Ese junio del ’98 lo tenía muy nervioso a varios hombres del oficialismo. Se había conocido que una asociación civil sin personería jurídica, que encabezaba la concejal Liliana Morard de Castoldi (PJ) había recibido dos Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por casi un millón de dólares, en menos de tres meses y el escándalo era mayúsculo. Había estado oculto por casi un año. Apareció en el Boletín Oficial y fue descubierto por los periodistas del semanario ANALISIS.

-¿De qué fecha estamos hablando? -se le preguntó al periodista, que halló el primer decreto.
-De octubre de 1997.
-¿Antes de las elecciones?
-Exacto.
-¿No será demasiada coincidencia?
-Me parece...
-¿Y quién es la concejal Castoldi?
-Una operadora del Pacha Mori.

El 6 de octubre de 1997 los miembros de Aciser saltaban de contentos: el gobernador Jorge Busti y su entonces ministro de Economía, Eduardo Macri, habían firmado el decreto número 3421/97. Mediante esa norma el gobernador autorizaba el pago de un ATN a favor de la entidad, lo que iba a ser acreditado en las cuentas provinciales. El decreto era confuso; únicamente decía que el destinatario del subsidio era "Hospital San Roque-Aciser". El monto del subsidio, de 465.000 pesos, fue cobrado en persona por la concejal Castoldi, con un cheque emitido en la Tesorería General de la Provincia.

Pese a la extraordinaria cifra, en la repartición encargada de los pagos nadie reparó en las condiciones manifiestamente precarias de la documentación presentada por Castoldi para acreditar la existencia legal de la asociación y dentro de ella su representación.

Tres meses después y como si nada hubiera ocurrido, Castoldi logró cobrar otro ATN del Ministerio del Interior, aunque esta vez por una cifra superior: quinientos mil pesos. Otro decreto de Busti, ahora asesorado por Marcelo Casaretto, identificado con el número 5103 y fechado el 30 de diciembre, le transfirió a las cuentas de la asociación otro medio millón de dólares. En este último caso se trató de un ATN concedido bajo la resolución número 2384/97 del Ministerio del Interior.

Castoldi no era la única conocida de Aciser; también se encontraba el subsecretario de Obras Públicas, arquitecto Carlos María Pignatta, también identificado con Mori. "Yo no tengo nada que ver. Doy mi apoyo, nada más", dijo Pignatta, cuando fue consultado en el programa Contratapa de Canal 4, que conducía Gómez, donde también concurrió Castoldi.

-¿Usted es conciente de las irregularidades de Aciser? –se le preguntó.
-No, está todo en orden. Usted está equivocado.

Aciser cobró los dos subsidios con una constancia emitida por el titular de la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia, José Carlos Luján, donde se indicaba que el trámite de la obtención de la personería jurídica había sido iniciado en 7 de abril de 1997. Es decir que no existía. A pesar de que la concejal aseguró que la asociación viene trabajando desde hacía dos años, el acta de constitución de la sociedad civil estaba fechada el 4 de febrero de 1997. El 28 de febrero -tan sólo ocho meses antes de recibir medio millón de pesos- constituyó su comisión directiva. El tesorero y el prosecretario eran sus empleados en el Concejo. El acta de constitución no fijaba domicilio.

-¿Y quién fue el gestor de estos ATN? -preguntó el periodista, fuera de aire.
-El Pacha, con sus contactos –indicó uno de los invitados.

En realidad, en el gobierno nadie desconocía que Mori era amigo personal de uno de los principales funcionarios del Ministerio del Interior de esos tiempos: Rodolfo Vacchiano, ex ministro de Economía del santafesino Víctor Reviglio (PJ). Mori y Vacchiano vivieron juntos en Rosario, en épocas de estudiantes, a fines de la década del '60 y la amistad perdura. Vacchiano es el hombre de confianza de Carlos Corach a la hora de definir el envío de fondos a las provincias. En Interior también se encuentra otro amigo de Mori y de Vacchiano: el ex gobernador José María Tati Vernet, quien incluso había mantenido algunas reuniones reservadas en Paraná con Mori en esos días.

Los decretos comenzaron a ser investigados por el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos y terminaron en la Justicia Federal, hasta donde concurrieron varios dirigentes de la oposición para radicar una denuncia, sobre la que, al tiempo, dejaron de preocuparse. El juez federal Aníbal Ríos se excusó y dijo que el caso era de competencia provincial.

En la causa que tenía Ríos constaba que, según el expediente administrativo del Ministerio del Interior, el 8 de abril de 1997 Aciser, la entidad presidida por Castoldi, con personería jurídica "en trámite", solicitó al gobernador Busti un ATN por 465 mil pesos "para adquirir tres ecógrafos para ser donados a instituciones que atiendan la salud de la población en la ciudad de Paraná y el interior de la provincia". Como antecedente se aportó documentación sobre la situación del menor José López, internado en el Hospital San Roque de la capital entrerriana. Esa documentación era, solamente, un recorte periodístico, un listado de necesidades para el joven y folletería impresa, escrita en inglés, del sistema de diagnóstico por imágenes AU 530. No había firma responsable; tampoco cotizaciones de costos. Seis días después, el gobernador envió una nota al subsecretario de Relaciones Financieras con las Provincias, Ricardo Angel Mecca, requiriendo el envío de fondos.

