La primera vez ocurrió en 2001, cuando la mayor distribuidora eléctrica provincial estaba en manos del consorcio norteamericano PSEG. Luego de la crisis, los inversores privados dejaron a la ex Empresa Distribuidora de Electricidad de Entre Ríos (Edeersa) a la deriva, y lo que siguió fue un desbarajuste. En medio, hubo un intento de estatización durante la gestión del radical Sergio Montiel, que naufragó.

Recién en 2005 la empresa vuelva a estatizarse, y cobra la denominación de Enersa. En 2006, un año después, se dio la según revisión quinquenal del cuadro tarifario.
Al abrir el camino para la tercera revisión quinquenal de la tarifa eléctrica, el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) se apoyó en lo que establece la Ley Nº 8916, de 1995, que desreguló la prestación del servicio eléctrico en Entre Ríos y abrió paso a la privatización. La resolución Nº 173, del 7 de diciembre último, estableció como fecha límite para la presentación de propuestas por parte de las distribuidoras el día 29 de julio de 2011.

Pero la distribuidora estatal Enersa –que casi monopoliza el mercado, ya que absorbe el 71%, con 212 mil clientes– cuestionó esos plazos a través de un recurso de revocatoria que presentó ante el Ente Regulador. La empresa expresó que esa fecha límite "resulta arbitraria y de imposible cumplimiento". A la vez expresó que si bien el plazo mínimo de 8 meses se correspondía con una estimación previa realizada por Enersa, "las pautas establecidas por el EPRE tornan de cumplimiento imposible la prestación en dicho periodo de tiempo", publicó El Diario.

Aunque el Ente, a través de la resolución Nº 79 del 24 de mayo último, rechazó el recurso de Enersa, de igual modo hizo lugar a la petición de reconsideración de los plazos, y estableció fecha límite para la presentación propuestas de reformulación de cuadros tarifarios el 30 de noviembre de 2011.

Sólo después de que todas las distribuidoras hayan presentado sus respectivos pedidos para el recálculo de la tarifa eléctrica, el Entre Regulador podrá convocar a una audiencia pública en la que se analizarán esas solicitudes, y luego correrá un plazo, que nunca es menor a los dos meses, para dictaminar si el planteo corresponde o no. Lo cual llevará la puesta en práctica de los nuevos valores recién para comienzos del año 2012, y no antes.

Claro que en esta revisión quinquenal no sólo se evaluará el costo de la energía, sino también la calidad de prestación del servicio por parte de las distribuidoras. Aunque si bien el pedido de presentación de informes por parte de las empresas había sido amplio y exhaustivo, ahora el Ente Regulador decidió flexibilizarlo, a raíz del planteo hecho por Enersa. Ahora pidió que las distribuidoras presenten "la máxima información con la que cuenten".

Aunque el Ente les recordó a las distribuidoras que "la Ley establece como criterio central para el cálculo de las tarifas que las mismas sean suficientes a las concesionarias que operen en forma económica y prudente, señalando en su artículo 30i:º que los servicios prestados por los distribuidores serán ofrecidos a tarifas justas y razonables".
Sobre ese punto, el EPRE puso de manifiesto que "la tarifa no se calcula respecto de los costos reales de la concesionaria, sino que se hace con los parámetros de una empresa modelo".