Unos 350.000 entrerrianos reciben precarias condiciones médicas como consecuencia de la crítica situación que atraviesan las dos mayores obras sociales de Entre Ríos: el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) y el Programa de Atención Médica Integral (PAMI). Estos ciudadanos deben soportar el sobrecosto que significa el pago de plus en la atención en el primer nivel, y el establecimiento de cupos por internación por parte de las clínicas, en el segundo nivel, un hecho que los obliga a buscar camas en los hospitales públicas, también desbordados.

La disputa económica con los prestadores, el reparto de más de ocho millones de pesos al mes, es el eje de un conflicto que genera dolor e indignación en la gente. Las dos mayores obras sociales de Entre Ríos atraviesan en estos momentos por una crítica situación que, en forma directa, afecta a sus afiliados, unos 350.000 en conjunto.

Algunos prestadores, como el presidente del Círculo Médico de Paraná, Ignacio Uranga, reconocen el problema. “El afiliado está muy mal. Tiene una enorme restricción para el uso de los servicios. En algunos casos, hay serios problemas de falta de atención por más esfuerzos que se pongan de todas las partes”, señala. La pelea de fondo, en realidad, es económica: cómo se reparten los más de ocho millones de pesos que manejan al mes ambas obras sociales (6,2 el Iosper, y 2,1 millones de pesos, el PAMI), y de qué forma el Estado controla el correcto uso de esos fondos mediante eficaces sistemas de auditoría. En el PAMI, hay sólo dos médicos auditores, y en el IOSPER la política que se sigue en ese aspecto es errática.

El IOSPER, con un universo de aproximadamente 250.000 afiliados, soporta la persistencia del cobro de plus por parte de los médicos, diez pesos extra más tres de coseguro, que salen del bolsillo del afiliado, y ocho a cargo de la obra social, lo que totaliza una cifra de 21 pesos, más del doble de la suma pactada por cada atención médica. A eso, se agregan las sobreprestaciones que encarecen la salud: en Gualeguaychú, de cada diez partos, ocho son por medio de cesáreas.

Entre ingresos corrientes y recupero de pasivos, el IOSPER consigue disponer cada mes de 6,2 millones de pesos que vuelca al pago de prestaciones a clínicas, médicos, bioquímicos y farmacéuticos, aunque para el afiliado los contratiempos están a la orden del día. No sólo un 40 por ciento debe hacer frente al pago del plus, sino que en ocasiones también se encuentran con el escollo que presentan los sanatorios para brindar internaciones en función de la “falta de camas”.

“A pesar de que el IOSPER está pagando al día las prestaciones, los prestadores no cumplen. El cobro de plus se ha generalizado en la provincia. Los médicos ya se acostumbraron a tener dinero en caja, y no hay forma de desalentar esa práctica ni aún con medidas disciplinarias como las que se han aplicado. Esto representa un desafío para el directorio de la obra social, que deberá encontrar la forma de frenar estas prácticas. Y exigir a los médicos que no cobren adicionales, que hagan un uso racional del medicamento; y a las clínicas, que no pongan cupo ni tampoco cobren adicionales al afiliado”, dice Ángel Rossi, gerente financiero de la obra social.

A fin de mes, vence el convenio que el IOSPER tiene con la Federación Médica de Entre Ríos (Femer), un acuerdo denominado por “cartera fija”, y que en la práctica significa que los profesionales sólo atienden al mes 43.500 consultas, a razón de una por afiliado, y para eso perciben 719.000 pesos. Una segunda práctica sólo se realiza mediante la presentación de la historia clínica. Con los medicamentos no es distinto: como no existe convenio prestacional, los afiliados que demandan remedios ambulatorios deben comprarlo en alguna de las farmacias ligadas a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), en Paraná, o abonar de su bolsillo y después conseguir el reintegro, en plazos prolongados, en la obra social.

No es distinto sino más grave el panorama que ofrece el PAMI, la obra social de los jubilados que, en Entre Ríos, atiende a 100.000 personas en función de que los cupos de internación han puesto, en algunos casos, en riesgo la vida (ver aparte) hecho que hoy derivará en una presentación ante el Juzgado Federal de Paraná. Miguel Barbará, presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios, dice que las clínicas atienden “hasta donde el dinero nos alcanza”.

“Nosotros tenemos convenios firmados para 1.000 internaciones mensuales, y en estos momentos estamos teniendo 1.400 internaciones. ¿Quién nos paga la diferencia? Es una cuestión económica. Encima, el aumento de la cápita, que prometieron llevar de 21,40 a 25,50 pesos, todavía no lo han pagado. Pero en ningún momento hay abandono de personas. Eso lo dice Nogueira, pero es nada más que una bravuconada de su parte”, asegura Barbará.

José Nogueira, titular del PAMI Entre Ríos, piensa lo contrario y asegura que hay abandono de personas, y que los cupos que imponen los sanatorios no responden a la realidad sino a apetencias económicas. Lo afirma con datos aportados por una auditoría que envió el PAMI central y que constató, en dos clínicas de Paraná y una de Crespo, que hay camas de sobra. Con ese informe más un acta notarial que se labró en la guardia del Hospital San Martín -adonde llegó un paciente de 92 años después de deambular horas en busca de sitio para internarse- el funcionario se presentará hoy ante la Justicia. “No atender un caso de urgencia es un grave incumplimiento, y además un abandono de persona”, señaló Nogueira a El Diario.