Los últimos días de 2013 estuvieron cargados de angustia y tensión: las imágenes de levantamientos policiales que se replicaban en varias provincias comenzaron a circular por los medios y los saqueos completaron una atmósfera densa en ese diciembre incierto.

Ese escenario empujó a una joven estudiante universitaria paranaense hasta el edificio de los tribunales federales para presentar una denuncia dirigida a la máxima autoridad del país: la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Era el 9 de diciembre cuando Cintia Fabiola Víctor, estudiante de la Licenciatura en Filosofía de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), llegó con sus 27 años a los tribunales, preguntó cómo hacer una denuncia y la escribió, de su puño y letra, con la fórmula que le mostraron en la Secretaría Penal del Juzgado Federal de Paraná. “La idea de la presentación era poner un límite a la situación que estaba pasando”, dice hoy, dos años después, ante la consulta de Página Judicial.

Con una tensión policial diseminada y creciente en distintos puntos del país, con la provincia convertida en un hervidero por la toma de la Jefatura Departamental de Policía de Concordia, con efectivos protestando en otras ciudades –principalmente en Paraná y Gualeguaychú– y con grupos organizados saqueando violentamente comercios, la joven paranaense se presentó en los tribunales federales. Escribió que el gobierno federal debió intervenir en el territorio de las provincias afectadas para “garantizar” el orden y “sostener a las autoridades constituidas” (artículo 6 de la Constitución Nacional); y/o declarar en estado de sitio a las provincias “en donde exista la perturbación del orden” (artículo 23 de la Constitución Nacional). Lo que le reclamaba a la Presidenta de la Nación era “intervenir con el peso de las fuerzas a las provincias afectadas” y le imputaba los cargos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y homicidio culposo por no haberlo hecho.

Para entonces había dos personas fallecidas por la rebelión policial: el 3 de diciembre un joven de 20 años recibió un disparo en la espalda durante un saqueo en un barrio de la capital cordobesa y murió; cinco días después, en otro intento de saqueo, en un supermercado de Concordia, Eduardo López perdió la vida por un shock eléctrico.

Las otras dos muertes se gestarían el 9 de diciembre en Concordia. En un clima de anarquía, los saqueos (e intentos) continuaban en distintos puntos de la ciudad. En ese marco se conoció la noticia de que un joven había sido baleado cuando un grupo de personas intentó ingresar al mercado La Esperanza. Las primeras versiones indicaban que a los pocos minutos los vándalos habían incendiado el comercio y que otro muchacho había resultado gravemente herido por las llamas. Luego se supo que fue el propio dueño del negocio, Juan Javier Huerta, quien baleó por error a Carlos Eduardo Cáceres, un empleado al que confundió con saqueadores, e incendió el local provocando quemaduras irreversibles a Claudio Matías Román. Ambos tenían 22 años y murieron el 16 de diciembre.

Tres días después de la primera denuncia, el 12 de diciembre, la joven estudiante paranaense se presentó nuevamente en los tribunales y pidió la detención de la Presidenta porque luego de su presentación inicial se habían producido al menos otras seis muertes en Chaco, Tucumán y Jujuy, “debido a una ausencia del Estado”, escribió. Para entonces todavía había cuatro provincias con conflictos abiertos, aunque en vías de solución.

En Entre Ríos, los policías habían vuelto a patrullar el 9 de diciembre por la noche, luego de que el gobernador Sergio Urribarri les garantizara un aumento salarial, el acuerdo para abrir una negociación paritaria y un compromiso de no iniciar “actuaciones administrativas que deriven en sanciones contra ningún agente policial que haya intervenido en las manifestaciones de protesta”. Pero ese acuerdo nació débil. Era difícil de digerir para los ciudadanos que habían pasado dos días en vilo, injustificable en términos institucionales e insostenible para los operadores judiciales. Dos años y medio después, 17 policías fueron condenados a penas de prisión efectiva, inhabilitados para ejercer cargos públicos y serán exonerados de la fuerza por el alzamiento que protagonizaron.

Reclamo y sedición

Sedición es un término que deriva del latín seditĭo y alude a un levantamiento grupal contra las autoridades constitucionales y el orden vigente; y constituye un delito penal.

En los hechos de 2013 hubo una especie de fase preparatoria que derivó en que el 3 de diciembre unos mil policías cordobeses dejaran de cumplir funciones. Los hechos se sucedieron luego de que un grupo de policías decidiera acuartelarse como método de protesta en un supuesto reclamo de aumento salarial. El primer estallido provocó un efecto dominó que extendió los alzamientos por casi todo el país: La Rioja, Neuquén, Río Negro, San Juan, Catamarca, Santa Fe, Chaco, Buenos Aires le sucedieron. En Entre Ríos, el epicentro estuvo en Concordia, durante los días 8 y 9. Después hubo episodios también en Jujuy, Tucumán, Corrientes, Misiones, Chubut, Tierra del Fuego, Mendoza, San Luis, Salta, Formosa y La Pampa.

Para algunos, se trató de un reclamo gremial; para otros, de un acto de sedición y una extorsión contra las autoridades.

Con las ciudades desprotegidas y la zona liberada para el vandalismo, los saqueos y robos se multiplicaron en las calles afectando a comercios de ropa, electrodomésticos, supermercados y otros. Las cámaras de comercio regionales advirtieron que casi dos mil negocios resultaron afectados y las pérdidas económicas se estimaron en casi seiscientos millones de pesos en todo el país.

Durante el conflicto hubo 18 personas fallecidas –tres en Entre Ríos– y cientos de heridos en todo el país, aunque las cifras no son oficiales.

Una cuestión de competencia

La denuncia de Cintia Fabiola Víctor no tuvo trascendencia pública y deambuló en la burocracia judicial durante todo este tiempo.

El juez federal de Paraná, Leandro Ríos, se declaró incompetente y remitió el expediente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que estaba en turno al momento de la presentación. El argumento fue que el supuesto deber infringido, es decir, el no envío de fuerzas nacionales a las provincias, sólo podría haberse producido en el despacho que la Presidenta tiene en la Casa de Gobierno, en la calle Balcarce 50 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Tratándose de delitos de tipo omisivos, el lugar del hecho queda signado por la infracción del deber de actuar, aunque el resultado, o sus efectos, ocurran en uno distinto”, ratificó el fiscal Ricardo Alvarez, y así lo confirmó hace algunas semanas la Cámara Federal de Apelaciones cuando resolvió enviar las actuaciones a la Ciudad de Buenos Aires.

En resumen, si a Cristina Fernández de Kirchner se le achaca el hecho de no haber enviado fuerzas de seguridad a las provincias, el delito se produce en su despacho, independientemente de lo que ocurra, por caso, en Concordia.

“La idea de la presentación era poner un límite a la situación que estaba pasando. La Constitución Nacional dice que en caso de sedición o de conmoción interior, la Nación debe intervenir las provincias o puede declarar el estado de sitio para dar garantías a los ciudadanos, para la protección de la vida y de la propiedad. Hoy quedó más como una cuestión forense, pero en ese momento lo que yo quería era ponerle un freno a esa situación. A mí me pareció inadmisible e innecesario estar pasando por algo así”, explicó la denunciante.

Fuente: Página Judicial