Rodríguez hizo suya la investigación del juez de instrucción de Rafaela, Alejandro Mognaschi, que investigó el episodio que acabó con la vida de Silvia Suppo el 29 de marzo de 2010 en la ciudad de Rafaela.

El magistrado santafesino determinó que Rodolfo Cóceres y su primo Rodrigo Sosa, dos cuidacoches de Rafaela asesinaron a Silvia Suppo en el comercio que la mujer atendía en el centro de la “Perla del Oeste”, informó Notife.

Los dos hombres, de 19 y 21 años entonces, ingresaron al local para robarle y, para asegurar la impunidad del hecho y no ser reconocidos, atacaron con siete puñaladas a la mujer que, pese a las heridas, llegó con vida al hospital local, aunque poco tiempo después murió.

Mognaschi fue fuertemente cuestionado por los abogados querellantes, pero su investigación soporto tamices de todo tipo: la Cámara de Apelaciones de Rafaela, La Procuración de la Corte Suprema de Justicia e, incluso, ésta última, revisaron la instrucción del juez santafesino sin grandes cuestionamientos procesales.

La causa dio un rumbo cuando los abogados de los hijos de la víctima ofrecieron como testigo de identidad reservada a un corondino de 50 años que estuvo preso en la cárcel de esa ciudad y luego de recuperar la libertad comenzó a hacer viajes como remisero entre Coronda y otras localidades, trasladando a internos con salidas transitorias.

Este testigo vinculó el crimen de Suppo con una cuestión política. Señaló en su declaración judicial que el hijo de un condenado por delitos de lesa humanidad ordenó el crimen de la mujer, que declaró como testigo en la “Causa Brusa” en 2009.

Desde entonces, los abogados querellantes Lucila Puyol y Guillermo Munné intentaron por todos los medios federalizar la causa.

Tras un largo vaivén judicial y un sin número de impugnaciones, nulidades o declaraciones de incompetencia, el expediente llegó hasta la Procuración de la Corte, que recomendó que la causa sea juzgada en Santa Fe, en los tribunales originales.

Sin embargo, el organismo máximo de justicia del país, emitió un fallo en el que exigía a la Justicia Federal que investigue y juzgue el hecho, basándose en la posibilidad que el supuesto crimen por encargo haya sido ejecutado con el fin de entorpecer causas abiertas vinculadas a la represión ilegal durante la última dictadura militar.

Así las cosas, y con el fallo de la Corte que lo obligada a investigar el caso, el juez federal de Santa Fe Reinaldo Rodríguez clausuró la etapa investigativa y elevó la causa al Tribunal Oral Federal, que fue notificado el pasado viernes.

De este modo, los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) deberán constituirse para debatir oralmente un delito que por jurisdicción le corresponde a la justicia provincial. El margen de excusaciones es mínimo, sobre todo si se tiene en cuenta que fue la propia Corte Suprema de Justicia la que ordenó que sea el fuero nacional el que tenga competencia en el caso.

La semana pasada los imputados – y confesos asesinos de Suppo – fueron notificados de la situación y se le asignó como abogado defensor a Fabio Procajlo, que defendió al ex juez Víctor Brusa durante el juicio llevado a cabo en 2009 y que terminó con una condena a seis santafesinos por haber cometido delitos de lesa humanidad.

El TOF se constituirá con los jueces María Ivon Vella, José Escobar Cello y un magistrado rosarino o paranaense, ya que aún sigue vacante el cargo que dejó Ramiro Puyol luego de jubilarse en 2008.

Por otra parte, el juez Reinaldo Rodriguez continúa con la investigación sobre la hipótesis que planteó el testigo de identidad reservada, que señaló que dos presos que gozaban de salidas transitorias recibieron instrucción del hijo de un ex represor para terminar con la vida de Silvia Suppo.