La Secretaría de Comercio aplicó multas a privados por más de $2.000 millones por incumplir con la Ley de Defensa del Consumidor, en su mayoría infracciones de empresas y supermercados al programa Precios Justos.

Los programas de control, como medidas que enfrentan a los ciclos inflacionarios, fueron una de las políticas acordadas por la Secretaría de Comercio para las cadenas de comercialización y los formadores de precios. Sin embargo, los incumplimientos al programa Precios Justos en todos los rubros, a la Ley de Defensa del Consumidor y a la Ley de Defensa de la Competencia generaron severas multas.

En un principio, el Ministerio de Economía lanzó el programa Precios Justos en noviembre del 2022, cuando se estableció una canasta de valores fijos en unos 2.000 productos de primera necesidad mediante acuerdos voluntarios con empresas productoras y comercializadoras, con vigencia hasta el 31 de diciembre del 2022. Además, se estableció que otros 30.000 productos no superen el 4% del aumento mensual.

Sin embargo, los primeros resultados mostraron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) pasó de 4,9% en noviembre a 5,1% en diciembre y a 6% en enero. A raíz de eso, la Secretaría de Comercio estableció multas de hasta $71 millones por incumplimientos, a partir de la Resolución 12/2023.

A pesar de ese antecedente, en febrero del 2023 el Ministerio de Economía lanzó una ampliación de Precios Justos, que incluyó quince sectores de consumo con una pauta de incremento de precios del 3,2% mensual hasta el 30 de junio próximo, en un acuerdo voluntario con unos 50.000 productos de indumentaria, calzado, hogar y construcción; celulares, pequeños electrodomésticos, educación, canasta escolar, insumos industriales, textiles, motos, bicicletas, medicamentos y venta por catálogo.

La experiencia se reiteró: a finales de febrero, Comercio labró 769 multas a empresas alimenticias y supermercados por $ 806.450.000 en tan solo una semana debido a diversos tipos de irregularidades en torno del cumplimiento de Precios Justos. Los incumplimientos incluyeron faltantes de stock y de cartelería, uso de carteles en góndolas en productos que no forman parte del programa y duplicidad de etiquetado.

En ese marco, el organismo dirigido por Matías Tombolini aplicó multas a privados por $ 3.333 millones desde agosto del año pasado hasta la fecha, de las cuales $ 2.635 millones correspondieron a incumplimientos a la Ley de Defensa del Consumidor, en su mayoría infracciones de empresas y supermercados al programa Precios Justos, y $ 968 millones a faltas a la Ley de Defensa de la Competencia.

Fuente: Ámbito