Antes de que la pandemia de coronavirus trastocara toda la realidad del país y el mundo, en octubre de 2019 la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) planteó la necesidad de reformar el Estatuto: el consejo superior, uno de los máximos órganos de cogobierno, aprobó la conformación de una comisión ad hoc para abordar el proceso de reforma, integrada por los entonces decanos Eduardo R. Muani (Económicas), Pedro A. Barbagelata (Agropecuarias) y Oscar Gerard (Alimentación); también Marino Schneeberger, por el claustro docente; la estudiante Agostina Giarross; la consejera no docente Rosa A. Raitzin y Alejandro Caudis, secretario de Asuntos Jurídicos de la Universidad.

Entonces, el rector de la UNER, Andrés Sabella -que transita su segundo mandato y no puede ser reelecto nuevamente-, planteó la necesidad de que la Universidad genere un ámbito de discusión “abierto, participativo y al mismo tiempo planificado de modo tal que se vayan logrando consensos paulatinos en las distintas temáticas que se presenten”. Pero el plan de vuelo de Sabbella sufrió bruscos cambios producto, según algunas voces, de los reacomodamientos internos de la Universidad: de ese modo la convocatoria a asamblea universitaria para votar el nuevo Estatuto, prevista para enero, quedó en veremos, y ahora se plantea una reunión del consejo superior para febrero para compatibilizar posiciones encontradas.

En junio de 2022 se puso a disposición de los decanos de las nueve facultades el texto “borrador” para su análisis. En esos encuentros eran pocas las sugerencias y propuestas de modificación que las máximas autoridades de cada unidad académica hizo al proceso: el escenario no podía ser mejor para los planes de Sabella. Pero la discusión seguía a nivel de los consejos directivos –los órganos de cogobierno de las facultades- y así en diciembre aparecieron propuestas que ponían en discusión temas que se creían resueltos en el borrador.

Un texto que circula en la Universidad, y que es crítico de la gestión, resalta que desde algunas de las facultades entienden que “la urgencia de aprobación de la reforma al Estatuto está ligada a esos temas centrales de controversia, en el contexto de un año político, donde el rector puede perder los contactos a nivel nacional que hoy ostenta, en especial  con el Ministerio de Educación de la Nación, y este nuevo Estatuto le permita, en la concentración de poder que la misma norma establece, y obligar a los decanos que ante cada paso importante que se quiera dar en las facultades se deberá acordar con Rectorado, en especial atendiendo a que la mitad de las Facultades de la UNER tienen más ascendencia con Juntos por el Cambio”.

Así, se planteó un “no a la centralización operativa y política que plantea el nuevo Estatuto”, incluir la paridad de género en las fórmulas de rectorado y decanato, mayor participación estudiantil en los órganos colegiados, no dejar centralizar los fondos del propio producido de cada facultad, reelección de autoridades, mayor transparencia en la formulación del presupuesto, entre otros. “Llamamos un `Estatuto a la carta` ya que solo se tratan los temas que interesan a unos pocos, la Universidad tiene que ser democrática y no basta con tener Consejos Directivos y Superiores donde se representen los claustros, este proyecto plantea centralización de recursos, de autoridad, le duplica las funciones al Rector y le saca temas a los órganos deliberativos, no contempla paridad de género en todos los órganos, nos deja como estudiantes con menos representatividad proporcional en los Consejos, en definitiva hay más derechos para las autoridades y menos para los estudiantes”, dice un texto que circuló en los últimos días.

Sofía Cáceres Sforza, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios de Entre Ríos (Sitradu), dice que se enteró de la intención de reforma del Estatuto “a través de compañeros que eran consejeros”, y reprocha que la forma “que tuvo la gestión de convocar al debate fue escasa: se creó un comisión a la que se podían mandar propuestas a través de los consejeros directivos, pero no sabemos cómo llegaban esas propuestas a la comisión o con qué criterio se aceptaban o rechazaban las propuestas. Por ejemplo, leyendo el anteproyecto notamos que la representación estudiantil en los consejos, en relación a otros claustros, disminuye, y en una reunión a fin del año 2022 se comentó que, supuestamente, no hubo ninguna propuesta de modificar ese número cuando, en su momento, varias agrupaciones estudiantiles sí habían enviado la propuesta de modificarlo”.

“Esto es un ejemplo de cómo el debate y la amplitud de la participación fue escaso, sumado a que en los años de pandemia fue imposible reunirse, generar asambleas para discutir esto, y por eso fue una sorpresa cuando en el año 2022 nos enteramos que ese trabajo había continuado y que se pretendía aprobar ese mismo año”, señala. Al respecto, sostiene que el Sitradu señaló algunos puntos que considera clave a tener en cuenta en la reforma.

En primer lugar sostiene que “a pesar del momento histórico que vivimos, no hay mención a una perspectiva de género en el Estatuto. En su preámbulo se quitan, también, algunas cuestiones importantes como el valor de la gratuidad de la universidad”. También, “se quita la obligatoriedad de convocar a una asamblea universitaria por año, el órgano máximo de nuestra universidad y donde se encuentra el mayor número de representantes. Esto es altamente preocupante para nosotros: en vez de pensar los mecanismos para garantizar que la asamblea se reúna una vez al año, se quita de un plumazo y queda solo convocada para ocasiones especiales”.

