Por N.S.B. (de ANÁLISIS)

Las instituciones no pueden ser derrotadas por mesianismos enraizados en el rencor. Crisis y oportunidad en tiempo de descuento. Congreso y Ejecutivo enfrentados obligan a la actuación de la Justicia. La judicialización, fundada en la incapacidad de acordar, es una derrota dolorosa de la política.

El próximo viernes, cumpliendo lo establecido por la Constitución Nacional, el presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei, hará la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Será su día número 82 de gobierno. Estará ante la Asamblea Legislativa a las 21, según él mismo dispuso a través del decreto 197 del 27 de febrero. Una vez más rompe. En este caso, con una tradición horaria. 

Busca llamar la atención y será porque quiere expresarse ante los representantes del pueblo usando el horario principal de la televisión nacional, una especie de cadena indirecta para disputarle el rating a Gran Hermano.  

En lo formal es el momento para dar cuenta del estado de la Nación. Se percibe, hace años, cierto desapego por la ceremonia, por su sentido profundo. Pero el contexto de enfrentamiento entre Nación y provincias que estamos atravesando, le pone ribetes extraordinarios. 

La instancia es trascendente. Puede ser, por lo que vivimos, un antes y un después. Por eso la atención de los ciudadanos será importante. Crisis y oportunidad. La política nacional en un mismo espacio, ante la mirada de millones. En vivo y en directo una fractura expuesta que duele, sobre todo, a las mayorías silenciosas. La nueva grieta creada en nombre de terminar con la grieta. 

El presidente hablará ante un hemiciclo fragmentado y pleno en dudas, nutrido de desconfianza. Con legisladores que, depende quien lo diga, son argentinos de bien o simples traidores. Están dolidos porque han sido considerados un nido de ratas por el primer mandatario nacional. Un espanto que no se olvida con disculpas de circunstancia.

El constituyente, es importante recordarlo, diseñó esta oportunidad para que dos poderes, Legislativo y Ejecutivo, estén frente a frente. Un ambiente de trabajo para buscar la armonía. ¿Pura ficción?  

Volviendo sobre lo formal, el presidente, además del estado de la Nación, se debe referir a las “reformas prometidas por la Constitución”.  

Los estudiosos de la Carta Magna, tan olvidada a veces, ponen énfasis en este indicativo, porque “perfila un Poder Ejecutivo propulsor del progreso y el desarrollo humano, que deben impulsarse mediante leyes que al efecto dicte el Congreso” (1).

Política en llamas, todos chamuscados

Estados alterados, ánimos candentes. Se percibe un escenario de disputa. Un Congreso Nacional que ha sido atacado, pública y airadamente. Un clima preocupante. 

El poder Ejecutivo, sin solución de continuidad, ofendió a propios y extraños, desafiando límites, provocando, obligando a sus circunstanciales adversarios a ponerse a la defensiva y a sus aliados temporarios los colocó bajo un cono de tristeza. 

Milei no hace todo esto tratando de sentar posturas sólidas y dar así un debate con mejores argumentos y posibilidades de triunfo. El presidente de todos los argentinos trabaja buscando el aplastamiento de los demás poderes del Estado.  

En nombre de un supuesto anarcocapitalismo recargado, camina sin retorno a la búsqueda de una autocracia. Se regodea por cruzarse entre bastidores con lo peor del conservadurismo mundial. El mismo eligió el borde del precipicio y se ocupa personalmente de desarmar las redes que podrían atenuar la caída. 

Está detrás de un nuevo orden, para poquísimos, por fuera de las normas vigentes. Los seguidores de La Libertad Avanza (LLA) avizoran una refundación; las víctimas del feroz ajuste desplegado aplicando el proyecto de Bullrich (que fuera elaborado por Sturzenegger y homologado por Milei) una refundición. Usamos el juego de palabras para mostrar donde estamos parados.

Es que la extensión de la denominada ley ómnibus, un cambalache normativo incoherente, y la idea de gobernar sin el Congreso, a través del uso de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), muestran claramente que la Constitución y la ley son una especie de corsé molesto para los libertarios.

No es una cuestión menor. Deberían haberlo pensado antes. 

En lugar de llamar la atención promoviendo acercamientos, exacerban los enfrentamientos abusando de las redes virtuales, las que, en lugar de fortalecer el tejido social, deshumanizan a velocidades alarmantes. Discriminando, hiriendo inútilmente. 

La sociedad está indefensa frente a una disputa que, como en otros momentos de la historia, coloca sobre sus espaldas todas las pérdidas. 

Llegamos a esta instancia con niveles pobreza e indigencia que asustan, hay caída del poder adquisitivo, lo que motivó desplome de la demanda de bienes y servicios, con la consiguiente pérdida de empleo. 