Por la resolución 1.782 del Ministerio del Interior, del 27 de agosto de 1997, se transfirió a la provincia el dinero solicitado. El gobierno entrerriano autorizó la apertura de cuenta el 6 de octubre (decreto 3.421), con destino al Hospital San Roque. Según el informe de Busti, se pagó el 9 de octubre, mediante el cheque número 03913917 de la cuenta corriente del gobierno entrerriano. Sin embargo, el director del nosocomio, Enrique Dragone, al declarar ante la Justicia, negó la recepción de los 465 mil pesos; también desconocía la existencia de un decreto que lo hacía acreedor a tal monto. "Acá traje un detalle del manejo de fondos del hospital durante 1997; verán que no figura", indicó Dragone, al entregar una prolija documentación. Cuando el gobernador fue nuevamente consultado indicó en su escrito que "por nota del Ministerio del Interior del 8 de octubre de 1997 se aclaraba que no era el nosocomio el destinatario de los fondos sino la asociación de marras".

El 25 de agosto de 1997, la concejal Castoldi, como titular de la Asociación Civil de Integración Solidaria de Entre Ríos, envió otro escrito a Busti solicitando la gestión por un nuevo ATN, esta vez por quinientos mil pesos para "adquirir diversos artículos para ser entregados a personas carenciadas de nuestra provincia, como así colaborar con el mantenimiento de nuestra actividad". Allí se agregaba que la entidad contaba con un "programa de lucha contra el Sida".

Según el expediente administrativo incorporado a la causa, el gobernador había solicitado un monto idéntico para la Fundación Integración Entre Ríos -liderada por el secretario de la Cámara de Diputados de Entre Ríos y ex funcionario del Ministerio de Justicia de la Nación, Alberto De Torres-, pero debido a "problemas de organización internos" de la entidad requirió que el dinero fuera girado a Aciser. El 27 de octubre se hizo realidad el sueño de Castoldi y sus seguidores: ingresaron los 500.000 pesos. Los fondos, pese a la petición de Busti, llegaron a nombre de la Fundación Integración de Entre Ríos, pero fueron percibidos por Marcelo Sola, integrante de Aciser, el 7 de noviembre de 1997, según el cheque número 4010739. El Ministerio del Interior aclaró, a las pocas horas, que el beneficiario tenía que ser Aciser.

Como para que el sayo no cayera solamente sobre Busti, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior envió un primer informe indicando que en el último trimestre de 1997 se remitieron a Entre Ríos un total de 3.092.500 pesos en concepto de ATN. Se mencionaba que el gobierno entrerriano requirió 500 mil pesos "para la atención de desequilibrios financieros" y que siete ATN fueron otorgados al senador nacional Augusto Alasino por un monto cercano al millón de pesos. El presidente del bloque de senadores nacionales del PJ recibió esos subsidios el 14 de octubre de 1997; es decir, doce días antes de las elecciones legislativas del 26. El reparto incluyó también al senador nacional Héctor Maya -para Juntas de Gobierno-; al ex diputado nacional Rolando Kaheler -"para atención de necesidades de una institución provincial"- y otros dos destinados a los intendentes justicialistas Juan Carlos Cresto (Concordia) y Juan Narváez (Rosario del Tala) por "desequilibrios financieros". Otro escrito, firmado por Carlos Corach y enviado por el ministro a través de una persona que llegó hasta el Juzgado Federal de Paraná, responsabilizó directamente a Busti en las desprolijidades que podrían haber surgido en el manejo de los ATN. No obstante, a los pocos días, precisamente el viernes 4 de setiembre de 1998, Corach dijo, en su visita a Paraná: "El ministro del Interior soy yo; yo distribuyo los ATN".

El juez Ríos no se libró del expediente sin hacer una serie de cuestionamientos en su resolución. “Está indignado con el manejo que se hizo de ese dinero”, contaban algunos de sus empleados. Después de hacer un pormenorizado análisis de las doscientas carillas del expediente y cuestionar puntos concretos de las decisiones nacionales y provinciales –en cuanto a la falta de control-, indicó que "no puede dejar de observarse que el monto total de 965.000 pesos constituye una cantidad significativa, capaz de cubrir importantes y sentidas necesidades sociales, aspecto que de las constancias de la causa no surge, en principio, adecuadamente resguardado". Agregó que a ello hay que sumarle que se evidencia "una extemporánea rendición de cuentas, de resultado aún no conocido", lo que "determina que quede consolidado a esta altura del desarrollo procesal el oportuno encuadramiento fiscal de requerimiento de instrucción, al haberse corroborado las circunstancias allí apuntadas, por lo que corresponde avanzar en consecuencia".

Luego de recordar que según la Ley 23.548 los ATN constituyen aportes a las provincias, fundados en razones de "emergencia y desequilibrios financieros", indicó que no es competencia federal "si los fondos de la Nación fueron incorporados al presupuesto de la provincia, surgiendo luego una maniobra defraudatoria ni si hubo una presunta defraudación a la administración pública en la construcción de un hospital".

Ríos interpretó que "tanto los actos previos a la petición, la regularidad de la petición formulada, el obrar de la autoridad provincial interviniente y el accionar de los peticionantes de los fondos, luego de pagados escapan a la jurisdicción federal de excepción, teniendo su calificación en materia penal, sin perjuicio de otra que correspondiere, según hechos oportunamente dispuestos a ser investigados, conforme lo normado por el artículo 174 inciso 5º. del Código Penal". Consideró que la "presentación espontánea" de Castoldi "no reúne las formalidades de ley impuestas procesalmente" y advirtió que en el accionar de Corach y de Busti puede haber una "posible existencia de materialidad delictiva, atribuible en principio a un inadecuado accionar vinculado al contenido expreso de la ley nacional de aplicación".

