Lisandro Viale – diputado nacional (PS-Entre Ríos)

Con una producción nacional que superará los 12 millones de toneladas, los productores de trigo vuelven a la situación de la exigua campaña de 2009. Es decir: nadie compra trigo. Al promediar la cosecha, el trigo abunda, luego de un buen año en cuanto a clima y con fuerte demanda de los mercados internacionales –lo que empuja los precios al alza– y sin embargo: nadie compra. Parece increíble pero es real. Cuando toda la producción se podría colocar en el exterior, nuevamente los molinos y las exportadoras carecen de interés en comprar.

Pero ese desinterés es mera especulación, favorecida por la política del Estado nacional de garantizar tonelajes para la molinería y cerrar la exportación, o abrirla a cuentagotas. Ya se sabe cómo termina esta historia, tanto que podríamos repetir palabra por palabra lo que dijimos un año atrás, al presentar un proyecto que pretendía transparentar el mercado: “¿Qué ocurre con el trigo? (...) En momentos en que está por ingresar la cosecha a los acopios, el productor se encuentra con que su mercadería no tiene precio ni compradores, salvo que esté dispuesto a malvenderla” (Expte. 6155-D-2009). El productor terminará vendiendo el cereal hasta un 30 por ciento más barato que el precio FAS teórico que publica el gobierno, transfiriendo esa monumental diferencia a molineros, exportadores y acopiadores. Una diferencia que representa un margen de ganancia importante para el productor grande (alrededor de 2050 productores), pero que para los restantes 27.000 pequeños y medianos productores significa lisa y llanamente trabajar en rojo, o abandonar la actividad.

Cuando los precios internacionales suben, todo el mercado se entusiasma y junto con los commodities suben los arriendos, los agroquímicos y el resto de los insumos. Los que pagan esta fiesta nunca son los grandes arrendatarios y pooles de siembra –que no tendrán inconvenientes debido a su escala de producción– sino el segmento de productores pequeños y medianos que en mayor número puebla la matriz productiva argentina.

Es la misma historia. Por eso se aplica el conocido dicho “Vuelve la burra al trigo”: el gobierno insiste en opacar el mercado con medidas incomprensibles, en una obstinación que poco tiene que envidiarle al animal del dicho. Se garantiza un cupo inmenso de cereal a la industria molinera, que además demanda una calidad de gluten y proteínas que no tiene la mayoría del volumen producido, como sucede con el trigo entrerriano, entre otras provincias. Se insiste en restringir los cupos para exportarlo pese a la creciente demanda del mercado internacional y como si fuera poco, no se pagan las compensaciones de hasta 800 toneladas producidas en la campaña 2009, que fueron anunciadas en 2008, se establecieron y reglamentaron en 2010, pero se traban hasta la actualidad, con miles de productores que no acceden a ellas.

Todo parece ser una perversa maniobra para producir el quebranto y en consecuencia la desaparición de los pequeños y medianos productores.

Esto no sucedería hoy si el comercio exterior del país, en lugar de estar en manos de un organismo centralizado, poco transparente e inclusive sospechado, en el mejor de los casos, de tener un funcionamiento discrecional con múltiples denuncias de corrupción como la ONCCA, estuviera monitoreado por una agencia participativa, descentralizada con autonomía, autarquía y un funcionamiento transparente que combine lo público y lo privado como es la ACACIA que planteamos en nuestro proyecto presentado por Expte. 2155-D-2009. Un organismo que demuestra que estas estructuras funcionan dando respuestas a sus demandas es el INTA.

Hace unas horas hemos presentado un nuevo proyecto de resolución solicitando al Ministerio de Agricultura que explique qué argumentos tienen nuestras autoridades para justificar las políticas que siguen poniendo en práctica, en un rumbo que beneficia a los que especulan, premia a los grandes y maltrata o condena a los pequeños y medianos productores trigueros.