El programa de salida paulatina de parte de los 1.500 niños y adolescentes alojados en los hogares de menores se hará con una inversión mayor a la prevista, del orden de los 2,5 millones al año. Con ese dinero, el Estado piensa sostener financieramente el programa que, en esencia, prevé otorgar a las familias un subsidio que tendrá un tope máximo de 150 pesos, por cuanto se considera que la mayor parte de las internaciones obedecen a problemas socioeconómicos.

El Consejo Provincial del Menor ya avanzó en la capacitación de los trabajadores de los hogares, en la redistribución de los fondos existentes y está en marcha la redacción de una nueva Ley de Menores. La actual norma que rige desde 1991, la 8.490, tiene aspectos que, a juicio de las autoridades, chocan con los postulados de la Convención Internacional de Derechos del Niño. Lo que se pretende es limitar la facultad de los jueces para derivar chicos para ser alojados en los hogares, ya que buena parte de las internaciones obedecen a situaciones de emergencia económica en las familias.

En lo inmediato, el área que conduce Dora Jávega de Garcilazo puso a andar el Programa de Fortalecimiento Familiar con la idea de que poco más de 1.000 chicos —un 30 %, alrededor de 450, se considera que no tendría chances de salir— vuelvan con sus familias de origen. Pero si esa posibilidad no se da, se maneja un abanico de alternativas.

En diálogo con El Diario, Jávega de Garcilazo planteó tres caminos:
a) si en un primer diagnóstico hecho por técnicos del Consejo del Menor, se determina que la familia biológica es “garantía de protección” y que el hecho de que el chico haya sido derivado a un hogar ocurrió por una situación de crisis socioeconómica, se buscará la manera de volver al niño a su grupo de origen, apuntalándolo con una ayuda económica si fuera necesario.
b) si transcurrido un tiempo de análisis y evaluación se llegara a determinar que la familia “no es garantía de contención, habrá que buscar familias sustitutas o alternativas para dar al chico en guarda”.
c) en aquellos casos en los que, tras un tiempo en el que el chico ha salido del hogar y ha estado al cuidado de una familia sustituta, su familia de origen no diera muestras claras de haber superado los inconvenientes que los técnicos del Consejo detectaron, “una de las alternativas que se va a plantear es, en el término de seis meses a un año, acceder a dar al niño en guarda para una futura adopción. Lo que se trataría es de evitar casos de chicos que están seis años en familias sustitutas, y al cabo de ese tiempo se dan en adopción a otras. Quien lo reciba en guarda será con la eventualidad de adopción”, dijo la funcionaria.

En el Consejo del Menor estiman que tras un proceso de readecuación de partidas presupuestarias y la supresión de ayudas económicas innecesarias que actualmente se otorgan, se podría conseguir conformar un fondo de aproximadamente 2,5 millones de pesos al año para sostener el programa de salida paulatina de unos 1.000 chicos actualmente alojados en los hogares. Al mes, serían unos 200 mil pesos.

El programa incluirá a los chicos alojados en los 22 hogares oficiales y en los 50 que
dependen de instituciones intermedias. “En estos momentos, estamos relevando la situación de los chicos que, en su gran mayoría, están en condiciones de volver con su familia. Esto, obviamente, nos demanda contar con un equipo técnico ya adiestrado, porque hay muchos casos de hermanos separados en distintos hogares, o chicos que provienen de una ciudad determinada y han sido internados en un hogar que está a muchos kilómetros de distancia”, añadió.

Pero además hay conversaciones avanzadas con los jueces de menores para evitar nuevas internaciones en los hogares. “Ese es un camino que ya empezamos a transitar, y así, aún cuando el programa todavía no está formalmente aprobado con una resolución ya se han dado pasos importantes, e incluso algunos jueces que están viendo esta nueva manera de trabajar, no declaran la institucionalización de los chicos en forma directa”, puntualizó Jávega de Garcilazo.

De todos maneras, aclaró, la instrumentación de ese programa no significará el cierre total de los hogares de menores. “Siempre va a haber situaciones de violencia familiar o de emergencia, que presentarán la necesidad de seguir contando con estas instituciones”, agregó.