Luis María Serroels
(Especial para ANALISIS DIGITAL)

El problema moral argentino es de simple densidad: demasiados corruptos por kilómetro cuadrado. Todo ello protagonizado por dos hermanas que se entienden muy bien: la corrupción y la impunidad. Así los buenos se desalientan y los malos se envalentonan.

Hablemos de actos ilícitos dentro del Estado, que persiguen el enriquecimiento fácil para un buen futuro: pedido o aceptación de dinero, favores o beneficios a cambio de una decisión; administración de forma irregular de fondos a su cargo, perjudicando así al Estado; uso de fondos públicos para destinos diferentes a los previstos por las normas; utilización de bienes públicos o información relativa a su cargo, para beneficiarse a sí mismo o a un tercero y maniobras para favorecerse a sí mismo o a un tercero en cualquier contrato u operación; aprovechamiento u ocultamiento de bienes provenientes de esos actos de deshonestidad y enriquecimiento injustificado desde el momento de asumir un cargo y hasta dos años después de haber cesado en él. Como se advierte, todo un “kit” de inmoralidad que ha cobrado en nuestro país estándares de institucionalidad.

No hay poder del régimen republicano que nos gobierna, que no exhiba algún grado de corrupción y sea cual fuere el calibre, no pierde su carácter delictuoso. Aunque viene de muy lejos, debe admitirse que a partir de la llegada al poder de Carlos Menem, las manifestaciones de corruptela se empezaron a enseñorear con un desenfado propio de quienes piensan que el brazo de la justicia no los alcanzará. La lentitud de los jueces no sólo termina en sentencias irrisorias sino que a veces se malogra por la prescripción de la causa en lo que el Poder Judicial suele ser un fiel aliado.

Partamos desde la recuperación de la democracia. Con Raúl Alfonsin, los casos de la Aduana y la importación de pollos fueron noticias negras. Con Carlos Menem, las privatizaciones obscenas (que nunca anticipó en la campaña porque –admitió luego- nadie lo hubiese votado) fueron símbolos muy fuertes. Insólitamente, sólo pagó los platos rotos con cárcel María Julia Alsogaray (aunque frente a lo que vino después y al lado de ciertos personajes, la ex privatista del régimen parecería una monja de clausura).

Sólo por chicanas procesales (el tiempo que pasa es la verdad que huye), Menem logra continuar libre. Su obra cumbre fue el tráfico ilegal de armas que tuvo como colateralidad la explosión en la fábrica de Río Tercero, con varias vidas cobradas. El Congreso tampoco se salva: en 2004 ambas cámaras desactivaron causas vinculadas con las cuentas secretas en Suiza del Príncipe de Anillaco y las regalías petroleras en Santa Cruz (gobernaba el país Néstor Kirhner), sin olvidar los sobornos IBM-Banco Nación y los créditos millonarios a la familia Yoma. En octubre de 2010 se reveló la existencia de senadores nacionales que en 2009 incrementaron sus bienes el 300 por ciento.

En la gestión inconclusa de Fernando de la Rúa, además de continuar con el affaire Siemens-DNI (que procedía de Menem) con un contrato por 1.270 millones de dólares (cada documento costaría 32 dólares que hoy se reducen a menos de 5), se dio el escándalo de la Banelco, usada para sobornar legisladores en pos de reformar normas laborales. Fue el arrepentido Mario Pontacuarto quien pateó el tablero involucrando a altas figuras de distintos partidos. El periodista Marcelo Mendieta (h), en su libro El Soborno (la historia que nadie contó), muestra lo que define como una tradición criolla y menciona cómo funciona la negociación y trueque de leyes por prebendas del gobierno de turno.

Ya gobernando Eduardo Duhalde ¿no fue acaso corrupto el corralito financiero y el despojo de que resultaron víctimas confiados ahorristas atrapados por las entidades financieras que, incluyendo al propio Banco Nación, incitaban con profusa publicidad a depositar dólares en plazos fijos garantizados?

Así arribamos al kirchnerismo, donde hay una buena cantidad de funcionarios y testaferros que deberán desfilar ante los magistrados. Largo sería mencionar a todos, pero buscando paradigmas de esta corruptela, aparecen como naves insignias el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime con numerosos procesos abiertos. Y el más reciente, Héctor Capaccioli, recaudador de la campaña 2007 de Cristina Fernández (que recibió aportes de la mafia de los medicamentos), procesado por el juez Norberto Oyarbide por malversación de fondos públicos, asociación ilícita, defraudación al Estado, actividades incompatibles con su función y lavado de activos (fue Superintendente de Servicios de Salud).

