El abogado, ex senador provincial y ex convencional constituyente, Juan Carlos Arralde, celebró la decisión del gobernador Gustavo Bordet de enviar a la Legislatura el proyecto de creación de una Fiscalía Anticorrupción, aunque lamentó “los 14 años de demora” en tratar el tema.  

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Arralde sostuvo que “obviamente no se puede más que recibir con beneplácito este tipo de noticias” pero destacó que “son 14 años de mora legislativa en tratar un tema de semejante envergadura, porque no hay en la provincia de Entre Ríos un organismo judicial que específicamente se dedique a investigar delitos de corrupción”.

“Es una buena noticia, que hay que celebrarla y lamento que se haya demorado tanto tiempo en legislar sobre un tema tan trascendente sobre todo por los antecedentes que tiene Entre Ríos en las prácticas de la corrupción administrativa. Enhorabuena que el Ejecutivo envíe un proyecto de ley, aunque es necesario decir que ya había otros proyectos de legisladores que nunca tuvieron ningún tipo de apoyatura política. Esto está señalando que Bordet habrá hecho un paneo entre sus propios legisladores y tiene apoyo para tratar un tema tan importante, que pueda incluso exhibir como un trofeo político para el año que viene”, definió.

Si bien dijo conocer el proyecto por la prensa y habrá que esperar que tome estado parlamentario para saber detalles finos del mismo, opinó que “es un tema que merece establecer un línea divisoria muy clara entre la vocación del poder político de investigar de verdad, en serio y a fondo la corrupción y de no influenciar de ninguna manera la conformación de los estamentos que forman parte de la estructura de funcionamiento”. En tal sentido, puntualizó que “si realmente se le va a dar mayor puntaje a aquel personal que tiene antigüedad o alguna experiencia en la administración pública puede leerse como una suerte de influencia indirecta para copar los espacios que pueden llegar a ser estratégicos en una estructura de esta naturaleza”.

Y advirtió que “hay que despejar claramente las cosas para enviarle un mensaje a la sociedad de que esta gestión o este gobernador realmente desea una Fiscalía Anticorrupción absolutamente independiente del poder político, para que no pase lo que está pasando con este jury (contra la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche) y las cuestiones cruzadas que mantienen en vilo a los investigadores”. “En eso tiene que haber una línea divisoria muy clara y muy tajante desde el poder político, que es el autor del proyecto”, reiteró.

Respecto a otro de los puntos de la iniciativa que determina que “los peritos serán designados por el gobierno previo concurso”, Arralde explicitó que “lo que se tiene que concursar y pasar por el tamiz del Consejo de la Magistratura son los cargos judiciales, básicamente del funcionariado: el fiscal anticorrupción –con rango de subprocurador- y los dos fiscales adjuntos –uno en la costa del Uruguay y otro en la costa del Paraná-pero entiendo que el resto podría ser interpretado como personal administrativo o técnico que no debería pasar por el Consejo”.

“Esto abre también la discusión sobre cuál es el origen del nombramiento de estos técnicos, ya que es persona altamente especializado y que conoce los vericuetos de la prueba electrónica o digital que suele estar muy involucrada en la investigación de estos delitos de corrupción. Cuidado con el origen del nombramiento porque así como se nombra por decreto también se lo puede remover. Por eso suena un poquito con una suerte de alarma”, apuntó.

Sobre la importancia de la decisión de Bordet, el abogado consideró que “tiene que ser muy artesano, con una labor de orfebre, para designar buenos vocales, que sea gente con calidad académica y a buen resguardo de la influencia del poder político”. “Creo que puede irse de la gestión dejando un mensaje muy claro de qué modelo de justicia está pergeñando para el futuro y nombrar vocales que tienen estabilidad y una permanencia vitalicia, salvo causales de juicio político, es un tema trascendental”, definió.

Sobre la postulación de Bordet respecto de Gisela Schumacher como vocal del STJ, Arralde sostuvo que “la funcionaria propuesta tiene altas condiciones académicas para ocupar el lugar, nadie va a vetarla en ese sentido. Lo que sobrevuela pero nadie lo va a decir son las relaciones que pueda tener ella con el poder político, teniendo en cuenta la relación de estrechez –es la pareja- con el presidente de la Cámara de Diputados, lo cual no tendría una causal para vetar su presencia en el Superior Tribunal de Justicia”.

“A esto nadie lo va a decir pero sobre vuela: qué grado de influencia puede tener en esta futura jueza esa relación. La verdad que académicamente, en las cualidades y actitudes que tiene esta doctora nadie puede decir nada, por eso es que no se ha escuchado nada respecto de sus capacidades, que las ha demostrado. Hay una línea muy delgada entre la subjetividad, la intimidad y la calidad académica de la persona propuesta”, analizó.   

En cuanto a la imposibilidad de Schumacher de actuar en causas que involucren al poder político, refirió que “al integrar la cabeza del Poder Judicial inevitablemente tiene en sus manos el poder político de uno de los poderes del Estado. Los vocales del STJ toman decisiones políticas que involucran a las jerarquías inferiores, entonces hay que ser muy cautos con esto. De todos modos, pero también creo que a la gente hay que dejarla andar y habrá que ver como atraviesa esta funcionaria el tamiz del Senado con su pliego”.

Megajuicio a Urribarri

Consultado por el juicio que se sigue al ex gobernador Sergio Urribarri acusado de delitos de corrupción, Arralde aseveró que “este juicio tiene la ocasión histórica de demostrarle a la ciudadanía el grado de independencia del Poder judicial con respecto a la política y al resto de los poderes”.

Planteó que “es una ocasión histórica, única que tendrá el tribunal de exhibir su autonomía y su independencia. Se está juzgando por primera vez en la historia a un ex gobernador de la provincia, que ocupó el cargo durante dos mandatos de manera tal que puede ser un antes y un después, y un mensaje muy claro hacia los gobernantes, hacia los que detentan y ejercen el poder político: que acá estamos todos sometidos a la misma ley, a la misma Constitución y por lo tanto somos todos iguales ante la ley. Veremos si esto se advierte en el veredicto que vayan a dictar”.

“El modelo adversarial del sistema acusatorio entrerriano ha funcionado a la perfección, todos han tenido derecho de defenderse amplia e integralmente, y veremos cómo fallan los jueces. Es un hito para la historia judicial entrerriana”, sentenció.

Por último, en cuanto a las críticas de los abogados defensores hacia el periodismo, afirmó que “cuando uno va a proceso debe defenderse de las imputaciones concretas y para eso debe presentar pruebas concretas que contrarresten o amortigüen la pretensión punitiva del Ministerio Público Fiscal y cuando se patea la pelota afuera, o se recurre al lawfare o se habla de la influencia mediática es porque puede existir un déficit probatorio”. “No conozco los pormenores del juicio más que por los medios, pero acá hay que discutir con pruebas y argumentos jurídicos, lo demás es para la tribuna”, concluyó.