Luis María Serroels
A mediados de 1985, el entonces titular del Poder Ejecutivo provincial, Sergio Alberto Montiel, fue informado sobre graves irregularidades que, por acción u omisión, se estaban cometiendo en el ámbito del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS). Pese al compromiso asumido por el mandatario, la supuesta investigación se fue diluyendo en el tiempo amañadamente y languideció hasta desembocar en medidas sancionatorias benévolas y ajustadas apenas a un par de chivos expiatorios. La política, una vez más, se había impuesto por sobre la justicia y el orden legal.
Veinte años después, ese mismo organismo puede acarrearle grandes dolores de cabeza a la misma persona, por hechos ocurridos en su segundo mandato y a partir de las denuncias y ampliatorias formuladas por la Oficina Anticorrupción en sede judicial y que lo tienen como imputado directo. Son las ironías del destino: quién ayer nomás creó una Fiscalía de Investigaciones para arremeter -entre otras cosas- contra posibles ilícitos del bustismo, hoy debe enfrentarse con el accionar de una oficina que su archienemigo y actual gobernador hizo alumbrar y que, seguramente, no tendrá muchas complicaciones a la hora de devolver "gentilezas".
No estaría ajena a las investigaciones impulsadas la no por trillada menos grave cuestión del otorgamiento discrecional de la publicidad oficial, que en sucesivas administraciones ha servido para traducir reconocimientos o reproches a medios de comunicación y periodistas según su grado de alineamiento o de críticas al poder gobernante.
Y en estas denuncias de la OAC, dependiente de la Fiscalía de Estado, en eso de contratar espacios sin sujeción a la normativa vigente, donde se efectuaron erogaciones sobrepasando groseramente, sin razones de Estado ni de otra índole que lo justifiquen, los montos establecidos por la ley para eximir de llamados a licitación, aparece el propio hijo del mandatario, Víctor Montiel, en su calidad de ex director general de Turismo de la provincia.
No amortigua ni atenúa sus responsabilidades el hecho de que esas prácticas se dieran en otras dependencias, principalmente la Dirección de Información Pública de la Gobernación.
Su relación familiar tan directa con el gobernador, lejos de constituir un privilegio (constitucionalmente vedado) o entrañar la posesión de un salvoconducto, ciertamente le imponía severamente observar más que nadie las leyes, apegarse rigurosamente a los tramos de procedimientos contables y ofrecer una conducta ejemplar de orden y transparencia.
Se sabe que nada de ello ocurrió. Gastar sin control, exceder sin medida el monto de las partidas asignadas, no dar fundamentaciones lógicas que sostengan la direccionalidad de las erogaciones (carentes de un decreto previo que las legitime), ignorar la intervención de ciertos funcionarios que pudieran sugerirle correctivos, incluyendo nada menos que un ministro de Economía, y dejar todo este cúmulo de irregularidades librado a la mano salvadora de su padre (obviamente fuera del ojo revisor del Tribunal de Cuentas, aunque este instrumento de contralor tiene mucho que informar sobre esta materia), son suficientes razones para sostener una investigación, resguardando por supuesto el derecho de defensa.
Las altas sumas que se encolumnaron en la arbitraria nómina de beneficiarios de jugosas pautas publicitarias, hecha sin ningún tipo de planificación sobre tendencias y objetivos, y su incompatibilidad con algunos destinatarios en términos de capacidad profesional, cobertura, resultados e inserción en cada región, exhiben casos imposibles de entender. Valga citar que se concedieron alrededor de 200.000 pesos para que un automóvil de carreras llevara estampado un lema institucional en su carrocería...
Desde luego que los casos susceptibles de ser revisados por la Justicia podrían alcanzar un número elevado. Mientras tanto, para muestra basta un botón.
Pero el organismo denunciante alude asimismo a la falsificación, hecha hasta burdamente, de la firma de cierto funcionario en la contratación de mensajes de publicidad y, más grave aún, la existencia de firmas apócrifas del propio gobernador.
No hace mucho y refiriéndonos a la Gobernación de Raúl Lucio Uranga (1958-62), citábamos palabras suyas pronunciadas ante la Asamblea Legislativa del 1º de julio de 1959, cuando aseguró que "no se hace propaganda oficial ni se paga un centavo en diarios, revistas o radios para la exaltación de los hombres de gobierno". No fue hace siglos ni en algún país situado en las antípodas. Fue aquí, cerca de nosotros y hace tan sólo 45 años.
Si vale como auxilio a la hora de interpretar los postulados que rezan sobre la contratación de espacios publicitarios del Estado, vayan estas reflexiones: a)- Debe establecerse que no es ningún pecado ser receptor de publicidad oficial cuando se concreta en los términos fijados por la ley. b)- Existe una publicidad determinada por normas legales, por ejemplo llamados a licitación (que implica licitud) o a concurso, garantizando transparencia y buenas ofertas en las compras y contrataciones del Estado. c)- Respecto de la publicidad institucional o cualquier otro mensaje que las autoridades estimen importante y necesario (por ejemplo los vencimientos impositivos, promoción de juegos de azar o de servicios aseguradores, para los cuales no se gasta sino que se invierte) deben observarse criterios de razonabilidad en los montos y la fundada oportunidad de su difusión en términos de interés público. d)- La orientación publicitaria implica para el funcionario la obligación de consultar la importancia de cada medio, poder de convocatoria pública, nivel de venta y penetración en el ámbito ciudadano donde se emita o publique, relación entre estos ítems y el tarifado, sin soslayar el buen uso y respeto por el idioma. e)- Cada vez que se extienda una orden de publicidad a solventarse con recursos del Estado (del contribuyente), debe consignarse claramente su finalidad, el texto, medidas gráficas o temporales según el medio, relación espacio-precio unitario y antes de cancelar su facturación exigir, so pena de su anulación, los necesarios comprobantes de cumplimiento antes de ser remitido el expediente al Tribunal de Cuentas. f)- Es una regla básica que la publicidad oficial no debe darse porque sí ni puede responder a favores que premien el amiguismo o salden supuestas facturas políticas. g)- Se exige como una simple cuestión de elemental justicia y equidad no dejar a nadie afuera, pero esto conlleva certificar debidamente la importancia de cada uno y sobre ello establecer una escala respecto de criterios de prioridad, montos y frecuencias, fijada con sentido de proporcionalidad. h)- Toda pauta publicitaria regida por criterios ajenos a estas ineluctables obligaciones y originadas en motivaciones personales, caprichosas o antojadizas y a veces como moneda de cambio de favores desde algún medio o comunicador, ya sea para premiar silencios sospechosos y elogios desembozados o, tanto o más grave por cierto, retaceada para quienes haciendo uso de su libre opinión formulan críticas ante errores y desaciertos, queda automáticamente descalificada por inmoral.
El que paga y el que cobra para que se calle la verdad y para que se mienta a sabiendas, concurren al mismo delito. Más allá de lo que las leyes impongan como sanción, no debe permanecer al margen el reproche social, contundente e inapelable.
Esto lo deben tener muy en cuenta los que gobernaron ayer, los que gobiernan hoy y los que lo harán mañana. El gobernante que paga para escuchar sólo lo que le gusta, convierte a sus muñecos parlantes en estafadores y termina siendo el menos creído ante la ciudadanía. Por el contrario, los que no se cotizan por callar ni por expresar lo que no comparten, asumiendo todo lo que su compromiso con la verdad les marca, gozan del bien sagrado de la credibilidad.
