Siete de los niños fueron secuestrados cuando tenían entre trece días y cuatro años de edad, y los otros 27 nacieron en cautiverio. Todos fueron apropiados, la mayor parte por jefes, subordinados o allegados a hombres de las fuerzas armadas que, en general, optaron por los recién nacidos. A algunos de los más grandes los abandonaron en plazas o instituciones.

Próximo a entrar en la etapa de alegatos, Niklison repasa con Página/12 algunos ejes que surgieron del juicio que permitió por primera vez reunir 34 casos para la fiscalía y 35 para la querella. Entre otras cosas, explica por qué cree que la idea del robo de niños no surgió el 24 de marzo de 1976 sino que fue un efecto de la política de desaparición que obligó en determinado momento a poner en marcha el robo de niños. Habla de los jefes del Plan: Jorge Rafael Videla, Reynaldo Bignone y Jorge “el Tigre” Acosta, entre otros. De la Iglesia y el rol que efectivamente cumplieron “montones” de “obispos, adjuntores y capellanes” que entregaron información a las familias y muestran que tuvieron “acceso a la información”. Y habla de los documentos desclasificados y de la “importantísima” declaración del entonces funcionario norteamericano Eliott Abrams, que dijo que Estados Unidos sabía del robo de bebés y sugirió que intervenga la Iglesia: “Esto demuestra que el gobierno norteamericano quería que no los eduquen (a los chicos) familias comunistas, por eso se lo bancaron. Y segundo, se ve en el memorándum que con los desaparecidos está, pero los chicos es un tema que les hace ruido”.

Consultado sobre la imagen del juicio que más le impactó, reflejó: “Al principio hubo algunas muy fuertes, pero la declaración de Victoria Montenegro fue muy importante. Sabía lo que iba a decir, pero me pareció una persona que podía llorar y reírse, y contar su fanatismo por el militar que la apropió y decir lo contrario. Pudo manejar el drama, contarlo cuando dos o tres años antes seguía sosteniendo que era María Sol Tetzlaff. Fue importante cómo se animó a denunciar al fiscal Juan Martín Romero Victorica. Ella no sabía qué hacer. Yo le dije que hoy había gente en la Justicia que no quería tapar esas cosas”. Otra faceta fueron las Abuelas. Uno escuchaba a la abuela de Paula Logares, Elsa Pavón, entrar y salir y buscar a su nieta como en una historia de detectives. Me baso en pensar que el poder las subestimó: nunca pensó que estas mujeres iban a hacer todo eso. Cuando ellas hacen esto, lo normal hubiese sido que nunca hubiesen podido averiguar casi ningún dato, y por eso en definitiva en el Juicio a las Juntas se probó sólo el caso de los hermanos Gatica, porque no se pensaba que ellas iban a tener el tesón que tienen hasta hoy. La dictadura tenía la certeza de que no los iban a descubrir. Por eso en el documento final de la Junta, el que ordena la autoanmistía ni menciona el tema de los chicos. Lo hacen pese a que hay un plateo de la APDH para que intervenga la Iglesia. Y está ese otro planteo que ahora nos enteramos que hace Abrams por el lado de Estados Unidos”.

“Y ellos deciden no hacerlo con la confianza de que esto nunca iba a saltar. En el documento desclasificado hablan del problema de sacarle los chicos a las “familias adoptivas”. También eso es importantísimo porque muestra que en algún lugar todavía hay documentación y la deben tener. No puedo creer que hayan prendido fuego o no hayan microfilmado a quién le dieron cada chico”, agregó.

“La fiscalía tiene 34 casos. Sabemos que hay más. No sólo por las denuncias sino porque hay montones de condenas y sin embargo no forman parte del juicio. Pero estos casos fueron elegidos por los lugares donde se dieron: dentro de Buenos Aires, y a lo mejor es que el tema de los chicos se concentró acá aunque hubo casos en Córdoba, en San Juan o Santa Fe y alguno en otro lugar”, explicó. Y prosiguió en esa línea: “Pareciera que el grueso se dio acá. Hubo dos casos de este juicio de embarazadas que trajeron desde Córdoba. Pero por las declaraciones, para mí en Córdoba se dieron todas las situaciones: hubo a quienes se les devolvieron los hijos, hubo embarazadas fusiladas y algunos testigos hablan de la resistencia de los médicos de allá a prestarse para partos de mujeres secuestradas. Esa sería la explicación de por qué traen a la ESMA a María del Carmen “Pichona” Moyano de Poblete, por ejemplo. También hubo un caso con condena en el Hospital de Paraná el año pasado y se dijo que podría haber otros. Pero cuando se hizo la denuncia original de esta causa, hace 16 años, se eligieron estos casos y tiene su lógica”.

