La administración central intentó, sin éxito, que la causa pase al fuero Contencioso Administrativo, donde sus reclamos suelen tener mejor destino. Luego redujo su nivel de litigio y ni siquiera apeló contra la medida cautelar. Ahora las expectativas pasarán al fuero penal, donde la causa por la compraventa del predio tramita en el juzgado de Sergio Torres.
Según consignó Ámbito, los letrados de La Rural ya han ampliado su presentación contra el gobierno. Cuestionan la idea de “precio vil” utilizada por el oficialismo ya que entienden que éste sólo se podía definir sobre la base de una concesión previa inexistente. “El terreno vale en la medida de la explotación que se pueda realizar en el mismo”, argumentaron.
Por último, también apelaron al principio de usucapión que favorece a la parte que ha cumplido en forma constante, a lo largo del tiempo, los acuerdos de concesión rubricados.