Juan Gasparini, desde Suiza, especial para ANALISIS DIGITAL

Tal es así que el gobierno nacional preparó un escrito de denuncia en 2004 para destituir a Cavallo, documento secreto que ahora se puede consultar en mi página web, junto a la integralidad del libro de mi autoria consagrado al caso. Desgraciadamente el proyecto de remover a este personaje de la función pública mediante un juicio político fue abandonado por el gobierno.

El 31 de diciembre de 2007 el camarista pasó a la actividad privada. Primero reapareció de financiero y periodista de ocasión, integrante de la sociedad que explotaba el diario Crítica de la Argentina, que terminó con todos sus trabajadores en la calle. Después empezó a operar de abogado. Descolla actualmente como defensor de Ernestina Herrera de Noble, propietaria del grupo Clarín, bajo sospecha de una irregular adopción de dos bebes durante el pasado régimen militar.

Mal que le pese a no pocos implicados y cómplices, se mantiene incólume mi reportaje periodístico. Para subir de juez a camarista, Cavallo obstruyó el avance del procedimiento penal mientras fuera responsable de esclarecer los sobornos del Senado, entre el 19 de febrero de 2001 y el 17 de agosto de 2001, dejando sin resolver la situación de los principales imputados (José Genoud, Fernando de Santibañes y Mario Alberto Flamarique).

Nada menos que la hoy Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, lo afirmó oportunamente hace casi diez años: “el juez Cavallo fue ascendido a camarista con el voto de los senadores que estaba investigando”, cargo que obtuvo “pese a que otros candidatos consiguieron mejor calificación al concursar por el puesto en el Consejo de la Magistratra” (La Prensa, 29 de octubre de 2001).

En efecto, durante su mandato de juez federal Cavallo logró que cambiaran el orden que arrojaba la mayoría de los exámenes, pasando a ocupar el primer lugar de una lista por jerarquía “alfabética”, acomodándose a la exigencia que había planteado el presidente De la Rúa de mandar al Senado para aprobación a quien, por mérito, encabezara la terna.

Cavallo no definió cargas penales contra nadie en las diligencias del sonado cohecho en la Cámara Alta, y alejó toda posibilidad de valorar los patrimonios de los senadores incriminados. Entorpeció la acción de los fiscales, Eduardo Freiler y Federico Delgado, apartando del expediente a Rafael Bielsa, responsable de la SIGEN, todos decididos a seguir la pista del dinero, quienes reclamaban la auditoria de las cuentas de la SIDE, y la desclasificación de documentos confidenciales.

El libro diseca el lenguaje de doble discurso practicado por Cavallo, de independencia hacia los medios de comunicación, pero de complicidad para con el poder de turno. Pone el ejemplo que esa conducta se vio al parecer manifestada en la excarcelación que ordenara el 7 de noviembre de 2001 en favor de doce genocidas de la ESMA y de otros seis de los centros clandestinos de la dictadura implantados en Santa Fé, solicitados en extradición por el juez español Baltasar Garzón, represores que no podían ser juzgados en Argentina por las leyes de amnistía vigentes en esa fecha.

El libro evoca también su fallo del 6 de marzo de 2001, que decretaba inconstitucionales tales leyes, supuestamente careció de jurisdicción al producirse en un caso de despojo y apropiación ilegal de una menor, hechos no cubiertos por esas normas, en apariencia tergiversando un Amicus Curiae del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), pidiendo esclarecer el secuestro y desaparición de los padres de aquella víctima, crímenes sí cubiertos por las mentadas leyes.

Quien tiró abajo las leyes fue la Cámara Federal de Buenos Aires, en el entendido que fueron inútiles al ser adoptadas con posterioridad a la ratificación por parte del Estado de instrumentos que las prohibían (la Convención Americana de Derechos Humanos de la OEA, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, y la Convención internacional contra la Tortura) subsanando así la presunta falta de Cavallo. El Amicus Curiae del CELS, retomado por tres prestigiosas ONGs a nivel mundial (Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Juristas), fue desestimado por la Cámara Federal.