Ríos sostuvo también que ninguna de las resoluciones emitidas por el Ministerio del Interior están encuadradas en situaciones de "emergencia y desequilibrio financiero" y que no se efectúa "el particular juicio de valor que el tema requiere, lo que constituye una observación de entidad suficiente referida a la debida motivación de los actos administrativos". Cuestionó la inexistencia, de parte del Ministerio del Interior, de "la obligación" dispuesta por ley que dispone que "trimestralmente se deberá informar a las provincias sobre la distribución de fondos, indicando los criterios seguidos para la asignación. Todo lo indicado -acotó finalmente, luego de hacer una serie de consideraciones, con citas legales- fundamenta lo que entiendo como necesidad de profundizarse la investigación respecto del posible dictado de ambas resoluciones ministeriales, en contrario a lo dispuesto por la ley de aplicación, constitutivo de eventual abuso de autoridad con encuadramiento en el artículo 248 del Código Penal".

El juez de Instrucción Héctor Vilarrodona receptó el expediente, pero también marcó distancia en cuanto a la competencia. Por ende tuvo que resolver la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Y volvió a Vilarrodona.

Mori se reunió urgente con sus abogados y les bajó línea sobre cuál iba a ser la estrategia.
-¿Qué tenés para presentar? -le preguntaron.
-Todas estas cosas -respondió, tras lo cual abrió un maletín donde aparecían innumerables facturas.

A las pocas horas, las pruebas del Pacha se transformaron en una presentación formal ante el Tribunal de Cuentas. Allí aparecía lo siguiente:

-En la primera rendición del ATN por 465 mil pesos, Aciser presentó una factura de Castizal Sociedad Anónima, liderada por el empresario Raúl Villarino, por un monto de 370 mil pesos. Según la fundación, con ese dinero se habían adquirido tres ecógrafos y un mamógrafo, que, según sus escritos, fueron entregados a hospitales de la provincia. Unicamente un médico de Maciá -según comprobaron los auditores del Tribunal de Cuentas de la provincia- reconoció que recibió de Aciser un ecógrafo, cuyo costo oscila los 100 mil pesos. Aciser indicó que los equipos habían sido enviados por la firma italiana Esaote, la misma que en 1995 depositó en la Aduana de Concepción del Uruguay un abultado equipamiento, como parte de un contrato firmado por el gobierno de Mario Moine con la empresa.

Pese a las peticiones de los contadores del organismo de control, consultando la veracidad de la operación, nunca hubo respuesta de parte de Esaote. Aciser exhibió un convenio, de abril de 1997, firmado entre Castizal y la fundación, por el cual la empresa de Villarino se comprometía a la entrega del equipamiento citado y hacía una cesión de facturas por el monto consignado. El documento, por el cual Castizal supuestamente cobra los 370 mil dólares, no tenía membrete ni aclaración de firma.

-Aciser elevó también una factura de compra de varios kilogramos de azúcar a la firma Goz y Vainstein, por 9.600 pesos. Si bien la operación está registrada en abril de 1997, en los libros de la empresa recién figura en el mes de julio. Vainstein es el mismo que lideró, hasta 1995, la cúpula del Banco Cooperativo del Este, involucrada en graves irregularidades financieras. El principal responsable del millonario affaire registrado en ese banco fue Héctor Krochik, socio de Oscar Mori.

-Un total de 37 mil pesos fueron consignados por la compra de colchones, sábanas, mantas y otros utensilios a una casa de Rosario, denominada City Import. Son dos facturas tipo "C" (es decir, sin volumen de venta) de marzo de 1998. Se anexan recibos por la entrega del material a personas del interior de Entre Ríos. Según comprobaron los auditores del TdC, la firma no existe en la actualidad en Rosario, una ciudad con gente muy allegada a Mori, afectivamente y en negocios. En ese lugar está instalada una librería. Cuando fueron consultados los vecinos, respondieron que City Import funcionó hasta fines de diciembre de 1997, pero se sorprendieron cuando se les preguntó si vendía colchones o sábanas. "Nunca vimos eso; únicamente vendían artículos importados de poco valor", indicaron, según consta en la documentación que se encuentra en la Justicia. No aparece señalado allí en qué medios ni cuándo fue trasladada a Paraná la mercadería adquirida.

-La primera rendición comprendía además el pago de 25 mil dólares a la firma OCA, por la distribución de mailing (folletos) en toda la provincia, de una campaña contra el Sida. Se consignaba que los pagos se hicieron mediante dos cheques -con diferencia de una semana uno del otro- por 12.500 pesos. Las facturas de OCA son correlativas. Los responsables de OCA en Paraná siempre mantuvieron fuertes vinculaciones con Mori.

-Figuran 4.800 pesos en concepto de pago de fondo de garantía por el alquiler de la casa de calle Alem de Aciser, cuyo garante en el contrato era Mori. También 4 mil pesos por el pago de diez meses de alquiler. Además, incluía la compra de una camioneta pick up usada, por 6.500 pesos, que estaba a nombre de dos personas de Paraná.

La metodología dudosa también fue aplicada por Aciser para la rendición del segundo ATN por 500 mil pesos. El detalle, era el siguiente:

-Un documento donde aparece una carta enviada por la firma italiana Esaote y una hoja, con el membrete de Castizal SA, supuestamente realizada por el operador comercial en la Argentina, Raúl Villarino. Allí se consignaba que Aciser pagó 300 mil dólares a cuenta de una futura entrega de equipamiento hospitalario -sin especificación de destino-, en concepto del 50 por ciento del monto total de la operación, lo que fue rechazado rotundamente por Villarino en declaraciones periodísticas. "Yo nunca recibí dinero alguno de Aciser. Recuerdo que les dejé una propuesta, escrita en italiano y con mi firma, entre 1996 y 1997, pero nunca se concretó", recordó Villarino. El empresario entendió que le falsificaron la firma.