Sobre las características tienen en comúnlos casos, indicó: “De los 34 casos, 33 madres desaparecen. Sólo queda viva Sara Rita Méndez, que la devuelven a Uruguay pero entregan a su hijo acá. Y desaparecen 32 padres, ni Abel Madariaga desapareció ni el marido de Sara Méndez”. Y sobre el significado que puede tener esto, conjeturó: “Mi idea es que cuando la madre iba a ser liberada, no le robaban los chicos. Y por supuesto la postura de la acusación no va a ser que el Ejército se convirtió en una banda dedicada a robar chicos. No es así. Hubo embarazadas a las que mataron directamente y otras perdían los embarazos en las torturas, pero en los demás casos está claro que las tenían esperando hasta que tuvieran los hijos, luego las desaparecían y en ese momento entregaban al chico. Casos de mujeres desparecidas que hayan parido en cautiverio y que les devuelvan los hijos hay muy pocos: uno en ESMA, uno en Vesubio y pareciera que dos en Córdoba, pero en general en eso hay una especie de regla”.

Respecto a qué pasó con los niños más grandes, el fiscal detalló: “De los 34 casos, 27 nacieron en cautiverio. Y 7 ya habían nacido, tenían entre 13 días y 4 años, como Anatole Julien, que lo llevaron a Orletti con su hermana, después a Uruguay, y los abandonan en una plaza de Chile. Creo que su edad generó el problema de entregarlo, con lo que lo llevaron a Chile para que no se supiera dónde estaban. Por lo cual estaban desaparecidos. Uruguay tampoco se quiso hacer responsable”.

En cuanto a una hipótesis que indica que a los recién nacidos los apropiaban y los más grandes los entregaron a instituciones, Niklison opinó: “Yo creo que ocurrió como en otras adopciones: la gente quiere adoptar un bebé recién nacido. A los chicos ya nacidos en general no los robaron. Supongo que no les sería tan práctico llevarlos a los centros clandestinos. Hay niños secuestrados en operativos que fueron devueltos y otros que no”.

La solución argentina

“Hubo dictaduras similares en toda América latina. Y en ningún caso se desarrolló una organización como la de Abuelas de Plaza de Mayo. Le pregunté a Pérez Esquivel cuando estuvo, y me dijo que no hubo. En Uruguay, hubo sólo el caso de Macarena Gelman, por eso estaban horrorizados cuando sale la denuncia. En Chile no hay casos, por lo menos yo no los tengo. Y en Bolivia, pregunté y una testigo me dijo que no. No quiere decir que no puede haber, pero por lo menos no tuvo la dimensión como para que se organice una agrupación para reclamar. Entonces, salvo que los militares y policías argentinos tengan una predisposición a apropiarse de los hijos de sus víctimas, cosa que no creo, es que de arriba decidieron hacerlo. ¿Por qué ocurre algo así en una sociedad y no en otra? Porque hay algo del poder que lo permite”, evidenció el fiscal.

Y amplió: “Sin duda tiene relación con la metodología elegida. En Uruguay hubo detenciones o asesinatos, los desaparecidos son poquísimos. En Chile hubo desaparecidos, pero iban directamente y los fusilaban. Todos tuvieron sus áreas clandestinas pero acá, estimulados por las condenas internacionales que caían sobre Chile, se estableció la clandestinidad como método central. Entonces surge el problema de los niños. Creo que el 24 de marzo no se propusieron tomar a los chicos, pero como el noventa por ciento de las víctimas eran personas jóvenes, generalmente parejas y mujeres en edad fértil con chicos, chiquitos, les surgió el problema y encontraron un justificativo importantísimo: se dijeron que los chicos eran así por las familias que los educaron con estas ideas”.

La Iglesia

Niklison sostuvo: “Lo que interesa en el juicio es la gran cantidad de información que obtenían a través de gente de la Iglesia los familiares que buscaban a sus hijas y a sus chiquitos. Vino de montones de obispos y adjuntores de entonces. Monseñor Raúl Plaza le dice a Chicha Mariani que no busque más a su nieta porque está bien con otra familia. En el caso de (Licha) La Cuadra también le da información otro obispo y le dice que su nieta está siendo educada cristianamente. Graselli le dice más o menos lo mismo. Otro (el vicario castrense, Victorio), Bonamín, le dice a un pariente de Beatriz Castiglione que ella debería ser liberada unas semanas más adelante. (El entonces párroco del obispado de Morón, Raúl) Trotz que le dice a Amelia Galeano que su amiga Teresita, que era catequista, ya estaba afuera del país y su hija estaba siendo educada por una familia cristiana. O sea, llegaban a la información”.

Consultado sobre el caso Sandoval, ocurrido en Entre Ríos, agregó: “La familia de Alejandro Sandoval era de Entre Ríos y al padre le dijo el cura del pueblo, que era un capellán del Regimiento de ahí, que tuvo un varón. Juan Gelman llegó a la información en 1977, cuando le dijeron en el Vaticano que nació su nieta o nieto, a través del segundo de la Secretaría de Estado vaticana que se comunica con alguien de Argentina y supo aquello dea child was borns. ¿Cómo hace un obispo, y en este caso un obispo que es un diplomático, para obtener información? El obispo tuvo que haberse contactado con un general o almirante que le dio información. Los datos me sirven para marcar eso: ahora están todos muertos, pero permiten saber que ellos tenían acceso, que había niveles donde sabían. Pareciera que no estaba descontrolado, estaba perfectamente controlado”.

Foto: Página/12.