Aranguren dijo a radio Mitre que, en materia de cortes de suministro, la meta es llegar en los próximos dos años a “un dígito, en cuanto a cantidad de horas por año”, que es el nivel de América Latina, salvo dos excepciones.

El ministro recordó que en 2003 esa duración de los cortes promedio era de 6 horas por usuario por año, mientras que en 2014 esa interrupción fue de 33 horas.

La necesidad de realizar inversiones y de mantener una parte de los subsidios fue corroborada por centros de estudios (como la Fundación para el Desarrollo Eléctrico), académicos (como Víctor Bronstein, de la UBA) y voceros sindicales (como José Rigane, de la Federación de Trabajadores de la Energía).

El problema más serio del sector “está en la distribución", dijo Aranguren, “que carece de la inversión necesaria para poder brindar el servicio en la calidad que requieren nuestros usuarios".

El ministro precisó que el Estado nacional regula sólo a las empresas del área metropolitana, Edenor y Edesur, y señaló que es “en la zona sur del Gran Buenos Aires donde el sistema es antiguo y requiere un mantenimiento mayor que en la parte norte”.

Por su parte, Oscar Dores, director de Fundelec, también situó la crisis en la distribución eléctrica en el área Metropolitana, y la atribuyó en parte al incremento de equipos de aire acondicionado en los hogares.

En diálogo con FM Vorterix, Dores dijo que "el problema se centra en Capital y Gran Buenos Aires, donde cada casa ha incorporado 2 ó 3 equipos de aire acondicionado, y las redes subterráneas se recalientan si hay varios días seguidos que no tienen tiempo de refrescarse a la noche".

"En los días comunes, más de 310 por año, consumimos 5 mil megavatios menos, el equivalente a cuatro Chocones o a la suma de Yacyretá y Salto Grande, y luego consumimos muchísima energía por unos pocos días", puntualizó.

Bronstein, por su parte, vinculó los problemas energéticos con el aumento del consumo por el crecimiento económico: “en 2003 la potencia máxima del sistema era de alrededor de 15 mil megavatios, y ahora llega a 25 mil, un 70% más”, puntualizó a radio del Plata.

Consideró luego que “declarar la emergencia es un título” y puso en duda la posibilidad de cortes programados, ya que “la situación crítica en el área metropolitana está en el sector distribución, y ahí no es fácil programar cortes, ya que las interrupciones son más aleatorias”.

Por su parte, el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, dijo que la declaración de emergencia eléctrica no significó "ninguna medida concreta", al tiempo que enfatizó que “si no hay problemas de generación, no hay colapso energético”.

“Me da la impresión de que no hubo ninguna medida anunciada y descartó que pueda hablarse de obsolescencia del parque generador en la Ciudad de Buenos Aires cuando el área es abastecida por Atucha II recientemente inaugurado, al igual que las centrales Belgrano, San Martín y Ensenada que se construyeron en los últimos años”, dijo el actual diputado nacional en diálogo con radio Del Plata.

“Desde el año 2003 sufrimos las mismas presiones por parte de Edenor y Edesur pero nunca cedimos a su pretensión de dolarizar las tarifas y en los últimos dos años concretamos un importante plan de inversiones en la distribución con más de 3.500 millones de pesos en más de 2 mil obras que mejoraron las redes”, agregó el ex funcionario.

Aranguren, por su parte, dijo que "a partir de la emergencia queremos discutir con las empresas un programa que permita no sólo mejorar el mantenimiento de las redes sino también lograr esa previsibilidad que al menos permita tener conocimiento de cuándo se puede producir un corte, y cuál es la duración estimada del mismo”.

El ministro de Energía anticipó que el decreto de emergencia que está a la firma del presidente Mauricio Macri contempla un plan para mejorar la generación, transmisión y distribución eléctrica, para que usuarios y organismos públicos centrales y descentralizados inicien un proceso de uso racional de energía.

Además, “invitamos a las jurisdicciones provinciales a que hagan lo propio, para evitar que esa emergencia la tengamos que vivir en otras partes del país”.

Sobre el impacto social del aumento de tarifas, Aranguren aclaró que “por el momento vamos a tener la necesidad de seguir subsidiando al segmento de la población que así lo demande”, si bien cuestionó que “en la última década se generó una política de subsidios a la oferta, para todos y para todas, aun para aquellos que no lo necesitan”.