(de ANALISIS)

Un grupo de abogados penalistas, cada día más cercanos a la política oficialista del Superior Tribunal de Justicia y en especial a la Sala Penal del STJ, emitieron un duro documento en defensa del alto cuerpo, para cuestionar a la exprocuradora adjunta Cecilia Goyeneche, por cometer el delito de opinar sobre lo que le sucedió con el jury que la destituyó. Los letrados -la mayoría de ellos, defensores de Sergio Urribarri, sus familiares y exfuncionarios urribarristas por graves delitos de corrupción- no ocultaron su molestia por los dichos de Goyeneche en una reciente visita a la Procuración General de Mendoza, donde reiteró que el proceso en su contra fue una “revancha” por haber acusado en el marco del megajuicio al exgobernador Urribarri.

“La doctora Goyeneche fue destituida por el Honorable Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos que la encontró responsable de serias causales de mal desempeño, entre ellas la de mentirle a la justicia”, dice un pronunciamiento que firman, entre otros, Miguel Cullen, Marcos Rodríguez Allende, Corina Beisel, Raúl Barrandeguy, Carlos Reggiardo (el abogado que la denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento, defensor del exvicegobernador Domingo Daniel Rossi y actual secretario legal y Técnico del municipio de Santa Elena)-, Patricio Cozzi, José Velázquez, Emilio Fouces, Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, que conformaron una organización denominada Penalistas Entrerrianos Unidos. La inmensa mayoría de los letrados fueron protagonistas principales, como defensores del urribarrismo, en el Megajuicio y siempre celebraron el enjuiciamiento y destitución de Goyeneche.

“A partir de ese momento la referida ex funcionaria judicial se dio a la tarea de descalificar la sentencia que la expulsó del Poder Judicial agraviando a los miembros del Superior Tribunal de Justicia, a los que les adjudicó gratuitamente, haber amparado la impunidad. Más bien, sucedió todo lo contrario, del devenir del jury surgió elementos que permiten concluir que la que encubría supuesto actos de corrupción fue ella misma”, señalaron en el escrito, según publicó Entreriosahora.

Indicaron que en esa tarea, Goyeneche ha tenido “el sostén innegable y explícito de algún sector muy activo de la política provincial”, y a partir de eso “cosechó apoyos de grupos políticos de ultraderecha que amenazaron a jueces y abogados en ejercicio de su profesión, exigiendo públicamente la restitución de Goyeneche a su cargo, lo que en particular generó repudios del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, así como la formación de una causa penal que actualmente se instruye”.

Señalaron que Goyeneche se declaró “víctima de una maniobra política tendiente a castigarla por su lucha contra la corrupción. Ello, como una forma repudiable de descalificar su destitución resuelta por un impecable tribunal constitucional –no judicial- integrado por jueces, legisladores y abogados, que después de sustanciar la causa por el procedimiento marcado por la ley, ordenó la separación de Goyeneche del cargo que ejercía”, acotaron, sin recordar que hubo que convocar a un abogado peronista, exconcejal -ya fallecido- para que ejerciera el rol de fiscal acusador, de una larga lista de abogados ad hoc, que se fueron excusando y decidieron no participar por la violación de las normativas del Jury.

“Y ahora la exProcuradora adjunta, probablemente en busca de alguna candidatura en las próximas elecciones de 2023, expectativa que en Tribunales se le adjudica en alta voz, agravia en forma desaforada a los miembros del Superior Tribunal de Entre Ríos que han demostrado ecuanimidad en el caso, más allá de la trayectoria honorable de todos sus miembros. Sin embargo, lo que no ha explicado la funcionaria judicial Cecilia Andrea Goyeneche, regular y legalmente separada de su cargo es ¿por qué calló primero y mintió después en el marco del ejercicio de su rol?”, plantea el escrito de los abogados penalistas. Resultó extraño la mención de la presunta precandidatura de Goyeneche, ya que nunca dijo nada al respecto la exfiscal, ni candidato alguno de sectores opositor, del que también formaron parte alguno de los abogados, reclamando incluso más de una vez ciertos lugares de privilegio en una lista para el Congreso de la Nación en las elecciones de 2018 o bien participando directamente en una de las bancas del Frente para la Victoria, como Barrandeguy, después de haber sido candidato del Frepaso.

Y concluyeron que en Entre Ríos el STJ “no trabaja para generar impunidad sino, por la primacía de la ley y su correcta aplicación (sostén del estado de derecho), hecho en sí, que repele a todas las maniobras tendientes a desnaturalizarla”.

Paradójicamente, ninguno de los “Penalistas Entrerrianos Unidos” dijo ni una palabra cuando la Sala Penal del STJ achicó los tiempos de investigación para los delitos de corrupción (por lo cual ya se vieron beneficiados varios dirigentes denunciados por tales hechos, entre ellos el propio exgobernador) y fueron los que en las últimas semanas propiciaron todo el tiempo la postergación de las audiencias de Casación para analizar la condena a Urribarri y a otros exfuncionarios y familiares, previstas para fin de mes y que pasaron ahora para el mes de febrero del año próximo. Según se supo, solamente dos de esos abogados pudieron justificar situaciones problemáticas de salud, pero se corporativizaron para lograr la postergación de las audiencias. Mientras, el propio Urribarri dispuso sacarlos de su defensa a los abogados Rodríguez Allende y Candelario Pérez, para que quede solamente Barrandeguy. De esa manera, en febrero, si el experimentado letrado sigue con un serio problema de salud que lo aqueje y no logra recuperarse, pedirán nuevas postergaciones y Urribarri no tendrá defensor, por lo que podría haber otras instancias de prórroga, en un año electoral.

Goyeneche visitó Mendoza invitada por el Procurador de la Corte de esa provincia, Alejandro Guillé y formuló declaraciones. “Vine a la provincia a visitar al Procurador, que me invitó amablemente a conocer las oficinas del Ministerio Público Fiscal. Estoy haciendo un recorrido y conociendo todos los adelantos que han hecho en infraestructura, informática y áreas de distribución de trabajo de los fiscales. Nos viene muy bien conocer cómo se trabaja en otras provincias”, dijo en diálogo con el diario Los Andes.

“Me dictaron la sentencia de destitución el 24 de mayo, más allá de que a mí me habían suspendido de las funciones a fines del año pasado. Ante la sentencia interpuse varios recursos. Un recurso directo ante la Corte de la Nación en relación a una acción de amparo y eso está radicado, esperando que se tramite y se resuelva”, comentó Goyeneche.