Por Luis María Serroels
(Especial para ANÁLISIS DIGITAL)

La Ley 24.631/96 derogó la exención al pago del Impuesto a las Ganancias a los jueces que regía desde 1936. La Suprema Corte declaró inaplicable esa norma dejando fuera a los magistrados y funcionarios. Y el 31 de octubre de 2017, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná ordenó el cese para el futuro de la aplicación del polémico impuesto, como pretendían la AFIP y el Poder Ejecutivo Nacional.

Merece una detenida mirada el párrafo de la doctora Mizawak respecto de que un juez no debe sufrir preocupaciones (esa tranquilidad se trasladará luego a su situación previsional donde se registran haberes jubilatorios superiores a los 200.000 pesos mensuales cuando ya no tienen nada que decidir).

Si esa prerrogativa busca legitimarse en la necesidad de garantizar calma, serenidad, sana crítica y libre convicción sin incomodidades materiales al momento de fallar (punto final de un proceso), lo mismo debería regir para muchas otras actividades que requieren estabilidad emocional y serenidad a toda prueba, ya no para aplicar un código sino para asegurar la propia vida y eventualmente la de terceros.

No es antojadizo incursionar en el abanico de muchas profesiones y oficios donde –al decir de la doctora Mizawak-, es imperioso estar despojado de toda preocupación. Si se habla de serenidad durante determinadas tareas, podríamos preguntar si los brillantes compatriotas profesionales de la medicina que el 12 de diciembre último le realizaron a un joven exitosamente un trasplante simultáneo bipulmonar y de hígado en la Fundación Favaloro (por primera vez en Latinoamérica) exigieron exceptuarse del pago de “ganancias” para enfrentar el quirófano sin preocupaciones económicas.

¿Acaso no deberían estar desprovistos de preocupaciones económicas, por ejemplo el comandante de una aeronave con centenares de vidas humanas bajo su responsabilidad, un albañil o un antenista en grandes alturas, el timonel de un crucero, el que maneja toda maquinaria compleja, un instalador gasista, un técnico subido a una peligrosa torre de alta tensión, un bombero arriesgándose frente a un devastador incendio, un chofer de micro enfrentado al tránsito alocado, un policía responsable de cuidar el orden a cualquier hora y custodiar los bienes ajenos. ¿Y acaso un docente no merece preparar su clase y enfrentar a sus alumnos sin preocupaciones económicas? ¿Es lo mismo la labor de un juez que se toma su tiempo para preparar sus sentencias buscando el mayor rigor jurídico (que para ello se preparó), que aquél que debe actuar en pocos segundos enfrentando peligros y donde no es seguro tener una nueva oportunidad? Quienes operan con elementos químicos peligrosos cuyo conocimiento profundo y estabilidad emocional es de enorme exigencia ¿no requiere tranquilidad económica? Muchas tareas extremas demandan altísima concentración y ello no siempre se traduce en remuneraciones tranquilizadoras. Pero igual enfrentan sus responsabilidades para un buen servicio. Quien elige una tarea voluntariamente, la realiza con pasión y sin especulaciones ni presiones a veces desmedidas.

Cuando un magistrado dicta un fallo eventualmente equivocado (pasible de apelación) seguramente no ha de ser porque sus remuneraciones no le satisfacen y los tribunales de alzada corregirán o no su pronunciamiento. La grandeza, probidad, amor por la ley y la justicia de un juez comprometido con su sagrada misión, se supone que no deberían variar ni menguar cada vez que observe su recibo de haberes. Además están alejados de desgastantes reuniones paritarias y sus incrementos son automáticos (esto no es un reproche sino una cita ilustrativa y pertinente).

Se está analizando la implementación del Impuesto a las Ganancias para el Poder Judicial pero sólo aplicable a quienes accedan a la magistratura a partir de su sanción. Ello determinará que por similares tareas habrá distintas remuneraciones. Un ex presidente de la Asociación de Jueces de la Justicia Federal llegó a decir dijo con total frialdad, que gustoso aceptaría pagar el controvertido gravamen pero sólo a condición de que le sea compensado mediante otro ítem.

A veces hay fallos erróneos que no tienen que ver con insuficiencia salarial sino con falta de idoneidad. En realidad, la comodidad económica debería servir para acelerar las causas, un lunar negro en nuestro Poder Judicial.

Vale mencionar que el gobernador y sus ministros tienen dedicación full time y ni siquiera –que se sepa- pueden abordar tareas externas. Y no por ello plantean despojarse de preocupaciones económicas a la hora de adoptar decisiones difíciles y trascendentes. Revisar la agenda de un mandatario despejaría cualquier duda. Es muy posible que existan magistrados que comparten los fundamentos de la ex presidente del STJ, no obstante ello mantienen reserva y prudencia.

La doctora Mizawak tiene sus criterios, respetables por cierto, pero es difícil aceptarlos a la luz de la igualdad ante las leyes. Los argumentos vertidos en su frase buscando justificar los altísimos emolumentos de los jueces, no figuran en ninguna legislación ni reglamento. Habría que ver cuántos magistrados comparten su postura. Nunca tan cierto y oportuno este sabio proverbio árabe: “Antes de hablar asegúrate de que tus palabras sean más útiles que tu silencio”.