“No debe perderse de vista que esta sentencia fijará el rumbo que tomará el poder político de aquí en adelante, porque no sólo el presidente del Tribunal de Cuentas debe concursar para acceder al cargo, sino también el fiscal de Estado, el contador y tesorero de la Provincia y el defensor del Pueblo”, explicó el abogado radical de San Salvador para poder “establecer la verdadera magnitud de lo que se halla en juego en esta causa judicial, más conocida en los medios y en la jerga tribunalicia como el Caso Smaldone”.

“Espero sentencia desde el 18 de febrero pasado, cuando el expediente pasó a despacho de los jueces para sentenciar y tuve que solicitar un pronto despacho para urgir la tarea de los jueces, porque había verificado una demora de cinco meses en el despacho de una de ellas, lo que es inadmisible”, consideró Arralde. Sostuvo que “esta causa exhibirá ante la sociedad la verdadera independencia y responsabilidad constitucional que tienen nuestros jueces supremos en la aplicación de la Constitución reformada en 2008, que aun espera ser reglamentada en todas sus instituciones. La gente estará atenta a este fallo porque le permitirá medir el grado de confianza de los jueces cuando se trata de juzgar al poder”.

Debe recordarse que el abogado concordiense Guillermo Smaldone –hijo del vocal del STJ Juan Ramón Smaldone– fue designado sin concurso público de antecedentes y oposición al frente del Tribunal de Cuentas con la sola aprobación de su pliego por un Senado oficialista y monocolor, que lo avaló luego de una simple entrevista con el postulante. Antes de ocupar el principal órgano de control del Estado, Smaldone se desempeñó como ministro de Trabajo de Urribarri, en cuya gestión se concretó un millonario contrato de provisión de un software para “el mejoramiento de la administración y gestión pública” con el empresario paraguayo Diego Cardona Herreros –muy cercano al ex gobernador- quien por estos días vuelve a la consideración pública por un servicio de consultoría en la ATER.

“Es insólito que hasta los jueces y fiscales deban someterse a un concurso abierto para pujar por los cargos vacantes y el presidente del Tribunal de Cuentas pueda sustraerse libremente a ese trámite sólo porque no exista ley que reglamente ese concurso. Sólo espero que los jueces del STJ, aun los que reemplazan a quienes se excusaron de entender en la causa (por Smaldone padre y Carlomagno) tengan la suficiente libertad espiritual para actuar con independencia, que ninguna circunstancia haya podido influir o presionar sobre su decisión y votar con apego a las normas constitucionales”, concluyó el ex convencional Arralde.