En los fundamentos del proyecto se afirma que "aquellos usuarios con suficiente capacidad de ahorro como para destinar parte de sus ingresos a adquirir mensualmente al menos 1.000 dólares estadounidenses, deben encontrarse en condiciones de afrontar el pago del precio pleno de servicios públicos de gas natural, energía eléctrica y agua potable".

"Por lo tanto, en caso de que no hubieran renunciado ya a los subsidios, deberían dejar de beneficiarse de ellos desde el momento en que acceden a la compra de esa cantidad de moneda extranjera con fines de atesoramiento", señala el texto.

A lo largo del proyecto se argumenta además que "esta medida contribuirá a que la política de subsidios que sostiene el Estado nacional, se concentre en los sectores realmente más necesitados".

En los fundamentos, se recuerda desde el 2003 el gobierno aplicó "una política de subsidios a los servicios públicos cuyo objetivo proclamado ha sido lograr una mejora en la calidad de vida de todos los argentinos, a través de la recuperación del empleo y de la actividad industrial".

"Mediante esta política, el Estado se ha hecho cargo de ciertos componentes de la tarifa, reduciendo sustancialmente el monto final que abona el usuario. El contexto de urgencia en el que se tomaron esas medidas, como señalamos antes, produjo algunas inequidades", señala el proyecto.

En ese sentido, se agrega que "si bien aún perduran sectores vulnerables que requieren la ayuda del Estado, el contexto ha mejorado lo suficiente como para que procuremos corregir esas deficiencias".