El texto de los fundamentos incorpora antecedentes y leyes que respaldan el proyecto. En ese sentido, parte indicando que el derecho de agremiación policial “se encuentra expresamente previsto por el art. 14 bis de la Constitución Nacional, en cuanto, reconoce ‘el derecho de los trabajadores a una organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial”. El dispositivo constitucional –continúa– refiere a todo trabajador, sin exclusiones, y si bien el Convenio número 87 adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo, referido a la libertad sindical y protección del derecho de sindicación, aprobado por la Argentina mediante la ley 14392”.

En uno de los puntos centrales de la fundamentación, el legislador sostiene que “debe tenerse en cuenta que los derechos sociales incorporados a la Constitución Nacional en sus distintas reformas, entre los que se encuentran el derecho de todo trabajador a la sindicalización, son considerados derechos humanos básicos”.

Además de citar leyes y antecedentes de fallos judiciales, Monge agrega a la fundamentación ejemplos tomados de otros países. Dice al respecto: “En Suecia existe una federación de policías que tiene un ordenamiento ajustado a los mismos principios democráticos que las demás federaciones laborales. Su reglamento interno se cumple y observa rigurosamente”. Luego puntualiza cómo es el funcionamiento institucional para la elección de las autoridades, por ejemplo.

Referente a la sindicalización de las fuerzas armadas, indica el diputado radical, los estados de Israel, Alemania y Estados Unidos lo autorizan. Otro tanto ocurre con las fuerzas policiales en Uruguay, Suecia, España, Bélgica. “En dichos países, el servicio de la defensa y de la seguridad, en modo alguno se ve obstaculizado, resentido o suspendido por la actividad sindical”, sostiene Monge.

Destaca que en Uruguay el sindicato de policías “ha sido reconocido por el gobierno como interlocutor válido y se ha avanzado en la búsqueda de soluciones a diversos problemas. Los policías y especialistas favorables a la sindicalización, en cambio, alegan que en la medida que en la Argentina no existe una ley que prohíba de manera explícita la organización gremial de los miembros de las fuerzas de seguridad y militares, el Gobierno debería autorizar la formación de esas asociaciones”.

Al momento de citar jurisprudencia, apunta que “el destacado integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Dr. Capón Filas, ha sostenido que ‘debe reconocerse a las FFAA y a las fuerzas de seguridad la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva, pues cuando Argentina ratificó el convenio 87 y el 98 de la OIT, ninguna ley fue sancionada excluyendo de la libertad sindical a las fuerzas armadas, a las fuerzas policiales y las de seguridad, y en la ley 23551 tampoco hubo disposición alguna que impida a los trabajadores sindicalizarse” (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VI, en Ministerio de Trabajo c/ Sindicado Único del Personal de Seguridad, de fecha 15/02/06, LL 2006-B, 591-DT 2006 (abril) 579)”.

“Desmilitarizar la organización policial y permitir la sindicalización, dando al policía derechos laborales y dignidad como persona. A través de la sindicalización se crea la conciencia policial. Pagarle mejor y mejorar las condiciones de trabajo”, cita el legislador ha afirmado acertadamente.

Sin olvidar, seguramente los episodios que ocurrieron en diciembre de 2013 en Concordia, donde la gran mayoría de los agentes policiales resintieron el servicio de salud para la posterior tragedia y fatal jornada, el legislador sostiene que la vía de la sindicalización evitaría situaciones como las vividas en esa oportunidad. “Obviamente –dice sin mencionar el caso puntual pero tomándolo en consideración– que estamos en presencia de un servicio que no puede suspenderse, razón por la cual realizar un paro implicaría exponer a la sociedad a situaciones de total carencia de seguridad. Pensamos que hay otras vías para la protesta, sin caer en la huelga. No sin razón se ha dicho que donde hay trabajadores organizados no hay problemas graves, porque hay un canal de diálogo formal”.