El represor Amelong recusó al tribunal que analizaba la suspensión de su matrícula

Ocurre que ese día el TE del Colegio de Abogados se convocó de "urgencia" para responder un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario, que habilitó a Amelong a ejercer como abogado aduciendo que la cancelación de la matrícula estaba mal hecha porque la condena del represor no tiene sentencia firme y no había dictamen del órgano disciplinario.

En aquella oportunidad, asistieron seis de los doce miembros permanentes del TE, por lo que el cuerpo se completó con cuatro directores del Colegio de Abogados, y resolvieron la suspensión provisoria de la matrícula de Amelong hasta este viernes, que debía expedirse nuevamente sobre la cuestión.

Pero, y con la presencia del propio represor en el plenario, se decidió realizar un cuarto intermedio hasta que se resuelva la recusación que planteó Amelong contra seis miembros del TE, publicó La Capital.

Paralelamente a este hecho, el Colegio de Abogados, a través de su titular, Ignacio Del Vecchio, había interpuesto un recurso de "inconstitucionalidad" por el fallo de la Cámara Penal, que está pendiente de resolución. La entidad insiste en la cancelación de la matrícula de Amelong debido a la gravedad de los delitos por los que fue condenado.

Meses atrás, cuando se debatió el caso en la comisión directiva del Colegio de Abogados, la cancelación de la matrícula de Amelong fue aprobada en votación dividida ya que varios de los integrantes de esa conducción —la entidad renovó autoridades posteriormente— plantearon la cuestión técnica de que la condena a Amelong no estaba firme, más allá de no hacer objeciones a las acusaciones contra el sentenciado represor. En esa oportunidad, la medida fue tomada sin una declaración del Tribunal de Ética, otro elemento objetado por la Cámara.

Amelong fue condenado por el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario en 2010 a cadena perpetua, en cárcel común, por privaciones ilegales de la libertad agravada, aplicación de tormentos y homicidios triplemente calificados, cometidos en los centros clandestinos Quinta de Funes, ex Fábrica de Armas Domingo Matheu, La Calamita, Escuela Magnasco y en la quinta La Intermedia, propiedad de su familia. También fue condenado a 13 años de prisión por el Tribunal Oral Federal de Paraná, acusado de los delitos de robo de bebés y sustitución de identidad.

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