-Dos facturas de la firma Medios Electrónicos, a cargo de Alfredo Pintos, por 102 mil pesos en total, en concepto de pago por una campaña de difusión en la provincia para la prevención del Sida.

-Compra de azúcar a Goz y Vainstein, por igual monto que el recibo anterior: 9.600 pesos.

-Otro pago de fondo de garantía por el alquiler de la casa de calle Alem por 4.800 pesos.

Es decir que Aciser hizo un contrato de alquiler en 1997 y cuando finalizó el plazo no le fue devuelto el depósito, sino que le exigieron otro para renovar el convenio. Además incluía 1.200 pesos por el pago de tres meses de alquiler. En la presentación al TdC quedaban 80 mil pesos sin rendir, tal como se reveló en ámbitos oficiales.

Busti y Mori se tranquilizaron por unas semanas. Se dieron cuenta que pese a la derrota electoral del ’97 o las irregularidades que se conocían del gobierno, el poder seguía intacto. “Tenemos las cosas bajo control”, le explicó el Pacha al gobernador. La oposición, salvo honradas excepciones, no existía y aún faltaba tiempo para la campaña electoral del ’99. Busti, Mori y Schiavoni sabían perfectamente que ese dinero de los ATN había tenido otro destino que no era el especificado.

La preocupación les retornó en los primeros días de marzo. Fue cuando el testimonio de un publicista paranaense ante la DGI -que quedó reflejado en un acta- dejó al descubierto las maniobras de Oscar Mori, en el manejo de casi un millón de pesos enviados por el Ministerio del Interior en concepto de ATN y cobrados por la concejal Castoldi. Alfredo Pintos, titular de la agencia publicitaria Medios Electrónicos, fue quien llevó adelante la campaña propagandística del Partido Justicialista en las elecciones legislativas de octubre de 1997. El publicista, que durante el gobierno de Sergio Montiel se desempeñó como director de Canal 9 Televisora Entrerriana y a su vez como titular de la Dirección de Prensa Municipal de Paraná en la primera gestión de Humberto Varisco, trabó una relación de importancia con el peronismo a partir de 1996. La confesión de su historia con los hombres del oficialismo fue contada en detalle por Pintos a los representantes de la DGI, quienes acudieron a visitarlo por pedido del Tribunal de Cuentas, como parte de la investigación por el affaire de los ATN.

Antes de las elecciones del ’97 Pintos se contactó inicialmente con el director de Información Pública de la provincia, Martín Fabre. Y a través de él con el ministro de Gobierno y presidente del Consejo Provincial del PJ, Faustino Schiavoni, al igual que con el vocero partidario, el concordiense Daniel González. El primer trabajo importante que hizo fue para tratar de imponer la figura de Jorge Busti por encima de los candidatos a diputados nacionales, liderados por Emilio Martínez Garbino, Juan Domingo Zacarías y Adriana Bevacqua. Es la forma en que se te solucionará el problema -le dijo Schiavoni. El encuentro en el despacho del ministro se produjo varias semanas antes de las elecciones del 26 de octubre.

Pintos abandonó las oficinas del Ministerio de Gobierno y acudió de inmediato a la Secretaría de Reforma del Estado y Control de Gestión. Lo atendió Mori en persona, quien ya había sido advertido de la situación por Schiavoni. Le entregó 5.000 pesos en efectivo y varios cheques.

-Está todo bajo control, Freddy. No hagamos tanto problemas. ¿Te fallamos alguna vez? –preguntó Mori.
-Está bien, Pacha, pero quiero que me entiendan también.
-Nosotros no te vamos a fallar.

Con algunos de los cheques -que eran de terceros- el publicista tuvo problemas, porque rebotaron. Ante la situación, a los pocos días Pintos fue convocado a recibir cuatro cheques en reemplazo, que eran del PJ. Estaban firmados por Schiavoni, el vicepresidente primero, Carlos Molina (secretario General de la Gobernación) y por el tesorero José Salin Jodor (intendente de Gualeguay). Eran para cobrar en febrero de 1998 y totalizaban 22.500 pesos. La deuda del PJ con Pintos quedó en 60.000 pesos.

El revés electoral fue un golpe fuerte para el peronismo entrerriano. Nadie se quería hacer cargo de las deudas. Pintos reclamó todos los días ante Schiavoni, Fabre y Mori. En diciembre de 1997 lo atendió el vocero González. "Quedate tranquilo que está en por solucionarse. Están tratando de inventar una fundación para juntar la plata que le adeudan a mucha gente por la campaña. Sucede que por la derrota, los aportantes se han borrado. Ya pasaron las elecciones y de esa manera, con una fundación, podemos emitir recibos y los aportantes pueden descontar esa plata de ganancias; meterlo en su contabilidad", le confesó con total impunidad.

-¿De qué fundación me hablás? -preguntó Pintos.
-Ya te vas a enterar. Los compañeros, cuando necesitan, lo primero que arman es una fundación y listo. Lo importante es que está todo solucionado, Freddy. Vos vas a cobrar tu plata sin problemas.