Hay recesión y sigue alta la inflación. Un ejemplo claro: la sumatoria derivó en que la empresa siderúrgica ACINDAR frene su producción a partir de marzo por la falta de ventas.  Es demasiado bajo el nivel de actividad. 

La decisión de suspender la obra pública pulverizó miles de empleos en la construcción. Otro elemento que suma tensión es la decisión de eliminar el programa Potenciar Trabajo. Ojalá en forma rápida se impulsen herramientas para atenuar el impacto. 

La política está en llamas, pero los chamuscados no son integrantes de la defenestrada casta. 

El club de la pelea

El ciudadano de a pie, lleno de inconvenientes, cargando el agobio de años con mucho anuncio y poco resultado, esperaba otra cosa después del 10 de diciembre de 2023, pero seguramente no esperaba esto. 

En lugar de ver el trabajo mancomunado de los sectores diversos en los que distribuyó el poder votando en las sucesivas elecciones, se convierte en espectador de una edición sui géneris del club de la pelea. 

Todos contra todos, todo el tiempo, dirigidos por un insomne. Por más que se esfuerce la comunidad en tratar de encontrarle sentido a los días, la obligan a ver enfrentamientos en los que el gran derrotado, reiteramos, termina siendo el público.

Es en este contexto que se dará la apertura de las sesiones ordinarias. ¿Podrá el Congreso Nacional aportar equilibrios? ¿Nacerán herramientas que desaten los nudos que impiden el progreso social? ¿Se logrará una distribución armónica de los recursos del Estado entre Nación y provincias?

Alguien debería explicar con claridad que cuando se le quitan recursos a una provincia los que más sufren son sus habitantes.

Nos preguntamos si el Poder Ejecutivo aprovechará el escenario para bajar los decibeles de un ruido insoportable que impide, hasta ahora, el entendimiento. ¿O solamente dirá abruptamente hola y adiós para dar un portazo que aumente los interrogantes y profundice la grieta?

Crece exponencialmente la preocupación cuando quienes deben ser prudentes, amplios, templados y constructores de mayorías, están todo el tiempo advirtiendo que no hablarán con los que piensan diferente. 

Peligroso y, sobre todo, antidemocrático. El fuego no se apaga echándole nafta. 

Clara fragilidad de las instituciones. Están débiles los partidos políticos representados en las bancas del Congreso Nacional. No logran armonizar el intercambio para salir del pantano, poniendo y cediendo todos un poco.

La Justicia, obligada a intervenir. ¿Podrá ordenar?

Estas distancias que aumentan entre los actores de la política, aplicando la sordina, abre el camino para que ingrese en el juego un tercer actor: la justicia. 

La judicialización de las disputas pone a la política en un lugar lamentable: el fracaso. No debería pasar, pero pasa. Desde hace mucho. 
Provincias debieron litigar años para lograr que el Estado Nacional le devuelva fondos que le pertenecían. Así lo hicieron San Luis, Santa Fe y Córdoba. La falta de entendimiento sobre el uso de un curso de agua que recorre varios territorios federales, obliga a la intervención judicial. 

La disputa por fondos de coparticipación entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde terminó? En la Justicia. 

Hace apenas horas, ante la falta de diálogo, impedido el entendimiento, sin respuestas, Chubut debió recurrir a la Justicia Federal para sostener sus ingresos.

En tanto el Estado Nacional insiste con posturas extremas e intenta, contra viento y marea, sostener los alcances de un DNU que declara la emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social. ¿Qué está pasando? La justicia a pedido de partes debió intervenir y lo suspendió en varios tramos.  

En la apertura de sesiones estarán frente a frente Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Observando estará la justicia, sopesando la fuerza del empujón que la lleva a convertirse, tal vez, en un principio ordenador.

Las tensiones están y se potencian. Como dijéramos en columnas anteriores, después de la pandemia explotamos, pero para adentro. Quizá eso, sumado a un aprendizaje de la crisis de 2001 de no ir pobres contra pobres, sostiene la tensa quietud que algunos optimistas dicen, es paz social.

Deseos fundacionales, transiciones alocadas, espectadores dolidos. Actores ofendidos y el poder en disputa. 

El viernes 1 de marzo es la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación Argentina. Abrazo o portazo. Al menos ahora el presidente estará en el recinto y de frente a los legisladores, no de espaldas y afuera como al inicio de su gestión. 

Llevará bajo el brazo un listado de reproches. Acusaciones contra la administración anterior. ¿Denuncias? Si aplica su credo sin sutileza puede llegar a quemar las naves. Por eso preguntamos si nos encontramos en la víspera de una fractura histórica o en el inicio de una salida. 

(1) María Angélica Gelli, Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada. Tomo II, página 399.