Por Luis María Serroels

Hace unos días, Carlos Menem y antes del veredicto sobre el juicio que se le sigue respecto de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador (disfrazada como embarques a Venezuela y Panamá), rechazó los cargos en su contra aduciendo que sólo se había limitado a firmar los decretos de exportación. ¿Puede aceptarse que en un tema tan sensible, que demanda extrema cautela y controles rigurosos por su gravitación internacional, un mandatario pierda de vista el itinerario y destino de semejante cargamento? Cuando firmó los instrumentos legales ¿no le preguntó a su Secretario Legal y Técnico si esto se hallaba ajustado a normas vigentes y cómo terminó ese trámite? ¿No se le ocurrió ordenar un seguimiento ante las autoridades de la Aduana, siendo que en su agenda habitualmente figuraban preocupaciones ajenas al supremo interés nacional? ¿No atinó a llamar a su Canciller de turno para que se contacte con las respectivas embajadas? Siendo él Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y tratándose de material de uso militar, debió poner mayor celo, pero es evidente que siempre supo los alcances de esta operación calificada judicialmente como contrabando agravado. Y todo este cuadro tuvo como correlato la explosión en la Fábrica Militar de Río Tercero, con daños graves y víctimas fatales.

“Todos los trámites escaparon al control del presidente”, argumentó Menem, sin apreciar que lo que él presenta como elemento exculpatorio no es otra cosa que una incontrastable e imperdonable muestra de negligencia y de irrespetuosidad absoluta hacia el pueblo peruano, porque al venderle armas a Ecuador en guerra con Perú, no sólo cometió un hecho desleal contra este país que nos ayudó decididamente durante la guerra del Atlántico Sur, sino que por el Tratado de Río, Argentina es garante de la paz entre dichas naciones.

Junto con el ex mandatario, otras 17 personas han sido enjuiciadas por el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3. La “absoluta y total inocencia” proclamada por Menem, quien dijo “desconocer que el armamento iba a terminar siendo desviado”, choca contra el criterio de los fiscales Mariano Borinsky y Marcelo Agüero Vera, quienes solicitaron una condena de ocho años de prisión entendiendo que el presidente al firmar los decretos sabía quien era el verdadero comprador.

Según trascendió en su momento de fuentes vinculadas con la investigación judicial, se trató de varios miles de toneladas de material bélico (armas y pólvora) y los decretos fueron refrendados alternativamente por los ministros Domingo Cavallo, Erman González, Guido Di Tella y Oscar Camilión, realizándose el transporte en más de 350 contenedores para lo cual se utilizó media docena de buques. La venta hacia Croacia y Botnia se consumó triangulando con Panamá por estar vigente una prohibición de las Naciones Unidas sobre venta de armas y para Ecuador, se utilizó a Venezuela. Esta historia comenzó en 1991, es decir, hace dos décadas (la lentitud es la mejor protección para los delincuentes).

Pero esta cuestión –que ha demandado tantos años a la justicia argentina-, no es la única perla que se debe imputar a la gestión menemista, el hombre que proclamó la revolución productiva y el salariazo, diciendo “síganme que no los voy a defraudar”, para terminar admitiendo que si decía lo que realmente pensaba hacer, nadie lo hubiese votado. Existen otras cuestiones urticantes que no sólo enfilan hacia la condena política, sino que algunas ameritaron imputarse judicialmente.

El resumen de la gestión de Carlos Menem –quien no fue candidato a presidente por tercera vez en 1999 porque la Constitución (y la Corte Suprema) se lo impidieron-, dibujó un cuadro de niños con desnutrición, trabajadores despedidos, enfermos sin atención, empleados con bajos salarios, jubilados y pensionados en la miseria, empresarios y comerciantes sumidos en el desaliento, gurises lanzados a la calle, jóvenes impedidos de estudiar, millones de personas excluídas del reparto a favor de unos pocos que se distribuían las riquezas en un juego de irritantes privilegios, claudicación frente a los organismos de la usura internacional, resignación de la soberanía argentina en Malvinas mediante pactos secretos y aceptación de las presiones de la industria farmacológica.