En cuanto a docentes, “se amplían las funciones de los auxiliares y jefes de trabajos prácticos. En ese sentido queremos llamar la atención porque que se amplían las funciones docentes pero los salarios seguirán siendo los mismos. Hace mucho que desde Sitradu y a nivel nacional se viene denunciando la precarización que existe en las universidades públicas. Creemos que sumar trabajo por igual salario va en esa línea”.

“En el texto del anteproyecto que se pondrá a consideración de la asamblea universitaria no fue tenida en cuenta nuestra propuesta de padrón único para el claustro docente. Esto es: que la representación de los docentes funcione como un solo claustro y no por categorías. Que la docencia elija en general a sus representantes sin jerarquías”, plantea la dirigente. “También nos hizo ruido la modificación sobre quiénes pueden ser elegidos a rector o rectora, creemos que tener un vínculo con la universidad debería ser un requisito para ocupar este cargo”, subraya.

Y plantea que “lo importante es no apurar su aprobación y generar espacios masivos, amplios, democráticos, en los cuales discutir realmente esta reforma. Tenemos una oportunidad histórica de incluir preocupaciones como la medioambiental (justamente en una provincia como la nuestra), la defensa de la gratuidad, el fortalecimiento de la autonomía universitaria, la perspectiva de género, la ampliación de la representación en el cogobierno, todas cuestiones que debemos debatir profundamente”.

Santiago Haddad, consejero directivo en la Facultad de Ciencias Económicos, representante del Movimiento Nacional Reformista (MNR), ligado al socialismo, dice que la reforma “es una gran oportunidad que se desaprovechó. Celebramos la iniciativa de reformar el Estatuto, pero se hizo pensando en acomodarlo a lo que establece la Ley de Educación Superior”.

“En 2019, se consultó a toda la comunidad universidad sobre el proceso de reforma del Estatuto: qué temas debían tratarse en la reforma. Nosotros planteamos un montón de temas, como elección directa de las autoridades, que se puedan abrir los cargos para que no solo los docentes titulares puedan ser decanos o rector,  más derechos para los estudiantes, y la paridad de género. Lamentablemente, el proyecto de la comisión ad hoc no tiene nada de eso”.

Haddad asegura que todas las observaciones que formularon fueron desechadas, “y en contrapartida se aplican cambios que no son sustanciales. Pero además, se le otorgan más facultades al Rectorado en el manejo de los fondos, como los del propio producido de cada facultad, y se impulsa que el tope de la reelección no alcance a los vicedecanos”.

Cuestiona también que se pretenda equiparar el Estatuto de la UNER con lo que fija la Ley de Educación Superior, sancionada durante el menemismo, “una ley retrógrada. Esa ley establece que en los órganos de cogobierno, la mitad de los consejeros deben ser docentes; y la otra mitad, se reparte entre el resto de los claustros. Pero la Coneau (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) observó que en la UNER los decanos forman parte del claustro docente. En la reforma del Estatuto se los saca como docentes, por lo que el claustro docente va a incrementar su participación. En la torta de poder, los estudiantes tenemos menos. Además, con la reforma se metieron con la elección de estudiantes, y se fija que sea el colegio electoral el que designe a los consejeros superiores. Con el sistema actual, las segundas fuerzas tienen posibilidad de integrarlo. Pero ahora, lo que se intenta es cercenar a las minorías”.

Nicolás Zuttión, que se referencia en la Agrupación Indignadxs de la Facultad de Ciencias de la Educación, plantea una diferencia sustancial con la discusión en marcha en la UNER: reprocha la pretensión del rector “como una maniobra de rectorado para impulsar, de forma antidemocrática, un modelo de estatuto adaptado en términos legales y jurídicos a la Ley de Educación Superior menemista. Es convalidar el modelo de mercantilización de la Universidad que se profundizó en los ´90. Para esto se generó una comisión ad hoc que, junto con las instancias de `filtro` en los consejos directivos, se encargó de vetar los proyectos presentados por los diferentes claustros que no cuadraban con su objetivo”.

“Desde nuestro espacio propusimos la mayoría estudiantil en el  consejo superior y en los consejos directivos. Insistimos con esta idea porque, en promedio, los estudiantes en la universidad somos el 80% de su conformación total. Sin embargo, no tenemos la representación mayoritaria. En la asamblea universitaria, por ejemplo, -aquel órgano compuesto por 149 asambleístas- sólo representamos un 21%. Además, también presentamos un proyecto para la elección directa de nuestras autoridades, tanto rector, vicerrector, decanos, vicedecanos y también a nuestros consejeros superiores y directivos. Y, también, la unificación de todas las categorías docentes en un padrón único para que puedan elegir a sus representantes. Todas estas propuestas, como mencioné, fueron rechazadas por no cuadrar con la Ley de Educación Superior, la misma normativa que prioriza la venta de los servicios educativos en vez del derecho a la educación pública y también admite la injerencia de los gobiernos y organismos multilaterales, quebrantando la autonomía universitaria”, subraya.

Enseguida da cuenta de un escenario en el que “nos encontramos con una propuesta de estatuto en donde se elimina la convocatoria anual a asamblea universitaria, algo que Sabella durante su gestión no cumplió nunca. Pero, con el proyecto de reforma quiere avanzar en su carácter antidemocrático”.

(Entre Ríos Ahora)