Hay muchas figuras de distintas áreas del Estado y no se salvan ni los secretarios privados de la presidente. La valija de Guido Antonini Wilson, el sobre en el baño de Felisa Miceli y el caso Skanka son algunos ejemplos de la inmoralidad reinante, que requirió, para dejar libre el camino del enriquecimiento ilícito, que en 2009 deba irse el insobornable Manuel Garrido de la Fiscalía General de Investigaciones Administrativas. Se le quitaron incumbencias y lo desgastaron hasta neutralizarlo. Ese cargo del órgano de contralor sigue vacante.

La compra directa y fraudulenta de tierras fiscales a precio vil en El Calafate y vendidas a una multinacional a valores muy altos dolarizados, donde aparecen involucrados altos funcionarios y sus familiares y la adquisición de tierras cerca del emplazamiento de una futura represa en Neuquén, luego expropiadas a precios sobrevaluados, es corrupción.

Esta semana se agudizó el escándalo que involucra a Pablo Schoklender, salpicando a la Fundación Madres de Plaza de Mayo que deberá dar aclaraciones que las desvinculen, pero ello no exculpará que cuando incorporaron a dos hermanos asesinos de sus progenitores, éstos ya portaban un triste y pésimo prontuario nada recomendable. Los coletazos de esta defraudación llevarán ante los jueces a Felisa Miceli, designada auditora por la Fundación. Pero además se supo que numerosos cheques sin fondos emitidos por Schoklender, fueron borrados de los registros del Banco Central. ¿Quién lo ordenó? En tanto Hebe de Bonafini dijo disponer de información que no piensa revelar públicamente aunque debería hacerlo.

Y también por estos días, una medida adoptada por choferes de camiones en la ciudad de Buenos Aires (con origen en la muerte por abandono de Gustavo Adrián González), dejó al desnudo los negocios turbios de Liliana Zulet, tercera esposa de Hugo Moyano, cuyas maniobras irregulares fueron denunciadas hace tiempo e incluso acarrea una condena de dos años de prisión en suspenso por estafar a una entidad bancaria. El diario Perfil menciona con detalles esta historia que no es ajena al remedio-gate (la nombrada maneja 20 millones de pesos anuales y participa en un holding de empresas que están bajo la lupa de las autoridades suizas por presunto lavado de dinero).

Si bien se está en el plano de la actividad de un gremio y su obra social-sanatorial, donde el gobierno debería intervenir con mayor energía, existe un hecho que sí involucra al oficialismo. Se trata de un caso que llegó a manos del juez Claudio Bonadío, por defraudación al Estado y malversación de fondos por reintegros sobre troqueles falsos por 400 mil pesos (esto se consumaba con la participación necesaria de funcionarios oficiales). El mismo magistrado -se supo esta semana- continúa hallando más troqueles.

Para quienes creen que la obra pública y el abanico de subsidios (correctos en origen) resultan exculpatorios de la corrupción, se equivocan feo. Porque es precisamente en ese ámbito donde se abona el almácigo para propiciar la esta práctica (una cosa termina siendo funcional a la otra). Aceptar que se robe en el camino de lo que se hace, es detestable. Casos abundan en que precisamente se hace para poder robar, si no ¿cómo se plasma el cohecho y se consuma el “retorno?”.

Imposible no mencionar el gran escándalo de la deuda externa, protegida por gobiernos y cámaras legislativas, a pesar de la notable investigación del patriota tucumano Alejandro Olmos y el mandamiento del juez Jorge Ballestero, luego de acumulados en la causa 23 cuerpos principales, 20 expedientes anexos con varios cuerpos y legajos documentales irrefutables. El hijo de este ilustre argentino, Alejandro Olmos Gaona, continúa la lucha de su padre y en ese quehacer le remitió a la presidente de la Nación con fecha de 13 de enero de 2010, un informe pormenorizado referido a la Deuda Odiosa. Allí le habla de la oportunidad histórica que le cabe para adoptar una decisión que aclare definitivamente el tema de la deuda, para que nunca más se repetita. Se desconoce su respuesta pero el silencio suena estruendoso.

Pan y leche ¿prohibitivos?

