Las denuncias por torturas y tratos inhumanos planteadas por un grupo de ex combatientes de Malvinas fueron consideradas “verosímiles” por parte del procurador general a cargo, Luis González Warcalde.

Entre los imputados está Jorge Eduardo Taranto, quien planteó que estos crímenes habían prescripto, pero la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia entendió que estos vejámenes fueron delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) avaló el pedido de los ex combatientes porque entendió que “la metodología de abusos, que los responsables de los solados durante la guerra les aplicaron, estuvo enmarcada en el plan sistemático de represión y exterminio que se aplicó durante la dictadura en Argentina y en todo el continente”, según dijo entonces el copresidente del organismo, Hugo Cañón.

En la conferencia de prensa en que recibieron el apoyo de la CPM, el ex combatiente Pablo De Benedetti relató que lo “obligaban a hacer cuerpo a tierra en un campo minado”, en tanto Pedro Benítez recordó que estuvo “estaqueado varias horas y seis días sin comer”.

El procurador Warcalde se expidió en el mismo sentido, al afirmar que el tribunal que había sobreseído a los militares “se ha apresurado a clausurar la instrucción penal en infracción de los deberes internacionales de investigación de severas violaciones a derechos humanos y crímenes del derecho de gentes. Pues creo que hay razones que dan verosimilitud al postulado de que las torturas y otros tratos inhumanos denunciados en este proceso están lo suficientemente conectados con un ataque sistemático a una población civil como para considerarlos crímenes contra la humanidad”.

A Taranto se le atribuye la comisión de cinco casos de tormentos, y se había presentado ante el Juzgado Federal de Río Grande para solicitar la clausura del proceso, alegando que la acción penal se había extinguido por prescripción.

Ante el rechazo a su pretensión en ese juzgado y en la Cámara, llegó a Casación y consiguió que la sala I dijera que había sido “errónea” la calificación de crimen contra la humanidad porque “esa categoría exigiría una conexión entre uno o más atentados individuales, por un lado, y una política estatal de ataque generalizado a un sector de la población civil, por otro, que no estaría dada en el caso de los crímenes que son objeto de este proceso”. De vuelta el expediente a la Cámara de Comodoro Rivadavia, Taranto consiguió el sobreseimiento que ahora el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) busca revertir en la Corte Suprema.

Según González Warcalde, el “interés institucional que suscita el caso es de tal importancia que exige un pronunciamiento” de los ministros del Máximo Tribunal, “que ponga fin a la discusión planteada” respecto de “una cuestión de derecho federal de tan alta trascendencia”.

En el dictamen, al que Página/12 tuvo acceso, Warcalde indicó que “las conductas imputadas en este proceso, a su vez, caen sin inconvenientes en el concepto de tortura”, y describió el caso más frecuente: “Atar de pies y manos a un muchacho debilitado por el hambre y el frío, sujetando sus ataduras a estacas clavadas en el piso, dejarlo así acostado sobre el fango helado durante horas, inmovilizado y sin ninguna protección contra el clima inhóspito del Atlántico Sur, hasta que estuviera al borde de la muerte por enfriamiento, para así, con el pretexto de castigarlo, intimidar a él y al resto de la tropa es en sí una forma de maltrato incuestionablemente cruel, brutalmente inhumano y degradante; una de las formas de maltrato, en fin, para las que reservamos el término ‘tortura’”.