En principio, la mayoría oficialista del Senado no tendría objeciones hacia la lista de conjueces que remitió el Poder Ejecutivo para reemplazar a los vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en las causas vinculadas con los haberes del Poder Judicial, entre otros casos. En consecuencia la Cámara daría su aprobación, a pesar de las críticas del radicalismo por el presunto amiguismo entre los abogados propuestos y el gobernador Jorge Busti.

Según aseguró el presidente de la Comisión de Acuerdos, Héctor Argain, quien indicó que “la lista es muy potable”. La comisión tenía previsto iniciar ayer la ronda de entrevistas con los postulantes, pero esto se postergó para la semana que viene. “Nos va a llevar un par de semanas evaluarlos a todos”, dijo el senador.

El proceso incluirá consultas sobre la conducta y el desempeño como abogados de los aspirantes, el análisis de los antecedentes y entrevistas personales. Posteriormente definirán el acuerdo.

En este procedimiento no está previsto que desde la sociedad se puedan realizar impugnaciones, aunque Argain dijo que cualquier ciudadano “puede arrimarse hasta el Senado para exponer sus críticas, pero no hacerlo en forma mediática”.

En el caso de que el Superior Tribunal deba dirimir en una demanda por actualización de haberes, de acuerdo a la nueva ley, todos los vocales podrían ser recusados y dejar sus lugares a los conjueces. El argumento del justicialismo es que todos tendrían interés en una resolución favorable al incremento de sus ingresos.

Pero, si como sostiene el radicalismo, los reemplazantes tienen buena relación con el gobierno, cabría la presunción de que existiría interés en el sentido inverso. Argain, tras desestimar el planteo de los diputados opositores y recalcar la potestad del Senado en el tema, argumentó: “El gobernador necesita gente de su confianza y de su conocimiento, además de que posean méritos para ser conjueces. Se cae de maduro que siempre van a ser del palo, pero lo que habría que cuestionar es si son malos abogados”.

Aunque reconoció que “hay un interés contra otro”, aseguró que “el gobernador defiende las arcas del Estado, porque (un incremento para los jueces) afectaría a otros sectores como la educación y la salud”.