Jesucristo multiplicó los panes, pero 2.000 años después completaría su milagro multiplicando las neuronas de quienes deben diseñar una política triguera acorde con la realidad del país y las necesidades de sus habitantes. En buen romance, para que todo aquello que deriva de la bendita harina, no sufra las distorsiones que hoy ponen en jaque a los fabricantes y en vilo a los consumidores.

Hace un par de semanas en esta columna dijimos que si existiese una verdadera política cerealera, no ocurriría que bajo falsas premisas de defensa de la mesa de los argentinos, el pan se llegue a vender entre 8 y 10 pesos por kilo en Capital Federal y Gran Buenos Aires. La Mesa de Enlace sostuvo que con medidas inteligentes, ese precio no debería superar los 2,50 pesos por kilogramo.

El fenómeno se trasladó a nuestra región y han sido los panaderos los que lanzan la alarma, revelando que el incremento obedecerá a la falta de un normal abastecimiento de harina desde los molinos, por lo que el precio al público llegaría a los 8 pesos por kilogramo. En lo que corre de 2011 el producto aumentó un 20 por ciento y ese índice no ofrece síntomas de detenerse.

Se explica que esta situación deviene del sistema de subsidios con el cual el gobierno busca evitar el traslado al mercado de consumo del precio internacional que rige para el trigo. Pero sucede que esa subvención lleva nueve meses de retraso que comenzó con la ex oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), hoy reemplazada por la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno (Ucesci). Faltos de estos recursos, los molineros soportan hoy un grave desequilibrio financiero. Consecuencia de este contratiempo es que la bolsa de harina que debería costar un poco más de 50 pesos, pasó a cobrarse entre 80 y 110 pesos. Y esto no es todo, porque se grava con signos de escasez.

El gobierno prometió normalizar los pagos pero no ha cumplido y no hay certezas de cuándo ocurrirá, se quejaron los industriales panaderos entrerrianos a través de un dirigente. Si bien hablamos del pan (alimento tradicional y emblemático de las mesas hogareñas) no debe olvidarse que todo aquel producto que emplee harina sufre las consecuencias de la carencia del insumo básico, por lo cual una larga cadena de industrias entra en crisis y por ende irá empujando los precios hacia arriba.

Esta semana la dirigencia de la Mesa de Enlace acudió al Congreso Nacional para pedir la intervención de las fuerzas políticas allí representadas, con el fin de resolver la grave situación que enfrenta la comercialización del trigo y el maíz. La lentitud con que se responde a los productores que retienen trigo y desean exportar, es parte del problema y se atribuye a la arbitraria intervención de organismos oficiales (hoy el campo ya no pelea por las retenciones sino contra las restricciones de un Estado mal entrometido, reflexionó un productor).

La gente del campo pide que “se interpele, accione e investigue quiénes son los que ganan con estas políticas, para perfeccionar la democracia y que funcione en serio”. Fustigan que el denominado ROE (Registro Oficial de Exportación), es un sistema nefasto que concentra la demanda en unos pocos y promueve manejos poco transparentes, por lo cual solicitan su eliminación. En este contexto, vaya novedad, los peces grandes se devoran a los más chicos (entiéndase, los claros beneficiados por esta política son los molinos y exportadores). Definen este cuadro como un “escandaloso proceso de transferencia desde el bolsillo de los productores a los sectores más concentrados”.

Otro tema sensible es la leche. Los productores se hallan hoy en una dura encrucijada, sometidos a acciones orquestadas por los industriales que se posicionan junto a los comercializadores en el mejor eslabón de la cadena, mientras a los tamberos se los condena a recibir migajas. La distancia entre los precios pagados a pie de tambo y los que se cobran en las góndolas y mostradores, es sideral.

La dirigencia del sector denuncia maniobras destinadas a planchar los precios que se pagan al productor –montos que se mantienen inamovibles-, mientras el litro que llega a los hogares como también los subproductos, no abandonan el ascensor de los incrementos (los quesos aumentaron entre 20 y 30 pesos por kilo). La ecuación es simple: el productor gana menos y el consumidor paga más; entre medio, los voraces de siempre. Además se acusa al gobierno de falsear las cifras sobre volumen productivo, ya que los 10 mil millones de litros anuales están muy por debajo de los 12 mil millones que mencionan organismos oficiales.

