Furman requirió en carácter de “simple ciudadano” que “el Ministerio Público a cargo del procurador, en ejercicio de las facultades constitucionales que emanan de la Carta Magna, se constituya en las actuaciones ‘Rossi, Domingo Daniel s/ infracción art. 268 Código Penal’”.

En ese orden, recordó la condena por enriquecimiento ilícito que pesa sobre el ex vicegobernador, y fundó el pedimento en la “necesidad de mantener y garantizar el principio de legalidad que se ha visto seriamente afectado por la decisión del máximo tribunal de nuestra provincia”. Cabe consignar en este punto que Rossi fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional, al pago de una multa de 90.000 pesos y a la inhabilitación por el término de ocho años para el ejercicio de cargos públicos.

“Al momento de la rehabilitación concedida por la Sala Penal, no había transcurrido la mitad del tiempo de la inhabilitación; tampoco el condenado había dado cabal cumplimiento de los deberes que se le impusieron”, fundamentó el periodista y ofreció como prueba adjunta de esto último el informe audiovisual del programa que se emite por Telefé, Caiga quien caiga (CQC), que el año pasado pudo comprobar que Rossi no cumplía con las tareas comunitarias asignadas.

En la presentación formal a la que tuvo acceso este medio, Furman recalcó asimismo que “conforme a noticias periodísticas, Rossi habría efectuado algunas ‘donaciones’ a entidades de bien público o clubes deportivos, pero no ha restituido íntegramente al Estado de la provincia de Entre Ríos el producto del ilícito por el que fuera condenado (5 millones de dólares)”.

Por todo, pidió al procurador que “en plena vigencia del principio de legalidad, impugne la sentencia de la Sala Penal del STJ”, determinación judicial que habilitó a Rossi para volver a presentarse como precandidato a intendente de Santa Elena por el oficialismo.

Cuestionamiento al fiscal

Furman cuestionó a su vez la “inacción” del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, en la materia, y deslizó la posibilidad de denunciarlo por “incumplimiento de sus deberes” antes de que inicie la feria judicial.

Para sostener su cuestionamiento, el periodista cuenta con la última presentación ingresada por Mesa de Entrada de la Fiscalía el 26 de octubre de 2010, en la que se solicita informe sobre los avances en la solicitud de intervención en las actuaciones “Rossi, Domingo Daniel s/ Enriquecimiento Ilícito de Funcionario Público” efectuada el 25 de enero y ratificada el 24 de junio, sin novedades hasta la fecha.

“Tampoco hasta la fecha se me ha otorgado la audiencia solicitada para aportar mayor información confidencial respecto del destino de los bienes y activos financieros”, recalcó Furman en la nota a la que tuvo acceso este medio, y en la que sugiere al funcionario que “urgentemente” se inicien las medidas cautelares “para evitar eventuales prescripciones, caducidades, etc., que puedan luego impedir el decomiso de bienes solicitado como manda la ley”.

En la nota en cuestión, Furman, con el patrocinio letrado de Luis Alberto Lemos, confiaba en que el fiscal daría al caso Rossi la misma atención que a las actuaciones relacionadas con la ex agente de la Administración Pública, Susana Firpo (la empleada de la Secretaría de Energía acusada del robo de cinco cheques), “so pena de incurrir en trato discriminatorio y desigualdad ante la ley”.

Y en ese orden, exhortaba a Rodríguez Signes a “tomar las medidas conducentes para así dar cumplimiento a los deberes que le impone la ley”.