En esos días la opinión pública desconocía la existencia de Aciser, de lo que recién se supo en junio de 1998. Cuando se supo de la declaración de Pintos hubo quienes se preguntaron si no se fraguaron decretos del gobierno, para calzar la conformación de la entidad en relación con los aportes enviados por el ministro Carlos Corach. "Es extraño que el vocero del PJ y del ministro de Gobierno, que está en el riñón del entorno del oficialismo, diga en diciembre del ‘97 que se está armando una fundación y después aparecen papeles de que se armó y se cobraron ATN con fechas previas", comentó una fuente. Es decir, un método similar al utilizado por el bustismo en 1990, cuando se compraron las famosas 25 mil cajas de alimentos para los legisladores oficialistas, que el Tribunal de Cuentas comprobó que nunca existieron ni se distribuyeron, aunque se pagaron más de 200 mil dólares. Pero nunca se avanzó sobre esa línea investigativa.

En ese mes de diciembre del '97 el mismo González le pidió a Pintos que dejara de emitir facturas a nombre del Consejo Provincial del PJ. "Como somos un Frente, tenemos que repartir los gastos. Cuando te paguemos te damos la factura por el total y te decimos a nombre de quién lo hacés", le indicó.

A principios de enero Pintos volvió al despacho de Mori en Casa de Gobierno. "Te va a atender mi secretaria, que tiene todo los detalles de lo que precisamos de vos", le dijo el funcionario. Al rato apareció la joven. "Dice el Pacha que me des facturas por lo que se ha gastado en televisión en una y lo de radio, en otra, pero que no superen los 50 mil pesos cada una. Ponelo a nombre de Aciser, que es una fundación. Acá tenés el CUIT y el domicilio", señaló.

Por expreso pedido, el publicista únicamente escribió, de puño y letra, el nombre de la entidad, los datos y los montos respectivos. Confeccionó la factura de la radio por 50 mil pesos, otra por pautado publicitario en toda la provincia y la de televisión la hizo por 52 mil. Nunca detalló a qué estaban referidos esos pautados. "Cuando nosotros cobremos este dinero te vamos a liquidar lo que te falta", le señaló la asistente de Mori, inspirando confianza.

A las pocas semanas lo convocaron a la oficina del secretario de Reforma del Estado y Control de Gestión. No le dijeron los motivos. Por un momento, Pintos pensó que le iban a pagar lo adeudado, pero se equivocó.

-Extraviamos las facturas. Necesitamos que nos hagas otras por los mismos montos-, le dijo la misma secretaria.
-Pará un momento, yo no me quiero meter en problemas. Además, ¿cómo es que pierden facturas por esa plata?-, preguntó sorprendido.
-Son cosas que pasan, no te preocupes.
-No, no, así no es la cosa.

Pintos tomó su teléfono celular y llamó a su contador, quien desaconsejó ese procedimiento. Mori insistió con el pedido, y su secretaria de confianza, María Gracia Garrido, habló con el contador de Pintos y lo convenció. El asesor del publicista les puso algunas condiciones: que primero hicieran la denuncia policial sobre el extravío de las facturas y que le firmaran una orden de crédito, para no pagar más impuestos sobre lo que ya estaba facturado. Los representantes de Mori llevaron la denuncia realizada en la Comisaría Segunda, con el sello de la Policía. La denuncia estaba firmada por la concejal Castoldi. Fue la primera vez que Pintos leyó su nombre y apellido. El titular de Medios Electrónicos volvió a la oficina de Mori y se encontró cara a cara con Castoldi. La concejal se presentó como presidente de Aciser y le firmó la nota de crédito.

Cuando Pintos siguió la información que se reflejaba en los medios (donde se consignaron las irregularidades y las investigaciones encaradas por el Tribunal de Cuentas al igual que la Justicia Federal) comenzó a preocuparse. En octubre de 1998 llegaron a su domicilio dos contadores del Tribunal de Cuentas para pedirle explicaciones sobre las facturas por 102 mil pesos. Allí se enteró, por primera vez, que las facturas tenían un detalle que jamás se le cruzó por la cabeza: figuraban como pautados publicitarios por "Campaña contra el Sida".

Pintos nunca leyó folleto alguno sobre el tema; nadie le pidió que hiciera una campaña y, de hecho, no hizo nada para concientizar a la población sobre la angustiante enfermedad. Su tarea fue únicamente para la campaña del PJ por las elecciones legislativas de octubre de 1997. Pero ya era tarde para protestar. Cuando le consultó a su contador sobre la situación, el profesional fue claro: "El problema no lo va a ocasionar el Tribunal de Cuentas, sino la DGI. Si llegan estos últimos contá toda la verdad, porque el perjudicado vas a ser vos". Los enviados por la DGI se hicieron presentes a fines de noviembre.

"Estamos investigando estas dos facturas", le manifestaron. Pintos los sentó y les pidió que tomaran nota. Declaró todo lo que había sucedido y firmó el acta. Los sabuesos lo investigaron por espacio de más de una semana. En forma paralela llegaron también los inspectores de la Dirección General de Rentas de Entre Ríos.

Cuando se decidió a llamarlo a Mori para contarle lo que estaba sucediendo, el funcionario se mostró tranquilo.
-Mirá Pacha, me llegó la DGI; me metieron en un despelote. A ver si me solucionás el tema-, le pidió.
-Quedate tranquilo que todo esto va a tener solución.

Pintos cortó el teléfono con más dudas que antes. “Estos me van a entregar”, pensó por un instante. No se animó a decírselo a Mori, porque sabía del poder del hombre y no quería tener más problemas que los que ya había tenido. Pensó también que, seguramente, iba a ser la última vez que lo llamaría al Pacha. Se había llegado a un límite y otro paso era el precipicio.

*****

El jueves 18 de marzo de 1999 Mori se levantó muy temprano en su amplia casa de la Toma Vieja. Eran las 6 de la mañana cuando le sonó el teléfono celular. Observó por milésimas de segundos el número en el visor y se dio cuenta que era una persona muy cercana la que lo llamaba.

