El imperio de Báez está al borde de la quiebra

"Por las sumas indicadas precedentemente decrétese embargo preventivo sobre los fondos que tenga el demandado en el Banco de la Nación Argentina", dispuso Vitale.

El su resolución, del 21 de diciembre, el magistrado aclaró que el congelamiento del dinero deberá exceptuar "los fondos que pudieran corresponder a salarios o sueldos".

La orden judicial representa un nuevo traspié para Báez, quien acumula múltiples indicios de problemas económicos y financieros en su grupo de empresas, así como también judiciales y administrativos, que lo dejan cada vez más cerca del concurso de acreedores y de la quiebra, algo que a su lado dicen que quieren evitar.

El otrora empleado raso del Banco de Santa Cruz, no obstante, no es el único empresario ultrakirchnerista que afronta una tormenta financiera desde la salida del poder de la presidenta Cristina Fernández. También el Grupo 23, de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel.

En el caso de Báez, Austral Construcciones figura como deudora en "situación 3", es decir, "con problemas - riesgo medio", por los $ 160,7 millones que le debe al Banco Nación, en tanto que aparece en "situación 2", o "seguimiento especial - riesgo bajo", por otros $ 1,7 millones que adeuda al Banco de Santa Cruz, de la familia Eskenazi.

El historial de cheques rechazados de esa constructora tampoco es alentador. Acumula 415 cheques "sin fondos" durante los últimos seis meses por $ 24,5 millones, de los que levantó 91 por $ 6,2 millones, según los registros comerciales que cotejó La Nación.

Otra constructora de Báez, Kank y Costilla, recorre la misma senda. Figura en "situación 3" con el Banco Nación por $ 66,8 millones; aparece con 168 cheques rechazados "sin fondos" durante los últimos seis meses, de los que luego abonó 82 (y adeuda aún pagos por $ 6,4 millones), y arrastra incumplimientos con la seguridad social desde mayo pasado.

Una tercera constructora de Báez, Loscalzo y Del Curto, figura en "situación 1 - normal" por los $ 16,5 millones que le debe al Banco de Santa Cruz. Pero acumula aportes patronales impagos desde al menos noviembre de 2014 y 13 cheques rechazados por falta de fondos. De hecho, incluso firmas más pequeñas, como Austral Agro, también arrastran problemas con cheques y aportes patronales.

Austral Construcciones adeuda además millones a sus proveedores. Y aparece como incumplidora en los listados de aportes a la seguridad social, de aportes a la obra social y en la contribución patronal a la obra social. En todos los casos figura con "pago parcial" o "impago" desde al menos mayo pasado o, incluso, desde diciembre de 2014.

En el caso de Provincia ART -que integra el Grupo Banco Provincia, controlado antes por Daniel Scioli y ahora por María Eugenia Vidal-, el alta de afiliación ocurrió en agosto de 2014 con la firma del contrato 155.434, pero comenzó a mostrar problemas hasta que llegó la rescisión "por falta de pago" el 4 de noviembre de 2015.

Con ese cuadro -y ante la posibilidad de que los abogados de la ART no logren notificar a los responsables de Austral Construcciones-, el juez Vitale dejó abierta la opción de librar oficios a la Inspección General de Justicia (IGJ), al Registro Nacional de las Personas y a la Policía Federal.

Cerca de los Kirchner

Sin embargo, Báez considera que sus males empezaron cuando la prensa comenzó a seguir sus pasos a raíz de sus numerosos vínculos comerciales con los Kirchner -que incluyen créditos, préstamos, alquileres, condominios, compras y ventas cruzadas-, así como también la llamada "ruta del dinero K" y las presuntas maniobras de lavado entre sus empresas y los hoteles de la familia Kirchner.

Pero a sus críticas contra la prensa, Báez sumó ahora dardos contra el gobierno de la ex presidenta, que se marchó el 10 de diciembre con certificados de obra pendientes de Vialidad Nacional por $ 215,8 millones, aunque a su lado sostienen que la cifra total llega a los $ 400 millones.

El abogado histórico de Báez, Roberto Saldivia, invocó esa deuda de Vialidad para explicar por qué Báez no paga los sueldos de sus más de 1800 empleados de Austral y Kank y Costilla, que durante las últimas semanas cortaron la ruta 3 en varios puntos, aunque días atrás sellaron un principio de acuerdo tras obtener un "compromiso de pago" tentativo de sus salarios. Báez, de todos modos, ya inició el procedimiento preventivo de crisis, según le comunicó él mismo a una delegación de trabajadores -a los que adeudaría cerca de $ 25 millones-, aun cuando durante la década kirchnerista acumuló contratos de obra pública con fondeo nacional por más de $ 8800 millones.

El cuadro actual, sin embargo, no resulta una novedad para Báez. Ya en marzo de 2014 vislumbró el potencial cambio de escenario político y abrió negociaciones con el gigante chino de la construcción Sinohydro, alentado por algunos de sus más estrechos colaboradores, tras el estallido del escándalo que protagoniza junto con el valijero Leonardo Fariña.

Por entonces, contaban a su lado, también pesó el hecho de haber perdido frente a Electroingeniería el contrato para construir las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic por casi $ 23.000 millones, suma que se estiró a los $ 43.700 millones en el último proyecto de presupuesto que Axel Kicillof envió al Congreso.

Con causas por los presuntos delitos de evasión, asociación ilícita fiscal y lavado, entre otros, con facturas truchas que se acumulan en los balances de sus empresas -en los que además apeló a la contabilidad creativa, según se reveló a mediados de 2013-, y con deudas crecientes con sus empleados, aseguradoras de riesgo y bancos, Báez corre el riesgo de seguir los pasos de Gualtieri.

Ante esa posibilidad, la diputada nacional Margarita Stolbizer -que radicó varias denuncias contra los Kirchner y Báez- solicitó ya al Gobierno y a la Justicia que adopten medidas para evitar su insolvencia.

En la práctica, la operatoria de Báez muestra similitudes con la de Gualtieri, que sumó contratos de obras en los noventa en la provincia de Buenos Aires por más de $ 1000 millones durante la gobernación de Duhalde. Y acumuló deudas incobrables por $ 106 millones con el Banco Provincia, cifra que lo ubicó segundo entre los morosos del fideicomiso que debió aprobar la Legislatura para rescatar al Bapro del colapso.

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