En total, son 18 las listas que se presentan en las elecciones en la que se elegirán sólo siete directores, en representación de cada uno de los sectores de la Administración. Ana María Rodríguez, apoderada de la lista, le pidió a la Justicia que disponga la medida cautelar de no innovar y la “inmediata suspensión del acto eleccionario” previsto para el viernes, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo del reclamo, que apunta a lograr la “exclusión del padrón de electores del personal contratado y/o transitorio”.

En realidad, el reclamo ya había sido hecho a la Junta Electoral del IOSPER, que rechazó el pedido. Un segundo planteo, a través de un recurso de apelación ante el Poder Ejecutivo, mereció la misma respuesta.

La tesitura oficial, sostenida por el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, es que la ley habilita a los contratados, con más de un año de servicio, a participar de las elecciones como afiliados de la obra social provincial. Y que ya resuelto el tema en sede administrativa, no correspondería su debate en la Justicia.

Claro que la titular del Juzgado de Instrucción Nº 6, Marina Electra Barbagelata, si bien corrió vista de la demanda al Ejecutivo y le dio un plazo cuatro días para responder al planteo, rechazó la medida cautelar respecto a la suspensión de las elecciones.

De semifondo

La pelea por el manejo del IOSPER, una prestadora de salud que atiende a más de un tercio de la población de Entre Ríos –270 mil afiliados– y que maneja una caja de 300 millones de pesos al año, comenzaron no bien se anunciaron las elecciones para renovar el actual directorio, el primer traspaso institucional desde que el organismo fue entregado para ser manejado por los afiliados, en 1997.

Claro que ningún directorio ha conseguido hasta ahora alcanzar el fin del mandato: en medio, se han sucedido intervenciones del Poder Ejecutivo a raíz de disputas internas. La última, fue dispuesta por el ex gobernador Jorge Busti, en 2005, cuando designó interventor a Miguel Sampietro, reemplazado luego por Ricardo Rizzo, ahora integrante de la comisión fiscalizadora que monitorea el manejo de la obra social.

De modo que esta elección se presenta como la primera en la historia reciente de la última década de la obra social en la que se podría dar el “traspaso institucional” de un directorio elegido por voto directo a otro que accedería al manejo de la obra social por la misma vía. Aunque ya atravesó varios tropiezos: la primera, la modificación de último momento en la conformación de la Junta Electoral, luego de la impugnación de uno de sus miembros designados, el abogado Silvio Gavilán; luego, la fecha de elecciones, en principio fijadas para el 27 de mayo, y luego pospuestas para el 11 del actual.

Pero también hubo marchas y contramarchas en torno al número de listas participantes: la Junta Electoral, que preside la abogada Analía Coria, impidió la participación de tres de las 18 listas, por no haber reunido el mínimo de avales exigidos, postura que luego debió ser reconsiderada a pedido del Poder Ejecutivo.

En la justicia

El manejo de la obra social provincial movió a que cuatro de los actuales siete directores se hayan presentado a la reelección: se trata del docente Ramón Demzcuk, el policía José Luis Viggiani, el representante de los jubilados Rubén Omar Zaragoza, el actual presidente Silvio Moreyra, y el médico Ariel de la Rosa, que representa a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

El IOSPER administra un presupuesto superior al de la Municipalidad de Paraná, pero para atender un área sensible: la salud de la población. Pero no es el ideal: de la conducción del organismo aseguran que los recursos no son suficientes como para dar cobertura sanitaria a todos los afiliados, y quizá por eso a la demanda de los prestadores por mayores aumentos en los valores de las prestaciones, se suma el tironeo de parte de los afiliados por obtener mejores beneficios. A veces, por la vía judicial: en 2009, de los 20 millones que el IOSPER destinó al pago de la población con discapacidad, 2 millones se pagaron a través de amparos judiciales.

En ese escenario, el esquema electoral ideado por las autoridades podría encontrarse con un nuevo traspié. A última hora del viernes, la titular del Juzgado de Instrucción Nº 6, Marina Barbagelata, corrió traslado al gobierno del recurso planteado por una de las 18 listas que se presentan a las elecciones del IOSPER, y le otorgó un plazo de cuatro días para responder a la demanda.

Lo que la Lista Rojo y Verde cuestiona es la inclusión en el padrón electoral propio de los empleados del IOSPER del personal contratado y también los transitorios, violando así la normativa vigente. En la impugnación, citan el texto del decreto Nº 3.117/97 que estructuró el reglamento electoral y que establece que “se votará por agrupamiento y por lista completa” y además, que el voto “será directo, personal, voluntario y secreto de los afiliados titulares obligatorios”.

Y citan además que el artículo 8º de esa norma fija: “Podrán participar en el acto eleccionario todos los afiliados naturales titulares del IOSPER, activos y pasivos que figuren en el padrón electoral”.

En ese esquema, dicen, no estarían incluidos los contratados, que suman casi un centenar sobre una planta de 450 trabajadores de la obra social.

La lista habilitada

El sistema electoral para elegir directores del Iosper prevé la división del padrón en “agrupamientos”, según los distintos estamentos del Estado. Son siete los cargos de director que se votan, y que representan a los municipales, los jubilados, los policías, los docentes, los activos del Ejecutivo, los judiciales y legislativos, y los empleados del Iosper.

(Fuente: El Diario)