-¿Te enteraste de la tapa de la revista?
-No, recién me levanto.
-Salió la confesión de la Lali (Castoldi). La boluda le contó todo a los concejales. Esta tarada se quebró y no nos dijo nada.
-¿Y quiénes eran los concejales?
-Todos del bloque...
-¡De quién hablamos, por favor! –insistió nervioso Mori.
-Mabel Solanas, Danilo Corona, Alciro Salcedo y el secretario de bloque, Juan José Martínez.
-¿Y de dónde creés que viene la botoneada?
-Mmm..., me parece que de parte de Corona.
-Cortá, después te llamo.

Mori buscó desesperado en su agenda el número de la concejal Solanas y la llamó.
-Mabel, disculpame la hora, habla Oscar Mori. Te hablo por esto que salió en la revista. Espero que ninguno de ustedes confirme esto en ningún medio, porque nos va a hacer un gran agujero en las elecciones. ¿Te podés ocupar de controlar las cosas?
-Dejalo en mis manos –dijo segura, la titular del bloque del PJ.

Mabel Solanas cortó la comunicación y observó el reloj. Eran las 7.10 de la mañana. A esa misma hora, el concejal Danilo Corona reconocía el contenido del artículo de tapa en el programa En el 2000 también, de FM Capital. Algo similar ocurrió con el edil Héctor Zaragoza. "Yo no estuve en la reunión, pero escuché algo de eso en el Concejo Deliberante", dijo por su parte, a otra emisora. La edil llegó cerca de las 9 al bloque y planteó lo que le había sucedido. "¿No te enteraste de lo que dijo Corona?", preguntó uno de ellos. La concejal Solanas casi empalideció. Trató de ubicarlo al dentista a su teléfono celular, pero no lo encontró. Minutos después se enteró que Corona había viajado a una localidad cercana para descansar. "No vuelve hasta el lunes", fue la respuesta.

Los hechos eran demasiados graves. Buena parte de la cúpula del poder no desconocía las maniobras en el manejo de los ATN, pero siempre lo ocultaron. Castoldi no aguantaba más el peso de las irregularidades sobre sus espaldas. Estaba deprimida, avejentada como nunca, sus hijos estaban mal y su matrimonio se había roto en mil pedazos como consecuencia de las maniobras. Ese miércoles 10 de marzo el bloque de concejales del PJ se reunió en una de sus oficinas asignadas en el nuevo edificio del cuerpo deliberativo, ubicado en la intersección de Corrientes y Andrés Pazos. El único ausente al encuentro fue el concejal Gabriel Molina: un quiste sebáceo en la parte posterior del cuello lo obligó a ser intervenido quirúrgicamente en esa mañana, en un instituto privado. A la noche, cuando se hizo la sesión ordinaria, Molina participó del encuentro con un vendaje, según lo registraron las cámaras televisivas.

La reunión de bloque empezó a las 11 de la mañana. Estaban Mabel Solanas, Héctor Zaragoza, Danilo Corona, Alciro Salcedo, Liliana Castoldi y el secretario de bloque, Juan José Martínez. El encuentro sirvió para afinar algunos temas que iban a ser considerados en la sesión de la noche, pero también derivó en estrictas cuestiones partidarias, fundamentalmente relacionadas a la determinación adoptada por el diputado nacional Juan Domingo Zacarías (PJ-Entre Ríos), de formar una agrupación propia. Algunos de los miembros del bloque –como Salcedo- son referentes de Zacarías, quien en 1995 fue candidato a intendente y perdió ante Humberto Cayetano Varisco, aunque pudo colocar ediles de su riñón. Cerca de las 14.30 se habían agotado los temas del bloque. Zaragoza se retiró, porque –según les explicó- tenía que terminar de definir algunos proyectos para la sesión, pero el resto quedó sentado alrededor de la mesa. Cuando estaban decididos a marcharse, la concejal Castoldi les pidió que se quedaran. "Quiero confesarles algo, porque no aguanto más la situación", arrancó la edil, sorprendiendo a todos. "Voy a decirles la verdad sobre los ATN", acotó.

Al parecer, la concejal se había enterado ese día que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) había resuelto que la causa "Aciser S/Defraudación" retornara al Juzgado de Instrucción Número 4 de Paraná, a cargo de Héctor Vilarrodona. Castoldi no podía ocultar la depresión. Unos meses antes le había confesado a dos concejales que se sentía "muy mal", porque estaba pasando "el peor momento" de su vida. "Estoy hecha pelota, muy sola, perdí a mi familia por colaborar con el partido y no sé qué hacer con mis hijos. A los chicos le preguntan todos los días sus compañeros si es verdad que su madre se robó un millón de pesos", les comentó a esos ediles.

-¿Pero qué es lo que pasó con esa plata? –le preguntaron una y otra vez esos concejales de su confianza.
-No jodamos; se ocupó para la campaña del PJ, pero no puedo hablar nada sobre el tema...

En el bloque de concejales del PJ no se podía desconocer que Castoldi estaba disgustada con lo que le hicieron llevar a cabo desde la cúpula del oficialismo. Apenas se conoció el tema hizo una o dos apariciones públicas por radio y televisión, pero después estuvo escondida en una casa quinta que le alquilaron en la zona de Colonia Avellaneda. No concurría a las reuniones de comisión y menos que menos a las sesiones, aunque pasaba puntualmente a percibir su dieta a fin de mes.

