Lo que se ventilará en esta audiencia corresponde al expediente que investiga las contrataciones que habrían beneficiado a la imprenta que se le atribuye a Juan Pablo Aguilera, el cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri. La misma imputación alcanzó a Gustavo Raúl Tamay -que se desempeñaba en el Ministerio de Cultura y Comunicación- Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana María Belén Almada y Alejandro Almada, recordó Página Judicial.

La maniobra se habría concretado “de manera arbitraria y constante” desde 2010 hasta 2015, “sorteando los mecanismos legales para garantizar la libre competencia de oferentes del Estado, sin observar la normativa vigente, direccionaron contrataciones emitiendo múltiples órdenes de publicidad (…) posteriormente aprobadas por medio de decretos”, señaló Yedro en el dictamen. El otro fiscal que atiende en la causa es Santiago Brugo, quien lleva adelante la investigación por el supuesto enriquecimiento ilícito de la familia de Urribarri.

Báez es actualmente diputado provincial por el Frente para la Victoria y, por lo tanto, tiene fueros. En 2007, tras la asunción de Urribarri como gobernador, fue designado al frente de la Dirección General de Información Pública; y en la segunda gestión, a partir de 2011, quedó a cargo del nuevo Ministerio de Cultura y Comunicación. Lo cierto es que durante los dos períodos estuvo al frente de las políticas de comunicación del gobierno provincial.

La Procuración General de la provincia también inició una investigación de oficio contra Báez por el delito de enriquecimiento ilícito. La acción penal se puso en marcha tras la publicación de un supuesto crecimiento patrimonial por parte del actual legislador.