La decisión del Gobierno es no aplicar aumentos, tal como lo pidieron las distribuidoras. En la audiencia pública que se desarrolló en Villaguay el 5 de febrero la distribuidora estatal Energía Entre Ríos SA (ENERSA) reclamó un aumento del 19,7%. La pretensión no sólo buscó ordenar los números y permitirle sostener el servicio, sino también afrontar las demandas salariales de los trabajadores.

La Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza está trabajando sobre un 30% de incremento en los salarios, y ayer, en un encuentro que mantuvieron los secretarios generales de todo el país en Buenos Aires, se analizó de qué modo canalizar los reclamos en cada jurisdicción.

Aquí, el planteo no sólo llegará a la conducción de ENERSA, sino que alcanzará también a las 18 cooperativas del sector eléctrico.

“La decisión a nivel nacional es que las tarifas no se tocan”, dijo una fuente del sector eléctrico provincial, según publica Entre Ríos Ahora. “Lo que debemos ver ahora es cómo se aplica ese congelamiento, y de qué forma la Nación auxilia a las provincias, vía subsidios, para mantener ese congelamiento de las tarifas. La decisión es que ese congelamiento se aplique durante los próximos 180 días”, añadió.

La Secretaría de Energía de la Nación ya le pidió al Ente Regulador un cálculo financiero de la aplicación del no aumento, para establecer qué volumen de fondos girar para sostener a las distribuidoras.

Esa es la razón de la tardanza en definir lo que se debatió en la audiencia pública de Villaguay. En principio, el Ente Regulador tenía pensado expedirse antes de los 30 días, pero los 30 días pasaron, y no se conoció nada al respecto. Aunque la revisión tarifaria, según manda la ley, debe realizarse en forma quinquenal.