El juego de la producción, elaboración, industrialización y comercialización de productos lácteos es sumamente complejo y a la vez vulnerable a las maniobras corporativas donde el hilo siempre se corta por lo más delgado. Un informe de organizaciones vinculadas con la actividad productiva, da cuenta de que los aumentos en los insumos (combustibles, semillas, alimentos y fertilizantes), ahora dolarizados, tornan imposible mantener los valores de venta actuales, con lo cual se ha perdido rentabilidad y este cuadro amenaza con proseguir al menos hasta la próxima primavera. Desde marzo de 2010 hasta similar mes de 2011, un 2,5 por ciento de los tambos argentinos se cerraron, pero dentro de ese promedio Entre Ríos exhibe un cierre del 12 por ciento y Santa Fe un 3 por ciento, debiendo citarse que el precio percibido por los lecheros se ubica en 1,53 pesos por litro, mientras el público abona entre 4 y 6 pesos. Este martes, productores de Córdoba y Santa Fe se movilizarán en demanda de un precio de $ 1,80 que ponga las cosas en un nivel más realista.

Así las cosas el pan y la leche se convertirán en productos ostentosos (¿luego será el turno de la carne vacuna?). Uno de los efectos es que ni siquiera habrá pan y circo: apenas circo. Salvo que la demagogia reinante diseñe un operativo que se llame Pan para todos y Leche para todos, que tiene efectos muy fugaces porque como luz de bengala, encandilan y se apagan prontamente.

“No me dolió…”

Finiquitada por la justicia con resultado negativo para sus iniciadores, la causa de los intendentes justicialistas que pretendían un tercer mandato consecutivo (contraviniendo la Constitución provincial y la ley 3001), el oficialismo halló el modo de compensarlos dándoles ubicación en las listas de candidatos a diputados y senadores para los comicios de octubre. De allí que algunos compensados por el dedo urribarrista han quedado en una situación como la de aquel chico que tras recibir un soberano chirlo por la cola responde “no me dolió”, mientras se le caen las lágrimas.

A propósito de la conformación de las listas del PJ, existen elementos para analizar. Uno de los que logró salir airoso por obra del peregrino dictamen de una gorra, opinó que el sistema de sorteo era propio de un gran estadista. Otro que zafó de la angustia que generaba el azaroso sistema de selección, calificó esté método de democrático e igualitario.

Cada uno es dueño de expresar cuanto desee y le venga en ganas. Pero un verdadero estadista analiza y sopesa las virtudes, capacidades y visión política de quienes deberán dirimir en las urnas las preferencias del electorado general, porque el trámite de la gorra no transita precisamente por garantizados senderos de excelencia y competitividad. En otro orden, decir que todos son iguales no es justo. Quienes esto sostienen y con la mano en el corazón, ¿se atreverían a desmentir aquello que los archivos históricos nos exhiben con claridad, es decir, la presencia en una misma nómina de un as de espadas, un siete de oro pero un cuatro de copas y un seis de basto. Son naipes de un mismo mazo pero no todos valen lo mismo. Lo único que parece igualar es la anacrónica lista sábana.

Enrique Santos Discépolo lo describe magistralmente en su tango Cambalache y todos saben que en las bancas legislativas es conocida la convivencia de distintos niveles de inteligencia, eficiencia y laboriosidad, lo cual queda plasmado en la performance de cada uno. Esto es propio de todos los partidos políticos y es común observar que no siempre el dedo es hijo de la sabiduría sino del oportunismo y de la necesidad que parece terminar arreglándolo todo. Por eso se advierten antecedentes muy valederos pero también legajos impresentables. La equivocada chance de perpetuación en el cargo a que aspiraban los intendentes –y que no rige para gobernador y vice-, debería desecharse. Tampoco los legisladores tendrían que gozar de una sempiterna permanencia atornillados a los escaños.

Volviendo a los intendentes, desde su patrocinador jurídico se escuchó decir que “los jueces son más conservadores de lo que uno quisiera”, incluso se dio a entender que a los magistrados les faltó audacia. Que quede claro: audacia judicial es lo que se requiere para respetar y hacer respetar el ordenamiento legal libre de presiones. Es consagrar el imperio de un sistema republicano donde impere el libre juego de los tres poderes del Estado.

En cambio para violentar las leyes no hace falta audacia sino simplemente tener mala fe, tendenciosidad y prevaricación. No ha sido la resolución del caso sobre los jefes comunales que no reunían los necesarios requisitos jurídicos, ningún ejemplo de conservadorismo ni falta de atrevimiento. Quien, como el niño, diga que no le dolió el chirlo, comete un acto de mendacidad. Hasta la semana que viene.