"Todo fue muy simple y creí que no iban a suceder los problemas", indicó en el arranque. "Me fueron a buscar del gobierno, porque estaba gestionando lo de Aciser y me pusieron en medio de este quilombo", aseveró, aunque sin nombrar al funcionario que le requirió de sus servicios. Nunca mencionó, por ejemplo, a su jefe político-partidario, Oscar Mori, pero todos los presentes entendieron que se refería a él.

Según su confesión, ella en persona se encargó de gestionar, por pedido de "alguien del gobierno", un ATN por 465 mil pesos, mediante documentación acercada al gobernador Jorge Busti el 8 de abril de 1997. El dinero fue cobrado por Castoldi en una de las ventanillas de la casa central de la entidad bancaria. "Lo único que sé es que de esa plata, 250 mil pesos fueron directamente para pagar deudas de la campaña proselitista del PJ", aseveró la edil. "Y de esto sabía todo el mundo en el gobierno y en el partido. Juan Domingo Zacarías no se puede hacer el distraído y Adriana Bevacqua tampoco, porque con ese dinero se pagaron las campañas de ellos para diputados nacionales", acotó.

-Pero en esa situación no tenías que haber aceptado, Lali -intercedió la concejal Mabel Solanas-, porque nos afectaste a todos. En el '95 tuvimos que sacar plata de nuestro propio bolsillo para llegar a estas bancas. Nadie nos dio un peso desde el partido –acotó.

Castoldi bajó unos segundos la vista y siguió con sus cuestionamientos. En ese marco fue que fustigó duramente a Bevacqua, que en esos días era la secretaria de Salud de Busti, porque a su entender la traicionó. "Solamente tenía que firmar unos papeles, para justificar la supuesta entrega de los ecógrafos y otros aparatos, y nunca lo hizo. Me dejaron sola poniendo el cuerpo. Tuve que dejar el cuero en el alambrado", añadió.

- ¿Y qué pasó con el segundo ATN?–, preguntó uno de los presentes.
- De ése no sé nada. Nunca presenté nota alguna al gobernador para solicitar otro ATN. Es evidente que me falsificaron la firma para hacer las notas y pedirle 500 mil pesos a (Carlos Vladimiro) Corach.
- ¿Y entonces?
- Fijate que estaba en el interior de la provincia cuando me llamó el Gordo Sola (por Gabriel Sola, tesorero de Aciser y colaborador de ella en el Concejo Deliberante) para avisarme que tenía que cobrar otro ATN por esa cifra. Me quería morir, porque ahí me di cuenta de que esto se podía poner feo.

La concejal aseveró que cuando consultó qué era lo que estaba sucediendo en esferas del gobierno, la respuesta fue tajante: "Andá a cobrar la plata, traela para acá, callate la boca y borrate por tres meses", le indicó Mori.

-¿Llevaron toda la plata al gobierno? –insistió preocupado un concejal.
-Toda no. El mismo día en que recibíamos el dinero de los ATN teníamos que hacer una transferencia inmediata a Capital Federal, a uno de los colaboradores de Corach, por el diez por ciento del monto.
-Bueno, Lali, la verdad que si me hubieran dado el treinta por ciento de lo recibido yo hubiese cumplido con ese mecanismo–, acotó el mismo concejal, un poco en broma, un poco en serio.

Otro concejal interrumpió el diálogo y le señaló: "¿Vos sos consciente del problema en que estás metida? Tendrías que haberlo contado al bloque, porque te podríamos haber aconsejado y ayudado, pero no lo hiciste".

-¡Cómo querían que hablara con ustedes, si todo se empezó a podrir a partir del comunicado de ustedes, deslindando responsabilidades! Encima, este Zaragoza se equivocó, al creer que yo lo estaba amenazando por sus declaraciones. Yo no tuve nada que ver.

A fines de junio de 1998 el concejal Zaragoza reclamó públicamente explicaciones a Castoldi. Como respuesta recibió sucesivas amenazas de muerte por vía telefónica, por lo que presentó un escrito ante el juez Vilarrodona, para que investigara la procedencia de los llamados. Por un lado había voces que intimidaban; por el otro, le hacían escuchar el sonido de un gatillo y le acotaban: "Esto es lo que te va a pasar si seguís jodiendo". También se montaron campañas de prensa de desprestigio contra su persona, utilizando métodos bajos y totalmente repudiables.

-¿Y ahora qué vas a hacer, Lali?-, preguntó otro concejal, anticipándose al final del monólogo de Castoldi.
-No sé dónde termina. Habrá que ver qué decide la Justicia. Lo único que tengo claro es que fui usada y que no soporto más esto...

Castoldi fue la primera en levantarse y retirarse del lugar. Sus compañeros de bancada quedaron como shockeados en sus sillas. Había sido muy fuerte la confesión de la concejal y eran concientes de que la tormenta que se venía estaba muy cerca. Quizás demasiado.

Busti se encontraba en Capital Federal, pero se enteró de la publicación en las primeras de la mañana de ese jueves 18. Habló con el director de Información Pública, Martín Fabre, y acordó la posibilidad de organizar una conferencia de prensa ese mismo día, en horas del mediodía, citada publicada el viernes, de fuerte contenido crítico.

Fabre, cerca de las once del jueves, tuvo que reconocerle a Busti por línea telefónica que no tenía respuestas a su pedido y que la reunión de prensa no se podía hacer. "Corona reconoció lo publicado por el semanario y Zaragoza de alguna manera lo avaló, aunque no estuvo cuando Castoldi confesó lo que se consigna", le señaló al mandatario, luego de enterarse lo que había sucedido en algunos medios.