¿No bastó con esto? Pues bien: agreguemos los negociados IBM-Banco Nación, Siemens-DNI, y gerenciadoras del PAMI inventadas para que los amigos del poder llenen sus bosillos a costa de los pobres viejos. Como si fuera poco, cercano a terminar su segundo mandato, Menem y Cavallo –tras destruír la red ferroviaria- concesionaron las rutas nacionales con la correspondiente implementación del peaje, les reconocieron a las empresas subsidios no transferidos por 222 millones de pesos/dólares y se les prorrogó la concesión por 15 años (hasta 2018) cuando aún restaban cuatro años para caducar las vigentes hasta 2003, comprometiendo así gravemente las futuras gestiones.

Pero además, declaró sus relaciones carnales con los Estados Unidos, hizo adhesión explícita al funesto Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (un plan de dominación y explotación ideado por EE.UU.), y le entregó el sistema previsional a manos privadas. Además desistió de los tribunales argentinos para resolver controversias y diferendos con las firmas extranjeras a las que les regaló empresas públicas nacionales, autorizándoles triplicar sus tarifas y otorgándoles subsidios. A pesar de todo lo mencionado, el entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, llegó a calificarlo como el mejor presidente de la historia.

“Mi compromiso no es con los factores de poder ni con los grupos de presión, ni con los entornos siniestros, ni con la impunidad, ni con los que transformaron el gobierno nacional en un comité partidario: mi compromiso es con todos ustedes, es con cada uno de los argentinos, con el pueblo y sólo con el pueblo”, le había dicho Menem en mayo de 1989 a un medio periodístico. Toda contradicción con la realidad no fue casual; se trató de un plan fríamente premeditado de entrega descarada del patrimonio nacional y prosternación ante el capital transnacional.

Un presidente y senador –que en octubre pegará su boleta a la de Cristina Fernández- anda suelto. Y esto, revisando su legajo, constituye el gran milagro argentino.

*Jugarretas electorales

Lo venimos abordando en nuestras últimas ediciones y ahora tenemos elementos más completos que abonan argumentalmente la necesidad y conveniencia de adoptar para los comicios de octubre, el sistema de boleta única, tal como ocurriera recientemente en las provincias de Santa Fe y Córdoba. Decidida a implementar este mecanismo en Entre Ríos, la diputada y candidata a gobernadora Ana D’Angelo (GEN), presentó en la cámara baja un proyecto que apunta a eliminar antíguos vicios y picardías que se vienen cometiendo históricamente y darle a la contienda, tal como lo afirma la autora, “una mejora sustancial de la calidad democrática”, “permite a la ciudadanía ejercer el derecho al voto de manera más simple, evitando distorsiones y picardías políticas que nuestro sistema electoral ha permitido siempre, sin que hasta el momento se lo haya intentado corregir”.

La legisladora puntualiza que “el régimen de boleta única debe ser implementado de manera perentoria para que su primera experiencia a nivel provincial puede llevarse a cabo el próximo 23 de octubre”. Es importante recordar que este sistema rige en varios países y que el aplicado en las elecciones santafesinas primarias y generales celebradas este año, fueron tomadas del modelo que rige en Australia.

Un elemento sostenido por D’Angelo, es que “el Estado es quien debe asegurarle el derecho al voto en condiciones de absoluta igualdad”, enfatizando que con el régimen de boleta única propuesto, “se garantiza el derecho a la participación y fiscalización automática e igualitaria a todas las fuerzas políticas que participan de la elección y se asegura al mismo tiempo que no falten boletas en ningún cuarto oscuro del país, pues es el Estado el encargado de proveer en el mismo acto comicial un ejemplar a cada elector por cada una de las categorías electivas en juego”.

En una mirada práctica, se advierte que estableciendo este nuevo sistema, se acaba cualquier posibilidad de fraude, se evita la desaparición de boletas y su alteración, porque el presidente de mesa y previa verificación y control, hace entrega de las mismas a cada votante y separadas por categoría antes de ingresar al cuarto oscuro. Es el ciudadano quien mediante el uso de una lapicera o birome con trazo indeleble, marca a sus canditatos según sus preferencias por partido y categoría en disputa.

De hecho que este alto de calidad institucional terminará con todo tipo de jugarreta que suelen producirse en las contiendas electorales y, fundamentalmente, se establecerá que cada candidato dependa de sus cualidades personales, capacidad intelectual y visión política para seducir al sufragante, sin estar colgado del saco de nadie en las listas sábanas diseñadas para entreveras en mala y engañosa mixtura a un as de espadas con un cuatro de copa o una sota de oro. De hecho y como habrá una boleta única por categoría, en un mismo sobre ingresado a la urna podrá estar el voto por un binomio presidencial junto con boletas de diputados nacionales, senadores nacionales, gobernador y vice, diputados y senadores provinciales, intendentes y concejales, no necesariamente del mismo partido.

