El titular del Sindicato de Empleados de Juegos de Azar de Entre Ríos, Guillermo Videla, explicitó las vicisitudes que atraviesan los trabajadores que mantienen una demanda judicial contra el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) desde 1993, y que en vez de encontrar respuestas a los reclamos, sufrieron un embargo.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Videla contó que un grupo de trabajadores “inició una demanda contra el Estado en el año 1993, porque lamentablemente los tiempos en la Justicia no son razonables, con un reclamo de varios puntos y a medida que transcurrieron los años nos encontramos con que se nos impuso un embargo por parte del asesor legal del IAFAS de ese momento que llevó la causa en defensa del Instituto”.

Al respecto, dijo que “eran todos reclamos razonables referidos a trabajo nocturno, insalubridad, franco compensatorio, subrogancia, licencias, ropa de trabajo, refrigerio, doble salario y los aportes de la Caja de empleados” y explicó que “en cuanto al trabajo nocturno hasta el día de hoy se trabaja de domingo a domingo por la noche, y en ese momento se hacía hincapié en la insalubridad por el tema del cigarrillo pero con el tiempo el IAFAS no permitió más que se fume dentro de las salas de juego”.

Agregó que “el reclamo de la ropa de trabajo a medida que pasaron los años el IAFAS hizo una resolución y se nos empezó a entregar la ropa de trabajo; es decir que con el tiempo todos los puntos del reclamo se fueron subsanando, lo que significa que con el transcurrir de los años el IAFAS aceptó lo que demandábamos y a partir de resoluciones fue otorgando todo lo que los trabajadores habíamos pedido”.

No obstante ello, aclaró que “lo que vemos mal de la Justicia es que una vez subsanado el reclamo, no le dio de ahí para atrás un resarcimiento económico a los empleados sino que le dio como ganado esos puntos al asesor legal del IAFAS que hoy nos embarga”. “Nos llama poderosamente la atención en la situación en que nos encontramos porque estamos en una pandemia, cobrando el 50% de los haberes y pese a ello recibimos un embargo del asesor legal del IAFAS”, lamentó el dirigente.

De todos modos, apuntó que el abogado de los trabajadores “hizo una presentación planteando que todavía no se cerró la causa porque hubo un punto que el IAFAS no contestó nunca, que es la caja de empleados. Lo que se reclamaba era que el IAFAS tenía que demostrar que todo el movimiento que hizo con nuestro dinero fue adonde debía ir. Pero hasta el momento el IAFAS nunca presentó una documentación fehaciente que la plata que nos descontó el Instituto fuera dirigida a la Caja de Jubilaciones, al IOSPER y a la Ley 4035. El IAFAS manejó en 17 años aproximadamente 1.700 millones de pesos que no sabemos dónde fueron”.

En cuanto a este punto, ahondó que “hay una repartición muy importante que tiene la obligación de preservar y manejar los intereses del Estado y de sus empleados, nosotros tuvimos la confianza suficiente para que se nos descontara ese dinero por recibo y hasta el día de hoy la plata no sabemos dónde está porque el IAFAS aduce que no tiene ninguna documentación”. “Se trata de un manejo de alrededor 1.700 millones de pesos que no sabemos dónde fueron a parar”, sentenció.

“Nos llama la atención que más allá de que nuestro asesor legal le pudo instalar una multa al IAFAS, de 1.000 pesos por actuante que viene desde el 2020, a la fecha el IAFAS todavía no presentó ni un papel de qué hizo con el dinero. Y lo más vergonzoso de todo esto es que ya hay muchos compañeros que murieron y muchos otros que iniciaron acciones legales que se cayeron, y llama la atención que un juez le permita al asesor legal del IAFAS de ese momento, (Eduardo) Sotera, meter un embargo contra los trabajadores cuando este juicio no ha finalizado. Y además Sotera en el año ‘93 tomó conocimiento de este problema y no hizo absolutamente nada para solucionarlo, y el IAFAS dice hoy que no tiene documentación porque fue destruida; cuando es lógico que si los trabajadores teníamos una demanda esa documentación se debía preservar”, puntualizó Videla.

Asimismo, cuestionó: “Cómo puede ser que hoy el IAFAS supuestamente no tenga ningún papel para demostrar que nuestra plata fue dirigida a la Caja de Jubilados, al IOPSER o a la Ley 4035. Le pregunto al juez que si no está terminado esto y hay una responsabilidad de un ente del Estado, cómo puede ser que le permita en este momento y en esta situación, someternos a un embargo”.

Lamentó “los años que fuimos sometidos a un trabajo nocturno, con miles de personas adentro de las salas fumando, causando daños a la salud de los trabajadores, no nos pueden devolver esos años pero el Estado debe reconocer que si hoy la justicia le permite a un asesor legal en su momento cobrar por algo de lo que fue responsable desde el año ’93, y que podría haber solucionado pero nunca lo hizo perjudicando a cientos de trabajadores”.

“Hablamos de alrededor de 600 trabajadores que no están dentro de esta causa, son compañeros de Paraná que fueron embargados injustamente cuando el Estado, puntualmente el IAFAS no puede demostrar que la plata descontada fue dirigida a las reparticiones correspondientes”, acusó.

Finalmente, sostuvo que “en esta demanda son 600 trabajadores pero están involucrados compañeros de Federación, Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y algunos de Paraná. Pedimos que se hagan las cosas como corresponden y que termine de una vez por todas esto que ha sido totalmente injusto para los trabajadores, y que los responsables paguen por los daños cometidos a los trabajadores”.