto o decide romperlo”, sostuvo la fiscal en recientes declaraciones periodísticas.

En definitiva, la funcionaria judicial no hace más que poner en palabras simples y contundentes una situación que se reitera cada vez con mayor frecuencia en nuestro país y cuyos tan lamentables como deshonrosos estrategas se encargan de alimentar: la aniquilación de la división de poderes de modo de asegurarse impunidad para los delitos cometidos contra la administración pública.

Si bien no ha considerado el fondo de los hechos, la decisión de la Corte Suprema de aceptar el reclamo de Goyeneche, basada en el pronunciamiento favorable que a pedido de la fiscal había realizado el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, enciende una luz de esperanza, y abre una nueva oportunidad que el tiempo dirá cómo decanta en manos de la Justicia entrerriana. Como dato ilustrativo, Urribarri acaba de conseguir que lo sobreseyeran en otro caso por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho. El juez de Garantías Mauricio Mayer hizo lugar al pedido de sus defensores y dictó la controvertida medida fundamentándola en “exceso de los plazos procesales”.

El caso de la fiscal Goyeneche desnuda, una vez más, la desesperación de ciertos sectores del poder político por trabar las investigaciones sobre hechos de corrupción y pone de manifiesto, además, el creciente y preocupante estado de indefensión en que se encuentran los jueces y fiscales reacios a garantizarles impunidad a los gobiernos.

Sancionar a Goyeneche por sus investigaciones contra la corrupción del Estado nos lleva al mismo razonamiento que hicimos en 2014 frente al caso Campagnoli: la estrategia de cooptación de la Justicia persigue avanzar hacia la destrucción de la división de poderes como eje central de nuestra Constitución nacional. Lejos de constituir un acto de justicia que restablezca la ley y el orden, sería otro ajusticiamiento destinado a imponer disciplina por vía del miedo.

 

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