En Santa Fe, durante la gestión del socialista Hermes Binner, se aprobó un proyecto similar. En Entre Ríos, la iniciativa apunta a prohibir “la instalación o exhibición permanente de imágenes o motivos religiosos en todos los edificios y espacios públicos”, aunque se exceptúan de la aplicación los ubicados en cementerios. El texto contempla un lapso de doce meses para retirar cualquier ícono de los espacios que son del Estado al momento de la puesta en vigencia de la ley.

Uno de los impulsores de la iniciativa, Renzo Righelato, reveló que sólo dos diputados manifestaron “su interés de, al menos, conocer el proyecto y debatir el tema”. Ellos son los Bargagna y Viale, ambos en bloques separados.

El texto de ley fue ingresado por la Oficina de Sugerencias Ciudadanas en diciembre del año pasado. De ese modo, tomó estado parlamentario y, a partir de ese momento, cualquier legislador podría haberlo tomado como propio para luego enviarlo a la comisión correspondiente y en ese ámbito debatirlo.

“Hay muchos legisladores que se han autocalificado progresistas, sin embargo en este caso han demostrado mantener un importante grado de conservadurismo”, lanzó Righelato en declaraciones a Página Política.

La iniciativa recibió adhesiones de la Asociación Civil Arg-Atea de Buenos Aires, de la Asociación de Ateos de Mar del Plata y se está discutiendo en las universidades públicas de Entre Ríos, para recibir el apoyo de cátedras.

Para los impulsores del proyecto "no se trata de un ataque a una religión ni nada por el estilo, simplemente afecta el principio de neutralidad religiosa y el derecho a la igualdad y no discriminación en relación al derecho a la libertad de conciencia”.

Actualmente, en la mayoría de los pueblos de la provincia se exponen cientos de estatuas en plazas, ingresos a las ciudades y edificios públicos. El proyecto dice en su artículo cuarto que “las imágenes y motivos religiosos existentes al momento de la sanción de la presente ley deberán ser removidos en el plazo de doce meses”.