Esto significa que se concretaría la desaparición de las interminables boletas en las que figuran en una sola pieza todas las jurisdicciones, haciendo que muchos ganen gracias a méritos ajenos. Hay que terminar con búsquedas engorrosas y uso de la tijera con la consiguiente pérdida de tiempo, dándole al ciudadano el uso pleno de su poder de discernimiento a la hora de decidir quién es el más apto para cada cargo. La disciplina partidaria –tan uasada para evitar el corte-, siempre ha sido un ardid que permite el acceso de muchos mediocres e incapaces. La boleta única, por otra parte, significa un fuerte ahorro de los gastos de impresión.

Pero la diputada D’Angelo le añade otros condimentos a su iniciativa: a todos los partidos políticos se les asegura estar representados aún no contando con fiscales en todos los centros de votación, estableciéndose así una saludable nivelación democrática que pone a las distintas fuerzas en igualdad de condiciones. Y en esto de las conocidas trapisondas que llevan a sustraer o destruír boletas de otros partidos, no habrá ninguna posibilidad porque quien lo haga se estará perjudicando a sí mismo. En una palabra, estará escupiendo para arriba. El pasado miércoles comenzó a tratarse en el Congreso una iniciativa tendiente a nacionalizar la boleta única. Tiempo hay y se puede sancionar y reglamentar la norma con vistas a octubre.

Aunque parezca iluso, si el oficialismo no tuvo escrúpulos en adelantar en 2009 y por conveniencias particulares, la fecha de los comicios legislativos desde octubre a junio, ¿porqué no retrasarlos ahora un mes con actitud de grandeza, cuando estamos frente a una cuestión de marcada trascendencia institucional?

Para aquellos lectores que se entusiasmen con esta proyecto, hay que advertirles que no será fácil implementar el nuevo sistema, porque muchos políticos de vuelo muy bajito y mirada estrecha se opondrán y harán todo lo posible por hacer fracasar la iniciativa. Se requiere grandeza, vocación democrática y respeto por la transparencia institucional, para establecer un mecanismo claramente superador que solamente puede preocupar a aviesos y mediocres. El senador Santiago Gaitán se pronunció positivamente, opinando que sería lo más apropiado y correcto, aunque receló de la voluntad del oficialismo que se sentiría perjudicado, no ocultando sus dudas sobre la implementación.

Desde la UCR, el candidato a vicegobernador Jorge D’Agostino no rechaza la necesidad de instalar un nuevo sistema, pero se inclina por la previa derogación de la denominada Ley Castrillón. El conocido constitucionalista dejó sentado como objetivo, que “el elector materialice su voluntad con total y absoluta libertad” (coincidiendo con nuestra anterior columna, puso como ejemplo que en Santa Fe ganó la gobernación la coalición liderada por Hermes Binner, mientras el Frente para la Victoria se quedó con la mayoría en la cámara de diputados). Extrañamente en Entre Ríos, algunos incrédulos aducen que este mecanismo personaliza demasiado el sufragio y que ello conspira contra el normal funcionamiento de los partidos. Aceptando que deben realizarse los cambios que consensuadamente se consideren útiles, ninguna duda debe quedar de que la actual boleta sábana debe ser desterrada por sobradas razones.

El oficialismo a través de distintas voces arremetió contra el proyecto por considerarlo imperfecto y oportunista, dejando entrever que no se ahorrará en chicanas para dilatar el tratamiento y así invocar luego la falta de tiempo. Las imperfecciones pueden corregirse y en cuanto al oportunismo, debe recordarse que el actual diputado Juan Domingo Zacarías viene sosteniendo la necesidad de eliminar la boleta sábana desde fines de 1994 y la propia Ana D’Angelo, desde hace varios años, anda predicando en el desierto sobre una reforma política absolutamente necesaria. En otro orden, es difícil que en Entre Ríos los partidos políticos puedan rechazar un sistema que aceptaron en otras provincias y hasta se beneficiaron con él. No subestimar al ciudadano, debería ser la consigna.”Preferimos antes una reforma integral”, dicen algunos pero demoran en encararla. Si se opta por postergar el debate, al menos deberían colocarse en el cuarto oscuro boletas separas por jurisdicción, pero a algunos esto les provoca pánico.

