La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) envió una carta documento intimando que en el plazo “improrrogable” de 30 días el gobernador Jorge Busti reglamente la Ley 9.393 de Grande Superficies Comerciales, conocida como Ley de Hipermercados, que fue sancionada hace más de tres años. En caso contrario, recurrirán a la justicia ya que, “nos veremos constreñidos a promover las acciones legales, de naturaleza constitucional y penal, a los fines de materializar su puesta en vigencia y los incumplimientos que como funcionario público estaría cometiendo”, reza la nota.

“Le estamos exigiendo al gobierno algo constitucional, que es que reglamente la ley que se aprobó hace aproximadamente tres años y que no se ha reglamentado”, explicaron desde APYME.

En este sentido, recordaron que al asumir esta gestión, y debido al perjuicio que esta norma podría acusar al Estado “consensuamos con funcionarios del área de la Producción, con el secretario (Daniel) Welschen y con el subsecretario (José Alberto) Gómez, plantear una nueva ley, pero hasta ahora no se logró nada, no se avanza, por lo que nos hemos visto forzados a enviar esta carta documento para que el gobierno ponga en marcha una ley que ya tiene en las manos”.

Concretamente, la carta documento dirigida a Busti, fechada el 18 de mayo y firmada por Alfredo Caino, Manuel Gabas y Rafael Vicentín, presidente, secretario y tesorero respectivamente de la Asamblea, dice que “en uso de las facultades y derechos que consagran nuestras constituciones nacional y provincial, INTIMAMOS a Ud. a que, en un perentorio e improrrogable plazo de treinta (30) días corridos, desde la recepción de la presente, proceda a dictar la reglamentación pertinente de la Ley Nº 9393 (B.O. 6/03/02), a los fines de que tengan plena vigencia las disposiciones en ella contenida, en especial, lo preceptuado en los artículos 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º y 19º de ese plexo normativo”.

“Tal inactividad reglamentaria por parte de ese Poder Ejecutivo provincial, nos viene causando desde hace treinta y ocho meses a la fecha, perjuicios irreparables y nos ha hecho inexplicablemente víctimas de una vorágine concentradora que nos diezma día a día en nuestras actividades comerciales e industriales”, señalan.

Si este requerimiento hacia el Ejecutivo no se llegará a cumplir, Manuel Gabas adelantó a APF que “recurriremos a la justicia”, lo cual está especificado en la misiva, que expresa: “Caso contrario y, en resguardo de nuestros legítimos intereses y derechos constitucionales hasta el momento conculcados sin que medien causales de excusabilidad atendibles, nos veremos constreñidos a promover las acciones legales, de naturaleza constitucional y penal, a los fines de materializar su puesta en vigencia y los incumplimientos que como funcionario público estaría cometiendo, respectivamente”.

“Entendemos y estamos plenamente convencidos de que el imperio de las leyes y el hacerlas cumplir sin mengua alguna, constituyen preceptos que un funcionario público no puede vulnerar en una república democrática y bajo un sistema representativo de gobierno”, concluye la carta documento.