Ante esta realidad “y hasta tanto se decida en la Legislatura, a los efectos de preservar la salud de los santafesinos, reclamamos -al igual que más de 20.000 santafesinos que así lo han expresado con sus firmas en el petitorio entregado al mandatario provincial, Hermes Binner, que el gobierno determine, para todos los municipios y comunas de Santa Fe, en forma urgente y necesaria una zona de exclusión de fumigaciones con cualquier tipo de producto químico, de 800 metros para las pulverizaciones terrestres y de 1.500 metros para las aplicaciones aéreas, de las plantas urbanas de nuestros pueblos fumigados tal como lo ha establecido el reciente fallo del Juez Tristán Martínez del Juzgado Civil y Comercial de San Jorge”, publicó Rosario/12.
Cepronat ironizó sobre las motivaciones de esta acción: “Los agrotóxicos incrementan el aprendizaje en nuestros niños. Tal parece ser la sentencia emitida por el gobierno provincial y avalada por un sinnúmero de corporaciones, asociaciones profesionales, productores agrícolas, entre otros, al permitir fumigar con venenos en las proximidades de escuelas rurales de Santa Fe”.
La denuncia pública llegó después que la organización liderada por Carlos Manessi, como miembro de la Campaña “Paren de Fumigarnos!”, recibiera informes de docentes, vecinos y padres preocupados por esta situación, respaldadas con apoyo de registros gráficos.
“Indignan estas informaciones que referencian a una actividad habitual puesto que no se trata de personas que realizan acciones aisladas o que no cumplen con las pretendidas e ilusorias ‘buenas prácticas agrícolas’: Son empresarios y productores asesorados por ingenieros agrónomos. La mayoría contratados por los proveedores de agroquímicos y semillas que a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio, con el guiño cómplice de gobiernos comunales y municipales, pulverizan venenos a escasa distancia sin respetar leyes ni el elemental derecho a la salud y al ambiente”, señalo Luis Carreras, también miembro del Cepronat.
En este sentido, los dirigentes de la ONG ambiental recordaron que “en el mes de julio de 2010, el gobierno provincial elevó a la Legislatura el proyecto de modificación de los artículos 33, 34 y 38 de la ley 11.273, entre otros, estableciendo límites precisos a las fumigaciones según la categoría toxicológica de los productos”.
El artículo 38 se encuentra dedicado específicamente al herbicida glifosato y es taxativo al respecto cuando afirma que “sin perjuicio de lo dispuesto y por aplicación de idéntico principio, (principio de precaución) se prohíbe la aplicación aérea de glifosato dentro de los mil (1000) metros del límite de la planta urbana y su aplicación terrestre dentro de los quinientos (500) metros de la misma y de los de establecimientos educacionales rurales, de parques industriales, de complejos deportivos y recreativos, de zonas de interés turístico, barrios privados y caseríos, áreas naturales protegidas declaradas tales por autoridad competente, de los ríos, arroyos, lagunas y humedales señalados en la cartografía oficial”. Sin embargo, estas modificaciones a la ley, tiene media sanción de la Cámara de Diputados de la provincia, pero hoy duerme cajoneado en las comisiones del Senado provincial.
Desde el Cepronat se preguntan si “los agrotóxicos incrementan el aprendizaje en nuestros niños. Debemos contestar con un rotundo NO. Además de eliminar algunas supuestas especies plagas, contaminar y simplificar la fauna edáfica, hacer perder calidad al agua subterránea y convertir a las aguas superficiales en cámaras de tortura para la ictiofauna, eliminan neuronas, generan problemas a nivel endócrino, potencian enfermedades respiratorias y disparan las estadísticas de abortos, malformaciones y cáncer”.
En esta línea de razonamiento, además de una zona de exclusión de fumigaciones tal como la exigida al inicio de esta nota, la ONG ambiental pide que se establezca “en forma preventiva, un área de protección de 500 metros, como mínimo, alrededor de los establecimientos educativos, de parques industriales, de complejos deportivos y recreativos, de zonas de interés turístico, barrios privados y caseríos, áreas naturales protegidas, ríos, arroyos, lagunas y humedales”.
Los dirigentes del Cepronat finalmente le recordaron gobernador y ahora candidato a la Presidencia de la Nación, que “las ganancias económicas momentáneas obtenidas a través de los impuestos no alcanzarán a pagar el tratamiento de los adultos y niños afectados en su salud ‘de por vida’ por los agrotóxicos”.