Poco después del mediodía, la totalidad de los concejales -a excepción de Corona que no estaba en la ciudad- se reunió en un comedor ubicado en las adyacencias de Paraná. La concejal Castoldi llegó al lugar totalmente fuera de sí. Pidió que se revelara quién había sido el "informante" del semanario y exigió la redacción de un comunicado público, firmado por todos, negando lo consignado. Nadie quiso avalar su postura. Unicamente Mabel Solanas la acompañó “moralmente”, aunque sin mayor convicción. "Creo que lo mejor es esperar hasta el lunes, hasta que venga Corona", propuso uno de ellos. El lunes volvió el concejal de su fin de semana de descanso, pero no hubo comunicado alguno. Es más: Corona volvió a ratificar lo publicado. Sus dichos tuvieron mayor credibilidad y peso que lo dicho por Castoldi en determinados medios.

Busti regresó en la tarde del jueves y de inmediato se reunió con algunos de sus colaboradores para analizar la situación. No obstante, recién el viernes trató de profundizar la situación. Máxime cuando observó que la denuncia del semanario fue reproducida casi en su totalidad por el matutino El Diario, anexando la respuesta de Corona como uno de los títulos centrales de tapa. La situación también se vio reflejada en un artículo extenso publicado por el diario La Nación, en una de sus primeras páginas de la Sección Política. Algunos llamados telefónicos generados en ámbitos nacionales lo preocuparon al mandatario entrerriano. Fundamentalmente porque fueron cruzadas: hubo desde sectores de Eduardo Duhalde -a quien apoyaba Busti en la carrera presidencial-, al igual que provenientes del Ministerio del Interior.

Ese mismo día, funcionarios del Tribunal de Cuentas terminaron de presentar ante el juez de Instrucción de Paraná, Héctor Vilarrodona, el informe final sobre la investigación de los dos Aportes del Tesoro Nacional (ATN), por 465 mil y 500 mil pesos, respectivamente, donde surgen evidentes irregularidades en el manejo de los fondos públicos por parte de Aciser. Busti se enteró en detalle de lo presentado por la fundación liderada por Castoldi. Fue la frutillita que lo llevó a decidir el relevo inmediato de Mori, considerado el padrino político de la edil y responsable ideológico de la entidad. “¡Pero cómo pueden ser tan pelotudos! ¿Quién carajo les va a creer esto que presentaron?”, repetía en su despacho, mientras leía los argumentos de Aciser.

El sábado el gobernador se levantó con toda la bronca contenida. Sabía que si no marcaba distancia de Mori, no había forma de seguir adelante con la fórmula Héctor Maya-Faustino Schiavoni, ni con sus pretensiones de lograr un espacio de poder en el gabinete de Duhalde, si el bonaerense llegaba.

-Pacha, no soporto más estos problemas. El lunes quiero tu renuncia bien temprano –le dijo a su colaborador.
-Vamos a hablarlo personalmente.
-Te fui a buscar en dos ocasiones, pero nunca te encontré. Por supuesto que quiero hablar personalmente con vos.

Mori sabía que se le venía la tormenta. Rápido en reflejos, trató afanosamente de seducir a Busti. No fue casualidad que en la edición dominical del diario Hora Cero -de su propiedad, junto al rosarino Orlando Vignatti- apareció un reportaje de doble página al gobernador y otro similar, en el suplemento de la mujer, a la esposa de Busti, Cristina Cremer. Ese mismo día el mandatario se encontró con el título de El Diario -con una información que no aparecía en el matutino de la competencia-, donde se indicaba que el radicalismo había decidido solicitarle el juicio político a Busti, por el tema de los ATN. El gobernador se sorprendió, pero al instante sonrió; no era para menos. El oficialismo es mayoría en Diputados y es imposible que prospere una situación de tal tipo.

Fue a primera hora de la tarde del domingo que Martín Fabre llegó a la amplia casa de Mori. "Pacha, vengo hasta acá para terminar de acordar con vos la renuncia al cargo. Es un pedido expreso de Jorge. Acordemos un comunicado, donde expliques los motivos", le indicó.

-Está bien. Yo renuncio, pero quiero que prosiga en mi lugar María Gracia Garrido.

A los pocos minutos Fabre le reveló telefónicamente que estaba aceptado el pedido. La contadora Garrido siempre fue considerada una persona de confianza en el círculo del poder bustista. Allegada inicialmente al titular de la Secretaría Legal y Técnica de la provincia, José Gervasio Laporte, en poco tiempo fue la persona de confianza de Mori, a punto tal de manejarle los negocios del Estado y algunos de índole particular.

La renuncia de Mori en la mañana del lunes descomprimió, de alguna manera, la situación en el seno del gobierno entrerriano. "Ahora me van a tener que aguantar", amenazó el funcionario, enumerando una lista que comprendía al matutino El Diario, a uno de sus periodistas, al diputado nacional Zacarías y a quienes denominó "los traidores". Un día después, su diario obvió la renuncia presentada y focalizó la tapa en Zacarías.

Ese lunes, a la noche, Busti lo recibió a Mori en su casa, ubicada a no más de trescientos metros de la vivienda del funcionario renunciante.
-Yo me fui, pero no quiero que me jodan, Jorge. Vos sabés que el que más tiene para perder sos vos.

Busti estaba más nervioso que nunca. Sabía que la advertencia era fuerte y que estaba en sus manos. No tuvo necesidad de darle más precisiones. Mori lo tenía en sus manos. Era su principal cajero y conocía cada detalle de números y cuentas secretas de los hombres del poder y, en especial, del propio gobernador. Busti se sintió acorralado. “No lo olvides”, le remarcó Mori.