La bancada del bloque de diputados radicales está trabajando en diversos proyectos legislativos para avanzar con una reforma en la política fiscal. Confeccionar una nueva base de datos impositiva con la caracterización del componente económico y social de cada propietario, rediscutir el convenio multilateral y establecer claramente los dominios de la tierra, son algunos de los objetivos de esta propuesta.
En la última semana, la propuesta para trabajar con este propósito, la hizo el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuentas de la Cámara de Diputados, Hernán Vittulo, y rápidamente la aceptaron las bancadas de la oposición, cuando el debate se centraba en la moratoria impositiva.
Las dudas están planteadas respecto del tiempo que el gobierno se tomará para hacer cambios y hasta dónde está dispuesto a avanzar en esta materia. Es en la definición del régimen impositivo donde puede advertirse poder de decisión, uno de los pocos ámbitos de autodeterminación, señalan en el bloque de la Unión Cívica Radical.
En el último presupuesto sancionado, alrededor del 77 por ciento de los ingresos procede de la coparticipación nacional y el 23 por ciento son fondos genuinos provinciales. El dato indica la necesidad de revisar este modelo económico de recaudación y transferencia de los sectores provinciales hacia la Nación.
Pero, el diputado Fabián Rogel propone “hacer un desarrollo transparente para que las autoridades nacionales, que permanentemente monitorean a las provincias, vean que se hizo un reordenamiento en todo sentido”. Analiza que, “si tenemos un desfase de todo tipo en aquello que puede hacer la Provincia, mal se puede ir a hacer pedidos a la Nación”.
Con miras a reordenar la política fiscal, propone revisar qué cosas podrían estar haciéndose en la Provincia y que por ahora no ocurren. “La Dirección de Rentas no está a la altura de las circunstancias, para establecer mínimamente la base de datos impositiva que se necesita para plantear la discusión fiscal, para que paguen más los que deban pagar, como corresponde, y aquellos que están en situación de crisis o debajo de la línea de pobreza”, aseguró el diputado radical.
Prioritario, entonces, consideró obtener una serie de datos básicos para hacer un encuadramiento de lo que debería ser un padrón impositivo. Cuestionó que el actual es un número de partida que no contiene una discriminación económica y social de los contribuyentes.
En este caso, estimó que, con las facultades de Ciencias Económicas y de Trabajo Social, valiéndose del sistema de becas, es posible llevar a cabo, en seis meses, un registro que refleje un diagnóstico de la calidad del contribuyente en Entre Ríos.
Cuestionó que, actualmente, tampoco se puede establecer cuántas partidas tiene un solo contribuyente, es decir, determinar los casos en que uno solo concentra muchas propiedades. Consecuentemente, no puede saberse, señaló, quién utiliza una moratoria como forma de evasión y quién cae en un régimen de esa naturaleza, por una situación económica y social coyuntural.
A favor de un nuevo empadronamiento también argumentó que, “en un estado de crisis, se debe saber cuál es la calificación económico social de lo que tengo para cobrar y recién entonces, discutir un revalúo”. En cuanto a la tenencia de la tierra, no hay un padrón que establezca “quiénes son los tenedores y cómo están las simulaciones de las sociedades anónimas”.
Un trabajo en conjunto de Personería Jurídica con otros organismos estatales, sumado a un proyecto de ley presentado por la Federación Agraria, permitiría “avanzar no sólo en evitar la enajenación de la tierra sino en desenmascarar a quienes son sus dueños y establecer que esas sociedades anónimas deben tributar en la provincia”.
Además, aparece como una certeza que la ausencia de la información en una de las pocas áreas de autodeterminación y soberanía que puede tener un gobierno, como es el cobro de sus impuestos, siempre juega a favor de los más grandes, de los poderosos, de la picardía y de la evasión.
Fuente: Informe El Diario
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