La Asociación de Judiciales de Entre Ríos (AJER), realizó un plenario este martes y decidió continuar con las medidas de fuerza que consisten en retenciones laborales.  

“Con la participación de sus 15 filiales se decidió continuar con las medidas de fuerza de retención de servicios de 2 horas por día, los lunes y jueves durante dos semanas, con quite de colaboración a partir del 5 de abril”, se precisó desde AJER.

Se indicó después que quedaron “facultadas las filiales para determinar la modalidad y horario de las 2 horas de retención para el turno vespertino”. “Para los organismos que tienen horarios de trabajo por la tarde, la retención de servicio será de 18 a 20 horas en los días indicados”.

El reclamo de los judiciales se puntualizó en: “Recomposición salarial real inmediata; No a la prórroga de la ley de Emergencia; Convocatoria del gobierno a todos los sectores involucrados a debatir la forma de garantizar la sustentabilidad de Caja de Jubilaciones y el 82% móvil”.

“El deterioro salarial continúa”, manifestaron en un comunicado de prensa. “Comenzando el segundo trimestre de 2021 el deterioro de nuestros salarios continúa profundizándose producto de los insignificantes aumentos, de la ley de emergencia y de la permanente suba de precios. Ni el gobierno nacional ni el provincial protegen los sueldos de los trabajadores. El primero porque no pone límite a los grandes grupos concentrados de la economía que manejan los precios de los productos de consumo masivo, permitiendo con su

pasividad que en la disputa por la distribución del ingreso la balanza se incline en nuestra contra”, plantearon. “Y el segundo porque descarga sobre los salarios de trabajadores del Estado el ajuste de las cuentas públicas frente a las dificultades incuestionables que produce la pandemia”.

Más adelante señalaron que “no es solidaridad quitarle compulsivamente ingresos a los trabajadores, y mucho menos justicia social, ya que ese ideal de una sociedad más igualitaria, que es nuestra aspiración y la de todos, no se logra a costa de los bolsillos de los asalariados”.

“Los recursos que el Estado necesita para afrontar las difíciles circunstancias de la pandemia debe conseguirlos imponiendo formas de recaudación sobre los sectores del capital concentrado que siguen teniendo alta rentabilidad. Esas serían medidas de justicia distributiva”, apuntaron. “En cambio, la ley de emergencia provincial y la inflación han significado para los trabajadores judiciales un deterioro real y abrupto de sus sueldos como no se daba desde la época de los Federales”, contrastaron.