La compensación que prevé el presente proyecto de ley es de U$D 90.000 dólares por cada trabajador, todo esto equivalente al percibido por los trabajadores de YPF que conservaron su puesto de trabajo. La suma deberá ser abonada en efectivo y no podrá deducirse de ella el impuesto a las ganancias. Para el caso de fallecimiento del agente acreedor, el pago de la compensación que prevé esta ley deberá realizarse a los conyugues y/o los descendientes directos, sin costo sucesorio alguno.

Este reconocimiento, sostienen los legisladores, emana del derecho adquirido en virtud de la ley 23.696 que instituyó el régimen del programa de propiedad participada para todo el personal de YPF.

En los fundamentos, los legisladores señalaron, no solo todos los antecedentes legales por el cual el estado está en incumplimiento de esta indemnización, sino también la destrucción moral, el aislamiento social y la imposibilidad de reinsertarse en el mundo laboral al que fueron sometidos más de 30.000 agentes de YPF.

Es de recordar que Rogel participó en las audiencias previas con el diputado Pitrola, y los diputados Del Caño y López, en las cuales se escucharon a los ex ypefeanos, que fueron quienes redactaron casi en su totalidad el presente proyecto de ley.