Este periodista no oculta su posición en favor de la boleta única y desde esta columna y con buenos propósitos, lanzamos el desafío tanto al gobierno como a la oposición, para que se plasme el futuro sistema. ¿Se animarán? Sólo Dios lo sabrá.

Coqueteo entre dos orillas

El idilio diplomático que se viene dando entre los gobernantes de Argentina y Uruguay, donde Entre Ríos participa obedientemente, reconoce objetivos muy claros. Entre ellos, el aislamiento de la lucha de los asambleístas de Gualeguaychú, la neutralización de su cruzada contra la industria pastera contaminante UPM (ex Botnia) y el allanamiento del camino para nuevos asentamientos industriales del mismo rubro. Pero todo ello tiene como trasfondo un gesto de gratitud hacia el gobierno vecino, por haberle dado el voto a Néstor Kirchner para ocupar el máximo cargo en la Unión Americana del Sur, apoyo que se le venía retaceando.

La licencia social que el pueblo gualeguaychuense viene negando y que dice nunca le otorgará (razones le sobran), poco parece molestar al gobierno uruguayo y a los empresarios de la celulosa, porque mientras se mantengan firmes estas relaciones bilaterales, no habrá problemas.

El mismo lunes en que la justicia federal en el edificio de Comodoro Py rechazó un recurso de casación presentado por un fiscal, por considerarlo mal concedido, y que el diputado nacional entrerriano Gustavo Zavallo insistía en que se analice en comisión una eventual amnistía (que muchos legisladores oficialistas andan rehuyendo), ambos presidentes cruzaban el Río de los Pájaros, uniendo Concordia con Salto. Una especie de “trencito de la alegría”, según lo definió despectivamente el asambleísta Jorge Frtizler, que conservó la atención mientras los ambientalistas deben mantener incólume su espíritu de lucha y altas las banderas que hacen nada menos que a la defensa de la vida.

El dirigente se mostró muy duro con el gobernador Sergio Urribarri, porque “ante cada protesta nuestra, salía corriendo a abrazarse con (José) Mujica para demostrar que se está unido”, señaló. Y fue más arriba con sus críticas, al afirmar que “la presidente no tiene otra cosa que hacer que subirse a un vagón para cruzar a Salto a demostrar qué” -se preguntó-, interrogando qué lazos se han roto. “No hay necesidad de restablecer lo que nunca se rompió, porque nosotros nunca estuvimos en contra del pueblo uruguayo”, dijo, aclarando que “nuestro problema es con el Estado uruguayo, que es el responsable de todo esto, y en todo caso con el Estado argentino, que no actúa en consecuencia con lo que es el fallo de la Corte Internacional, es decir, controlar permanentemente la planta de Botnia, no después de dos años una vez por mes y avisándole cuándo se va a entrar”.

Resta ahora saber qué vías tomará la causa 13.372, que retornaría al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay cuyo titular, Gustavo Pimentel, ha tenido ahora otro destino funcional. Pero en tanto, el fallo notificado el lunes 29 es positivo para los asambleístas. De todos modos, solamente el indulto –que deberá sancionar el Congreso-, les dará la definitiva tranquilidad. En la tarde del martes, sendos dictámenes por mayoría y minoría en una Comisión de la Cámara de Diputados, encaminaron una salida imprescindible. Pero del dicho al trecho todavía queda un trecho.

Colofón

El gobierno provincial presentó el proyecto de construcción del nuevo edificio donde funcionará el Taller Industrial Manuel P. Antequeda, que actualmente ocupa un solar en Avenida Alameda de la Confederación. Las futura planta será el sitio donde otrora estuviera la fábrica de calzados Llave, en Bajada Grande, previéndose los trabajos necesarios para adaptar el predio a los requerimientos de un organismo que ha cumplido a través de décadas una importantísima labor fabricando mobiliario para las escuelas y otras reparticiones.

La acertada medida cumple con dos finalidades: colocar este taller en un sitio de más fácil acceso y mejores espacios, donde se agregará un sector para aprendices y, a la vez, liberar el inmueble en la hermosa avenida capitalina para la proyectada construcción del ciclo secundario de la Escuela Nº 1 Del Centenario. Esto supone tranquilidad para el personal del taller y para los padres de los estudiantes. Hasta la semana que viene.