El proyecto sobre Regulación de las Técnicas de Reproducción Humana Asistida, más conocido como Fertilización Asistida, no ha podido obtener su media sanción en el recinto de la Cámara de Diputados el 30 de noviembre de 2011, precisamente, en la última sesión del período ordinario. Ese día integraba un paquete de leyes entre los que se encontraban Identidad de Género y Muerte Digna. Cuando restaba un poco más de una hora para culminar el día reglamentario que permitía su aprobación, la llamativa propuesta del titular del bloque kirchnerista, Agustín Rossi, de aprobar la norma en general, para dejar pendiente para el próximo período la discusión en particular. Hizo que se derrumbara la ilusión de un amplio sector de la sociedad que pugna, de un tiempo a esta parte, por ver concretado un pedido que involucra a muchísimas familias argentinas, sobre todo a las mujeres, consignó Recintonet.

Aquella noche los denodados esfuerzos de Vilma Ibarra y Silvia Majdalani chocaron resignados ante la postura del jefe oficialista, Agustín Rossi quien propuso, en su momento, la sanción en general pero no en particular.

En Entre Ríos

En la provincia, Diputados avanzó con un proyecto de ley para que se reconozca la infertilidad como una enfermedad. El texto, tomó estado parlamentario en octubre y fue girado a comisión, y en su articulado obliga a las obras sociales y prepagas a cubrir las prácticas médicas de fertilización asistida y al Estado a garantizarlas para aquellos casos en los que los interesados no tengan cobertura social.Exige para ello, tener dos años de residencia en la provincia.

Con la firma de los ex diputados Darío Argaín (FEF), José María Miser (UCR) y José Salim Jodor (FEF) ingresó un proyecto de ley que proponía el reconocimiento de la infertilidad humana como enfermedad, de acuerdo a los criterios internacionales sustentados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La iniciativa establece también que estas prácticas sean reconocidas” por la cobertura médico asistencial integral” y define que la infertilidad “es la dificultad de una pareja de concebir un niño naturalmente o de llevar un embarazo a término, luego de un año de vida sexual activa”.

Entre sus objetivos menciona la necesidad de “garantizar el mayor nivel de tratamiento médico asistencial integral dentro del ámbito de las parejas que padezcan esta patología, para la procreación de un hijo biológico”, como también “regular, controlar y supervisar los centros médicos que realicen tanto los diagnósticos y tratamientos de la infertilidad y los procedimientos de la fertilidad asistida”.

Y, ordena “elaborar estadísticas para el conocimiento, estudio y seguimiento de esta problemática”, como también, “efectuar campañas de información y prevención en todo el ámbito del territorio provincial a fin de informar a la población de las posibles causas de esta enfermedad y los tratamientos existentes para lograr el embarazo y llevarlo a término”.

A su vez, impone “el desarrollo de centros de referencia de procreación humana asistida integral en efectores públicos para facilitar el acceso a la población de toda la provincia”, y “capacitar a los Recursos Humanos para lograr su especialización, dentro y para los efectores públicos de salud”.

El artículo cuarto del proyecto que fue girado el año pasado a la comisión de Salud Pública y de Legislación General, establece que “el Estado provincial, a través de sus efectores públicos, deberá otorgar los citados tratamientos destinados a garantizar los derechos de los habitantes de Entre Ríos, con dos años de residencia en la misma, a quienes carezcan de todo tipo de cobertura médico-asistencial integral en el sistema de seguridad social y medicina prepaga” mientras que en el quinto se incluye al Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) entre las prestadoras del mismo modo que luego lo hace con prepagas”.

Para llegar a esta iniciativa, en septiembre, diputados recibieron a la ONG Sumate a Dar Vida y a la doctora y ex ministra de Salud Graciela Degani.

Es preciso señalar que Buenos Aires, Santa Cruz y Córdoba ya cuentan con la ley.