Es preciso señalar que en 2011, esa Cámara apenas revisó seis fallos, y de los 66 represores sentenciados, sólo 43 tienen condena firme, según informó la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las Causas de Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación.

La Cámara de Casación se aggiornó a fines de 2011 con la jura de cuatro nuevos integrantes. A los viejos que están en el cuerpo desde 1992, cuando se creó, se sumaron Alejandro Slokar, discípulo del juez federal Eugenio Zaffaroni; el ex fiscal Mariano Borinsky; la ex funcionaria de Derechos Humanos, Ana María Figueroa, y el catedrático Juan Geminiani.

Los jueces, autorizados por el artículo cuatro del Código Procesal Penal, que permite a los tribunales en reuniones plenarias “dictar normas prácticas” para aplicar ese código, ya empezaron a trabajar.

La ex presidenta del cuerpo Ángela Ledesma, hizo circular el mes pasado entre sus pares un proyecto de protocolo para tratar a las víctimas de delitos de lesa humanidad. Quiere conocer la opinión de sus colegas y sus sugerencias. Se prioriza allí, por ejemplo, que una vez que las víctimas hayan declarado en un proceso, no será necesario que lo vuelvan a hacer en otro juicio. Para no revictimizarlas y ahorrar tiempo.

Última reunión

El 28 de diciembre, en la última reunión del año de la Cámara, Pedro David propuso continuar con las modificaciones. Se habló de limitar el tiempo de lectura del auto de elevación a juicio. Es un escrito que sintetiza los cargos contra los acusados: en la causa Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) se demoraron cuatro meses en leerlo. En el juicio por el contrabando de armas contra Carlos Menem, con 30 acusados, la demora fue de seis meses.

Por eso, se propuso que se realice una audiencia preliminar donde se acuerde leer sólo algunos párrafos y dar el resto por incorporado, pues ya está en el expediente. Otra idea que se baraja es multiplicar las declaraciones vía teleconferencia, lo que acorta los viajes de testigos, los tiempos y hasta permite la declaración simultánea en varios procesos.

Los camaristas piensan además permitir que el imputado esté sólo presente cuando tenga que ser indagado y al final del juicio, cuando se lea la sentencia, de modo que cuestiones de salud de los acusados no demoren los procesos.

Del mismo modo se busca limitar el tiempo de los alegatos y las últimas palabras de los acusados antes del veredicto, de modo que no sean largos discursos de defensa, sino sólo una reflexión final.

Además, hubo presentaciones de Figueroa y de Borinsky con más sugerencias para el tratamiento de la víctima y reuniones entre Slokar, Figueroa y David para avanzar en la redacción de una acordada, publicó La Nación.

En la ciudad de Buenos Aires hay seis tribunales orales federales, y de ellos sólo uno no tiene casos de lesa humanidad. En todo el país no hay tribunal oral federal que no esté tramitando una causa o esté próximo a iniciar un juicio por violaciones de los derechos humanos.

La idea es que en febrero, cuando se reanude la actividad judicial, los jueces convoquen a un plenario donde integren todas estas ideas para debatirlas y llegar al dictado de normas generales que deberán aplicar obligatoriamente los tribunales orales federales de todo el país, para acelerar estos procesos de modo que terminen antes de 2015.